Un país con petróleo… pero no petrolero por Luis Vicente León
Las sanciones generales, aplicadas especialmente por el gobierno de
Estados Unidos contra el gobierno revolucionario de Maduro, así como la
posición diplomática de aislamiento, desligitimación y rechazo de lo que
podría considerarse la comunidad internacional moderna, no han
logrado, al menos por ahora, el objetivo central para el que fueron
planteadas: presionar los cambios políticos en Venezuela, ya sea
produciendo un cambio de gobierno o un cambio fundamental en el
gobierno.
Este resultado, sin embargo, no es una sorpresa a la
luz de la pobre efectividad que esta estrategia internacional de
aislamiento y sanciones ha tenido en la historia política del mundo,
incluido los casos emblemáticos de Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte y
Zimbabue, donde la historia de sanciones tiene décadas, como también sus
gobiernos intactos.
Pero esas sanciones, planteadas con
objetivos políticos, han tenido, en cambio, un impacto relevante en el
desenvolvimiento de la economía interna del país y su perfil de ingresos
en divisas. Por una parte, las sanciones han limitado las operaciones
del gobierno venezolano, no sólo con Estados Unidos sino con una gran
parte del mundo, incluyendo algunos países y mercados que le han sido
(y le son) afines a la revolución chavista, quienes se han visto
obligados a revisar sus relaciones comerciales, públicas y privadas, con
el gobierno de Venezuela, a la luz de los riesgos de impacto de las
sanciones sobre sus empresas y gobiernos. Esto sin contar con las graves
dificultades que el gobierno revolucionario tiene para utilizar sus
recursos sin pasar por el sistema financiero norteamericano, que esta
bloqueado totalmente para él.
Pero podríamos decir que
los impactos económicos más relevantes de las sanciones, aunque debamos
considerarlos efectos secundarios no deliberadamente buscados, ha sido
la pérdida de control del gobierno sobre la economía y el sector
privado, del cual ahora depende para garantizar producción y
abastecimiento y la diversificación e incremento de ingresos de divisas
provenientes de fuentes no tradicionales, diferentes al petróleo. Estos
ingresos provienen de fuentes legales e ilegales, mayoritariamente
exentas de sanciones o con capacidad para evadirlas. Nos referimos a
partidas como las remesas de los emigrantes venezolanos, la repatriación
de ahorros privados en el exterior para financiar su vida en el país,
las exportaciones no tradicionales (que incluyen ron, cacao, cangrejos y
camarones), contrabando y actividades informales en frontera, el
narcotráfico y narcolavado y, con una participación cercana al 35% de
los ingresos no tradicionales totales: la explotación, legal e ilegal,
de oro.
Aunque la mayoría de la gente habla de las
remesas y repatriaciones como el elemento central que financia el
circulante de efectivo en moneda extranjera en el país hoy en día, estas
partidas, aunque crecientes, son sólo un pedazo de la historia. Se
estima, por ejemplo, que las operaciones de oro ya representan varios
millardos de dólares, se encuentra en plena expansión y le ha servido al
gobierno venezolano para obtener divisas en efectivo, dar autonomía
financiera a algunos gobiernos regionales de la revolución y permite
mantener algunas relaciones comerciales nuevas con países aliados.
La
evolución de los ingresos no petroleros es ascendente, les permite
financiar algunas burbujas de actividad interna, que muestran cierto
nivel de recuperación y alimentan la masificación del uso de divisas en
las transacciones comerciales, dando oxígeno a parte de la población (y
de carambola, también al gobierno en el poder). Podríamos concluir que,
en breve, Venezuela será un país con petróleo… pero no un país
petrolero.