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El Papa viaja a la zona cero de los abusos

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Una joven, junto a una estatua del papa Francisco este viernes en Dublín. EFE


Irlanda descubrió en 2009 que el cielo y el infierno se encontraban mucho más cerca de lo que cabía esperar. El informe de la comisión Ryan, una trabajada investigación durante una década, concluyó que más de 25.000 menores habían sido violados por unos 400 religiosos durante 81 años (de 1914 a 2000). Uno de los países más católicos del mundo entendió de golpe que había asistido impasible al abuso sistemático de miles de niños y niñas. Especialmente por parte de la Congregación de los Hermanos Cristianos, encargados de gestionar las escuelas y orfanatos católicos de propiedad estatal. Una década después, justo cuando el Papa visitará el país -este sábado y domingo- y acaba de conocerse un nuevo caso masivo de abusos en Pensilvania, las víctimas siguen exigiendo medidas concretas frente a los anuncios de tolerancia cero.

El papa Benedicto XVI quiso pilotar los estertores de aquella investigación y, tal y como ha hecho Francisco tras el escándalo de Pensilvania —donde más de 1.000 menores fueron abusados por unos 300 religiosos— publicó una carta pastoral. Algunas cosas cambiaron e Irlanda se convirtió en el símbolo de este problema sistémico que recorre la Iglesia. Pero el modelo católico irlandés de aquel periodo, una poderosa maquinaria de vocaciones e influencia, colapsó con el escándalo. Hoy el país, entre otras cosas, tiene un primer ministro gay (Leo Varadkar) y una ley que regularizó el aborto. En plena tormenta por el caso de Pensilvania, el tema de los abusos volverá a monopolizar un viaje que tenía como objetivo el Encuentro Mundial de las Familias y una visita relámpago al santuario de Knock, donde se dice que hubo una aparición de la Virgen.

La plaga de los abusos a menores en la Iglesia —el Vaticano suele esgrimir el porcentaje del 2% de involucrados—, vuelve a exigir al Papa una respuesta contundente en su viaje. Las comisiones, los gestos y las peticiones para cambiar la mentalidad en los casos de encubrimiento no satisfacen ya a las víctimas, con las que Francisco se reunirá en algún momento de este fin de semana. Especialmente, teniendo en cuenta que según el informe del Gran Jurado, el Vaticano supo en distintos momentos que se estaban produciendo estas prácticas en Pensilvania y no hizo nada.

El caso de Irlanda, pese a que hubo algunas condenas, también dejó abiertas muchas heridas. En 2009, los obispos Murray, Moriarty, Field y Walsh presentaron su dimisión. El país fue el paradigma de los abusos en serie, el encubrimiento masivo de la Iglesia y la sistematización de los pagos extrajudiciales para evitar condenas. Pero la comisión Ryan no publicó los nombres de los abusadores y a la Iglesia católica le salió relativamente barato en términos económicos: apenas asumió el 10% de los más de 1.200 millones de euros abonados por la República de Irlanda a 12.500 de los afectados. Un pacto firmado en 2002 con el Gobierno de Dublín fijó un presupuesto 300 millones para indemnizar a todos los hombres y mujeres. La factura fue mucho mayor y terminó pagándola el Estado. Pero la cuenta espiritual y moral, la manera en que mancilló a la Iglesia, fue descomunal.

Es la segunda vez en menos de un año que un viaje del Papa orbitará casi por casualidad alrededor de los escándalos de pedofilia. El pasado enero, Francisco visitó Chile y trató de esquivar la cuestión acusando a las víctimas de carecer de pruebas para sus acusaciones. Rectificó de forma veloz, subsanó el error encargando una profunda investigación e invitó a las víctimas al Vaticano. Pero el viaje desató una crisis histórica que terminó con la dimisión en bloque de todos los obispos chilenos. El Vaticano es consciente esta vez de la inflamabilidad de la cuestión. Las voces llegan incluso desde dentro de la Iglesia, como el arzobispo de Dublín, que recordó la semana pasada al Papa que no basta con pedir disculpas, sino que "deben aniquilarse las estructuras que permitieron los abusos". Francisco afronta de nuevo una plaza fundamental para la solidez de su discurso reformista. EL PAÍS





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