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Juez y fiscales contravienen los lapsos procesales de los imputados

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CIRCUITO JUDICIPAL PENAL EL VIGÍA



Jorge  González


A la redacción de este medio de comunicación en el municipio Alberto  Adriani; se apersono el  profesional del derecho, con el único fin de denunciar públicamente la denegación de justicia, abuso de poder, y violación de los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos jurídicos en la causa penal número PL11-P2017-3572, llevada a cabo en el Circuito judicial Penal del estado Mérida, extensión El  Vigía.


Destacó Tulio Fernández, abogado quien indico que fiscales Superior  de Mérida y el fiscal cuarto abogada María José Torres, pretendieron crear un nuevo lapso preclusivo, y la citada fiscal presento un escrito acusatorio extemporáneo, fuera del lapso de ley.


Indicó que el fiscal sexto de El Vigía, no presento escrito acusatorio en el lapso de los 45 días de investigación, en virtud de que no existe denuncia, ni entrevista de la victima de autos y fue infructuoso localizarlo, ya que se marchó para la ciudad de Caracas, Distrito Capital y hasta la presente fecha no se  ha  presentado en el proceso, aun cuando han transcurrido veinte meses.  


Acotó, sin embargo mis defendidos continúan privados de libertad, en virtud  de que el ciudadano juez que  está  conociendo  del  caso, negó la medida cautelar sustitutiva de la  privativa de libertad, incumpliendo el mandato legal que  prevé la legislación en el  artículo 236 del código orgánico  procesal penal, (Copp); ante la inactividad o no acusación  del ministerio público y el vencimiento de un lapso de estricto de orden público; vale decir, el decreto de libertad que taxativamente prevé   dicha norma como sanción procesal a la inactividad del ministerio público, derecho positivo que no  ha  sido derogado.


   


Manifestó, se está vulnerando al derecho a la defensa y el debido  proceso, además  otro hecho  agravante por parte  del  juez  consiste en haber desatendido un recurso de apelación interpuesto en su  despacho por la  defensa, incumpliendo el contenido del artículo 441 de la norma adjetiva  penal, violentando de esa manera el debido proceso y a la  tutela  judicial efectiva, consagrados en nuestra  norma suprema.


Señaló, es importante señalar que este proceso, ha sido influenciado de tal manera que el artífice de los exabruptos jurídicos cometidos en la presente causa, corresponde al enseñamiento de la funcionaria  pública del Tribunal Supremo de Justicia y de ciudadana Yelitza Ayari Barrios Machado, quien es madre de la víctima y muestra de ello, mediante llamada  telefónica  desde un  teléfono de  Cantv, en fecha del 24 de abril  del  presente  año, siendo  aproximadamente las 09:30 horas, identificándose como abogada del máximo tribunal de la  república, le manifestó a la ciudadana Yury Ramírez conyugue de uno de mis defendidos, que ellos  eran  culpables del delito de homicidio calificado en grado de frustraciones  y deberán  asumir la acusación fiscal.


Destacó, este  hecho vulnera al principio  de igualdad  entre  las partes y el principio de inocencia de mis  defendidos; ya  que los hechos y el examen médico forense, no refleja la gravedad de las heridas que permitan la presunción de existir  un homicidio calificado en grado de frustración, sino unas lesiones personales producto de  una riña colectiva.


Recalcó el denunciante que tales denuncias fueron elevadas a la  fiscalía general de la república, donde la vice fiscal general, en fecha del 23 de  abril  del  presente año, decidió elevar de la presente  causa a los fiscales del ministerio público del estado Mérida y designo a un fiscal con competencia  nacional, recayendo dicha  responsabilidad en la fiscalía 35 con  competencia  nacional.


 


Añadió, lamentablemente la audiencia de apertura de juicio ha sido  diferida en dos oportunidades por ausencia del fiscal nacional, lo cual retarda aún más la libertad de estos  dos  ciudadanos, campesinos y padre de familia. Por lo cual se solicita  al magistrado y presidente del  tribunal  supremo de justicia  y al fiscal general de la república, tomar cartas en el asunto a los fines de  corregir los vicios presentes, en la referida causa penal.                           






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