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Las vacunas contra el coronavirus están salvando la presidencia de Sebastián Piñera en Chile

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la presidencia de Sebastián Piñera en Chile
SEBASTIÁN PIÑERA


Pedro Benítez (ALN).- Sebastián Piñera ha demostrado ser un buen candidato presidencial, un excelente gestor público, pero un político mediocre. Su manejo de la crisis política que se desató en Chile en octubre de 2019 casi le cuesta la presidencia. Otra crisis, en este caso importada en forma de virus, le ha dado la oportunidad de salvar su cargo y, quizás, reivindicarse. En la política la suerte es fundamental, siempre y cuando se sepa aprovechar. Él la ha aprovechado.

Hace un año por estas fechas el presidente chileno Sebastián Piñera estaba contra las cuerdas pidiendo conteo de protección para evitar el nocaut. Chile, el país modelo de América Latina, el más rico, el que más había reducido la pobreza, entró en una inesperada crisis política en la que rápidamente Piñera quedó en el ojo del huracán. Hasta el más condescendiente de sus críticos admite que su respuesta a las protestas fue torpe y errática.

Hoy Chile vuelve a ser noticia, pero por razones distintas. Es uno de los países que de manera más rápida y eficaz están vacunando en el mundo, con un desempeño que la mayoría de los Estados de Europa envidian. Eso gracias a una serie de acertadas decisiones por parte del gobierno que encabeza el mismo presidente al que, hasta hace unos meses, miles de sus conciudadanos le exigían la renuncia.

En alguna ocasión Umberto Eco escribió que la mejor manera de tapar una crisis es con otra. Sebastián Piñera no tuvo que inventarse una. La crisis le llegó en forma de virus.

Con menos de dos años en el poder la violenta ola de protestas estudiantiles que se desató en Chile en octubre de 2019 lo tomó por sorpresa a él y al resto del mundo. El mandatario simplemente perdió la brújula y durante meses estuvo dando bandazos.

Su primera declaración pública tras el incendio de varias estaciones del Metro de Santiago (hasta entonces uno de los orgullos de ese país), en una jornada en cual hubo cinco fallecidos y 1.500 detenidos, fue declarar: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.

Pocas horas después, el general Javier Iturriaga, designado por Piñera como jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana durante las protestas, desmentía al presidente al afirmar que “la verdad es que no estoy en guerra con nadie”.

El viacrucis del mandatario apenas empezaba. Si su plan inicial consistía en enfrentar esa crisis con pura represión había un elemento clave dentro del Estado chileno que no parecía dispuesto a acompañarlo. Mientras tanto sus palabras fueron más gasolina para el incendio.

En pocos días tuvo a buena parte del país levantado en su contra. En las calles y en el Congreso se pedía la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reemplazara la Constitución de 1980 promulgada por la dictadura militar, e incluso la renuncia de su cargo. Piñera pasó a convertirse en el símbolo del “sector privilegiado” beneficiado con “el modelo neoliberal”.

Era evidente que Piñera no estaba leyendo el ánimo ciudadano y tampoco tenía convicción de lo que representaba o del rumbo que debía tomar. En un intento desesperado por salvarse se lanzó en manos de la oposición abandonando a sus propios votantes y aceptando casi todas sus demandas con el solo propósito de ganar tiempo. Con ello se quedó sin apoyos de lado y lado.

Su aprobación llegó a mínimos históricos para un presidente desde que en Chile se llevan a cabo estudios de opinión pública. En enero de 2020 la consultora Cadem cifró su desaprobación en 82%.

Luego de tres meses de protestas, y al menos 27 fallecidos, el opositor Frente Amplio (FA) presentó una querella criminal en su contra como responsable de delitos de lesa humanidad. Por su parte el Partido Comunista (PCCh) amenazó con llevarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las violaciones a los derechos humanos.

Las denuncias dentro y fuera de Chile contra las fuerzas de seguridad por torturas, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y agresiones sexuales se multiplicaron.

En un intento por calmar los ánimos, Piñera acordó con la oposición una reforma constitucional que habilitó el inicio del proceso constituyente, convocando oficialmente un plebiscito para el 26 de abril de 2020. Lo previsible era que un resultado abrumador en favor de una nueva Constitución se interpretara como un voto popular en su contra.


Entonces llegó la pandemia


Entonces la nueva crisis vino en su auxilio. La pandemia de covid-19 ha salvado la presidencia de Sebastián Piñera. Desde que apareció en China el coronavirus ha sido un asunto político y Chile no iba a ser la excepción.

La primera consecuencia fue la postergación del plebiscito para el 25 de octubre del año pasado. Efectivamente se realizó, pero en un estado de ánimo colectivo algo distinto.

Mientras tanto, y ratificando su fama de excelente gestor, Piñera se adelantó al desarrollo de la pandemia negociando desde mayo pasado con varios laboratorios de todo el mundo la compra de las vacunas antes de que se desarrollaran y aprobaran. Su gobierno cerró tratos, y pagó por adelantado, con Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson y la china Sinovac. Todo para asegurarse las dosis necesarias para los 19,4 millones de chilenos.

La Unión Europea no cerró sus negociaciones con los grandes laboratorios hasta noviembre.

El pasado martes el ministro de Salud, Enrique París, informó que Chile alcanzó los 2,3 millones de vacunados. 201.000 personas en un solo día. “Nuestra meta es vacunar a toda la población de riesgo, es decir cerca de cinco millones de personas antes del mes de marzo, y a toda la población objetivo, es decir cerca de 15 millones de compatriotas antes del mes de junio”, ha afirmado París.

Si Chile logra esas metas, será el primer país del continente americano en vacunar a toda su población, por delante de Estados Unidos y Canadá, y uno de los primeros del mundo por detrás del sorprendente desempeño de Israel.

De modo que Piñera vio una oportunidad y la aprovechó. Todavía queda por ver si no sale a relucir su extraña inclinación política por echar a perder con los pies lo que hace con las manos.

AL NAVIO



Andrés Arauz, candidato de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano (PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña. Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las organizaciones políticas. Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan asistidos”, según lo explicó Atamaint. La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”. “Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión. Fiscalía y Contraloría La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión al sistema informático del CNE. Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía. Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, para ese acto considerado urgente. El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los comicios. Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta”. En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el balotaje. Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según Arauz, es una “grosera violación de la ley”. Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa. Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto ­sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los resultados de ­estas dignidades. Objeciones ​ Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo anunció Pachakutik. Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla hasta dos días después de la notificación de los resultados. Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el órgano electoral. Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE. El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26 días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión, resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto. A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo. La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la contienda. Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”. El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la tarde para responder a esa organización. La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: https://www.elcomercio.com/actualidad/cne-balotaje-investigaciones-elecciones-lasso.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Andrés Arauz, candidato de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano (PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña. Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las organizaciones políticas. Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan asistidos”, según lo explicó Atamaint. La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”. “Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión. Fiscalía y Contraloría La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión al sistema informático del CNE. Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía. Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, para ese acto considerado urgente. El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los comicios. Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta”. En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el balotaje. Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según Arauz, es una “grosera violación de la ley”. Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa. Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto ­sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los resultados de ­estas dignidades. Objeciones ​ Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo anunció Pachakutik. Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla hasta dos días después de la notificación de los resultados. Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el órgano electoral. Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE. El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26 días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión, resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto. A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo. La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la contienda. Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”. El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la tarde para responder a esa organización. La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

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Andrés Arauz, candidato de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano (PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña. Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las organizaciones políticas. Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan asistidos”, según lo explicó Atamaint. La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”. “Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión. Fiscalía y Contraloría La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión al sistema informático del CNE. Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía. Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, para ese acto considerado urgente. El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los comicios. Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta”. En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el balotaje. Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según Arauz, es una “grosera violación de la ley”. Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa. Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto ­sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los resultados de ­estas dignidades. Objeciones ​ Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo anunció Pachakutik. Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla hasta dos días después de la notificación de los resultados. Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el órgano electoral. Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE. El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26 días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión, resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto. A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo. La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la contienda. Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”. El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la tarde para responder a esa organización. La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

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La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”. “Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión. Fiscalía y Contraloría La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión al sistema informático del CNE. Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía. Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, para ese acto considerado urgente. El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los comicios. Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta”. En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el balotaje. Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según Arauz, es una “grosera violación de la ley”. Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa. Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto ­sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los resultados de ­estas dignidades. Objeciones ​ Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo anunció Pachakutik. Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla hasta dos días después de la notificación de los resultados. Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el órgano electoral. Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE. El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26 días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión, resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto. A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo. La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la contienda. Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”. El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la tarde para responder a esa organización. La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

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Andrés Arauz, candidato de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano (PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña. Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las organizaciones políticas. Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan asistidos”, según lo explicó Atamaint. La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”. “Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión. Fiscalía y Contraloría La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión al sistema informático del CNE. Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía. Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, para ese acto considerado urgente. El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los comicios. Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta”. En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el balotaje. Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según Arauz, es una “grosera violación de la ley”. Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa. Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto ­sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los resultados de ­estas dignidades. Objeciones ​ Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo anunció Pachakutik. Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla hasta dos días después de la notificación de los resultados. Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el órgano electoral. Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE. El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26 días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión, resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto. A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo. La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la contienda. Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”. El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la tarde para responder a esa organización. La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: https://www.elcomercio.com/actualidad/cne-balotaje-investigaciones-elecciones-lasso.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Andrés Arauz, candidato de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano (PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña. Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las organizaciones políticas. Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan asistidos”, según lo explicó Atamaint. La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”. “Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión. Fiscalía y Contraloría La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión al sistema informático del CNE. Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía. Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, para ese acto considerado urgente. El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los comicios. Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta”. En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el balotaje. Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según Arauz, es una “grosera violación de la ley”. Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa. Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto ­sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los resultados de ­estas dignidades. Objeciones ​ Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo anunció Pachakutik. Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla hasta dos días después de la notificación de los resultados. Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el órgano electoral. Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE. El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26 días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión, resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto. A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo. La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la contienda. Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”. El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la tarde para responder a esa organización. La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: https://www.elcomercio.com/actualidad/cne-balotaje-investigaciones-elecciones-lasso.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com





La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

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Andrés Arauz, candidato de Unes, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano (PSC), van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña. Tras la proclamación de resultados hecha la madrugada de ayer 21 de febrero del 2021, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la notificación de resultados a las organizaciones políticas. Así, los candidatos y representantes podrán presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales, sobre los cuales “se sientan asistidos”, según lo explicó Atamaint. La Misión de Observación Electoral del OEA dijo que “conforme a la publicación de los resultados publicados por el CNE, con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”. “Aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, dice el comunicado de la Misión. Fiscalía y Contraloría La nueva etapa del proceso electoral se inicia en medio de tensiones por los anuncios de la Fiscalía y la Contraloría de efectuar una revisión al sistema informático del CNE. Ayer 21 de febrero, estaba prevista la recolección de la información digital del sistema informático del CNE. Esa diligencia es parte del proceso de investigación previa, por una denuncia interpuesta por Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, según informó la Fiscalía. Sin embargo, la diligencia pedida en oficio por parte de la fiscal Diana Salazar no se produjo hasta el cierre de esta edición. Esa entidad explicó que el domingo obtuvo la autorización de Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, para ese acto considerado urgente. El argumento de la denuncia es una supuesta anomalía en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas de los comicios. Por su parte, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que adopte una resolución que posibilite iniciar “una auditoría informática antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta”. En la carta dirigida al CNE se especifica que el resultado del examen especial se debe entregar en 20 días, para no interferir con el balotaje. Los pedidos de Contraloría y de la Fiscalía General motivaron al correísmo a poner una queja ante el TCE. La ingresaron ayer 21. Según Arauz, es una “grosera violación de la ley”. Ron señaló que se trata de una queja por una infracción muy grave, que implicaría destitución, pérdida de los derechos políticos y una multa. Mientras tanto, las organizaciones políticas esperan la notificación de los resultados para asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos; ayer por la noche, el CNE tenía previsto ­sesionar para continuar con el tratamiento de los informes con los resultados de ­estas dignidades. Objeciones ​ Así se abre una nueva etapa electoral. Esteban Ron, analista de temas electorales, dijo que hay al menos tres recursos que pueden presentar los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, tal como ya lo anunció Pachakutik. Uno de los recursos es la objeción a los resultados numéricos, que se presenta ante el CNE. Las organizaciones políticas pueden presentarla hasta dos días después de la notificación de los resultados. Otro recurso es la impugnación en contra de una decisión adoptada por el órgano electoral. Según Ron, este también se puede plantear en contra de los resultados numéricos, pero además en contra de cualquier resolución del CNE. El tercer recurso se conoce como subjetivo contencioso electoral ante el tribunal Contencioso Electoral (TCE). Su trámite puede tardar hasta 26 días, si se toma en cuenta el tiempo para la presentación, admisión, resolución, notificación, aclaración y apelación, sostuvo el experto. A criterio de Ron, eso implica un problema para el cumplimiento de las siguientes fechas del calendario electoral, sobre todo para el inicio de la campaña. Se estableció el arranque para el próximo 16 de marzo. La razón es que es necesario responder a todos los recursos que se presenten dentro del plazo estipulado ya que, en caso de existir variaciones, los resultados afectan a todos los candidatos de la contienda. Hasta el momento, solo Pachakutik ha adelantado su intención de interponer estos recursos. El sábado pasado, Marlon Santi, coordinador de PK, dijo que seguirán los pasos legales para “actuar en derecho”. El estrecho margen con el que Lasso superó a Pérez, 32 600 votos, generó tensión en el escrutinio. La mañana del sábado pasado, Santi ingresó el último reclamo y eso obligó a que Atamaint suspendiera la sesión de la tarde para responder a esa organización. La Ley no establece un plazo para el ingreso de los reclamos antes de la proclamación de resultados, así que el Pleno se reinstaló a las 23:00. Mientras se trataban otros puntos, las delegaciones de Los Ríos y Guayas, de donde eran las actas presentadas por PK, abrieron los paquetes electorales para una validación.

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