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La jungla de los microcréditos online en China deja a millones sin ahorros

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en China deja a millones sin ahorros
Protestas en China


Xie, de 29 años y que prefiere identificarse solo por su apellido, ha perdido los ahorros de toda su familia después de que la plataforma de microcréditos online china Zhang Yue Li Cai dejase de operar repentinamente este julio. Atraída por las nada despreciables ganancias a corto plazo, en diciembre invirtió hasta 400.000 yuanes (algo más de 50.000 euros) para que esta empresa los prestara a otras. Menos de un año después, Xie no solamente da por imposible recuperar el dinero perdido, sino que siente la persecución de las autoridades chinas, que se han desvinculado de unas prácticas que mezclan la mala gestión, el fraude y los esfuerzos de Pekín para controlar los riesgos de su sector bancario en la sombra.

Zhang Yue Li Cai era una de las plataformas llamadas P2P (Peer-to-Peer) en China, un negocio de microcréditos con ínfima regulación y bajísimas barreras de entrada. El funcionamiento es, a priori, sencillo: los ahorradores ponen su dinero a disposición de estos intermediarios, que lo prestan a otros individuos o empresas sedientas de crédito. Para los primeros, la recompensa era un interés anual de entre el 6% y el 14%, unas ganancias difíciles de ganar actualmente en Bolsa o en el sector inmobiliario e imposibles de lograr en un depósito bancario al uso. Para los segundos, sobre todo para las pymes, era una vía de conseguir financiación cuando los canales tradicionales cierran el grifo.

En los últimos años se han registrado más de 6.000 empresas de este tipo. Unos cincuenta millones de personas han puesto dinero en ellas, formando un negocio valorado en 170.000 millones de euros, según cálculos de Bloomberg. Pekín, consciente del descontrol del sector, decidió hace dos años empezar a regularlas. Las autoridades dieron margen hasta este junio para que probaran que estaban cumpliendo estrictamente con su función: ser simplemente intermediarios entre prestadores y prestatarios. La realidad es que muchas agruparon esos fondos y actuaron como si fueran una entidad bancaria, invirtiéndolos en otros productos financieros. Otros simplemente robaron. Con la nueva supervisión y el endurecimiento de la política monetaria en China que ha encarecido el crédito, estas empresas han empezado a caer como fichas de dominó en un momento de desaceleración del crecimiento económico, un mercado bursátil en horas bajas y las tensiones comerciales con Estados Unidos en máximos.

Parte de los ahorros de Xie, unos 10.000 euros que le habrían dado un 10% de interés al cabo de un año, fueron a parar a una empresa dedicada a la logística radicada en Shanghái, según el contrato digital que firmó con Zhang Yue Li Cai. El teléfono de contacto de esta empresa no existe, como tampoco el de la supuesta aseguradora con base en Shenzhen que garantizaba la transacción. La plataforma P2P adopta en su página web una pátina de legalidad, presumiendo de certificados, premios y artículos en los medios de comunicación sobre su solvencia. Tenía incluso la garantía de un acuerdo con un banco local –de propiedad pública- en el que supuestamente depositaba el dinero de los inversores. Cuando en junio Xie se dio cuenta de que sus ahorros corrían peligro, se presentó a las oficinas de Zhang Yue Li Cai, donde solamente quedaban algunos empleados rasos que reclamaban sueldos pendientes, mientras los dos principales gestores se han fugado al extranjero. El banco donde debía estar su dinero le informó de que había roto el acuerdo con la plataforma días antes. En solamente dos años de existencia, Zhang Yue Li Cai llevó a cabo transacciones por valor de casi 380 millones de euros.

Las quiebras se han precipitado en las últimas semanas, con más de un centenar de cierres en julio y otros tantos en lo que va de agosto. Según una página web especializada en el sector, prácticamente 2.300 plataformas están en problemas. La mitad de ellas han congelado las retiradas de efectivo por falta de liquidez, la otra ha visto como sus propietarios se han fugado presumiblemente con el dinero de los inversores. En lo macroeconómico, el estallido del sector no representa una amenaza directa para la economía de China por su tamaño relativamente reducido. Sin embargo, en lo micro, decenas de millones de familias de todo el país se han quedado sin sus ahorros.

El regulador competente en China ha decidido no intervenir con el objetivo de disipar la extendida visión de que las autoridades deben garantizar las pérdidas de las inversiones de alto riesgo. El responsable de la comisión bancaria, Guo Shuqing, advirtió en este sentido de que los inversores “deben estar preparados para perder todo su dinero” si el retorno anunciado supera el 10% anual. El contrato que Xie firmó advierte del riesgo, pero ella alega que la presencia del banco local de titularidad pública como garantía concierne directamente a Pekín en el asunto. El regulador bancario no respondió a las preguntas de este periódico sobre el caso. En 2015, un reportaje del principal informativo de la cadena estatal CCTV promovió estas plataformas, calificándolas de “servicio financiero eficiente”.

Para las autoridades chinas, el asunto se ha convertido en un problema de estabilidad social y para combatirlo ha realizado una impresionante demostración de fuerza sobre cómo evitar las protestas antes de que se visibilicen. La falta de respuesta incluso por parte de la policía a las denuncias de los afectados les llevó a organizar una manifestación masiva en Pekín el lunes 6 de agosto. La marcha, en la que iban a participar miles de personas, no llegó a producirse: las fuerzas de seguridad acordonaron varias calles alrededor del edificio del regulador bancario y dispersaron a los allí congregados sin que pudieran ni siquiera juntarse, mientras muchos otros fueron interceptados, en algunos casos de forma violenta, directamente en sus lugares de origen o camino de Pekín, a bordo de aviones y trenes, y enviados de vuelta a casa.

“Primero no nos prestaron mucha atención. Pero días antes (de la marcha en Pekín) nos pidieron ir a comisaría con la promesa de que abrían una investigación. Pero lo que hicieron fue registrar nuestro número de identidad en el sistema y hacernos firmar una declaración en la que prometimos no ir a Pekín a manifestarnos”, dice Xie, que no se atrevió a emprender el viaje desde Suzhou, una ciudad en el este del país. Los que sí lo hicieron están ya en una cada vez más larga lista negra de personas que, según la paranoica visión del Gobierno, atentan contra la estabilidad social en China. “Somos víctimas y nos tratan como a criminales”, sostiene. EP





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