Acerca del pasaje estudiantil por Alberto José Hurtado B.

Acerca del pasaje estudiantil por Alberto José Hurtado B.

@ajhurtadob

 

El estado Mérida, así como todo el país, se encuentra convulsionado desde el último trimestre de 2016 como resultado del incumplimiento de la puesta en práctica del nuevo sistema para el cobro del pasaje estudiantil. Un sistema que se prometió para noviembre y diciembre del año pasado, cuya entrega se pospuso para febrero de 2017, y todavía no logra implementarse, generando que dos grandes grupos de presión de la sociedad venezolana se levanten para defender sus derechos: sindicatos de transporte y federaciones y centros de estudiantes.

Los transportistas reclaman que no pueden prestar un servicio gratis en un país cuya situación económica cada día se agrava más, necesitan de un mecanismo para registrar el número de beneficiarios del pasaje preferencial así como el compromiso del gobierno para cancelar a tiempo el subsidio correspondiente. Los estudiantes alegan quedar en minusvalía sin un sistema que los identifique como beneficiarios del pasaje estudiantil, ya que se generan malos tratos por parte de los conductores, sus ingresos no alcanzan para pagar el monto completo del pasaje, reconocen este beneficio como un derecho adquirido por la lucha estudiantil de años, y reclaman por la acción del gobierno. Con estas posiciones, todas validas, ambos grupos se levantan en protesta trayendo consigo paros de transporte, cierre de calles y avenidas.

Ante esta realidad es importante recordar que el pasaje preferencial estudiantil se creó en Venezuela en 1987 mediante Decreto Presidencial N° 1549. En junio de 1989, por Decreto Presidencial N° 328 se creó el medio pasaje estudiantil, que inicialmente contemplaba el 50% de descuento para los estudiantes que usaran cualquier unidad de transporte en el país, quedando bajo la responsabilidad del gobierno el pago del 50% restante a los transportistas. En la actualidad equivale al 30% de la tarifa en las rutas urbanas y como mínimo el 40% en las rutas suburbanas, por lo cual el gobierno paga entre el 60% y 70% del monto total del pasaje, la dinámica para su cobro ha pasado del boleto directo personalizado al sistema de pago electrónico mediante la “tarjeta inteligente” y los denominados “terminales autónomos de débitos”. Bajo este último sistema los estudiantes logran ahorrar dinero para sus actividades diarias, mientras que los transportistas cuentan con los recursos logrados por la prestación de un servicio cuyo valor en bolívares se calcula en función del total de estudiantes atendidos.

Cuando el gobierno deja de actuar con premura en la implementación del nuevo sistema, reduce las asignaciones presupuestarias que debe realizar y traslada los costos asociados a la prestación de este tipo de servicio a los transportistas y estudiantes. Los primeros ven caer el poder adquisitivo de los recursos obtenidos cada mes como pago por el pasaje preferencial, y los segundos son obligados a recibir un servicio de baja calidad y a cancelar en efectivo una parte sustancial del pasaje. Una manera muy práctica de reducir subsidios, disminuir el gasto público y esperar la recuperación de la economía, dentro de la lógica neoliberal.

 

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