Venezuela: Rusia amenaza con condicionar el diálogo en México
si Alex Saab es extraditado a EEUU
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En un comunicado, la cancillería de Vladimir Putin sostuvo que la habilitación del tribunal de Cabo Verde para enviar a Saab al país norteamericano es “una seria amenaza” a las negociaciones en CDMX
Luego de que la Justicia de Cabo Verde habilitara la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, Rusia amenaza con condicionar
el diálogo que el chavismo y la oposición llevan adelante en México si Saab es trasladado al país norteamericano.
En
un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de
Vladimir Putin sostuvo que “Rusia, como país de apoyo al proceso de
negociación entre el Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma
Unitaria, invariablemente llama a todos los miembros de la comunidad
internacional a contribuir a crear el ambiente más favorable y
constructivo en torno al diálogo que se desarrolla actualmente en la
Ciudad de México”.
“En este sentido, algunas acciones de actores externos despiertan preocupación, que presentan riesgos de socavar la frágil confianza que se ha desarrollado entre las partes”, afirmó el comunicado.
La misiva sostiene que “en particular, quisiéramos volver a llamar la atención sobre la situación en torno al enviado especial del Gobierno de Venezuela A. Saab.
Como saben, en junio de 2020, fue detenido a petición de los Estados
Unidos por las fuerzas del orden de Cabo Verde. Desde entonces,
Washington ha ejercido una fuerte presión sobre las autoridades caboverdianas y el sistema judicial de este país en un esfuerzo por obtener su extradición”.
“Consideramos que el enjuiciamiento penal de A. Saab, quien tiene estatus diplomático y realizó una misión humanitaria, tiene motivaciones políticas”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En
ese sentido, se destacó que “dejando los aspectos legales de este
problema fuera de los corchetes, en la superficie hay una clara
proyección de la línea sobre la ‘culminación’ del caso A. Saab sobre el actual proceso de diálogo en la Ciudad de México. Ahora,
cuando se discuten de manera sustantiva cuestiones importantes allí, y
que en un grado u otro afectan la política de Estados Unidos hacia
Venezuela, Washington está, de hecho, tratando de utilizar a A. Saab como palanca de presión adicional sobre el gobierno venezolano. Vemos esto como una seria amenaza a los esfuerzos de las partes por encontrar formas mutuamente aceptables para el desarrollo futuro de este país”.
“Destacamos
que solo los propios venezolanos pueden determinar su propio destino y
son capaces de superar las diferencias existentes en la sociedad
venezolana en el transcurso de un proceso político de respeto mutuo.
Consideramos importante darles a los venezolanos la oportunidad de
tomar esa decisión por su cuenta. Los intentos de interferencia
destructiva externa son inapropiados aquí, la responsabilidad de las
consecuencias de tales acciones recaerá en aquellos que directa o
indirectamente las realicen”, concluyó el comunicado.
El martes, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde consideró constitucional la extradición a EEUU de Saab, reclamado por Washington por supuesto blanqueo de dinero.
La
corte, máxima instancia judicial del país insular africano, donde Saab
se halla detenido desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos,
juzgó “improcedente” el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto del empresario para intentar frenar su extradición.
El Constitucional publicó en su web oficial una resolución de 194 páginas en la que da respuesta al recurso en el que Saab alegaba, según el tribunal, que durante el proceso de extradición “se aplicaron reglas inconstitucionales”.
La
corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de
Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya
habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega
del presunto testaferro al país norteamericano. En la práctica, el
fallo del TC da vía libre a la extradición.
Asimismo, el Constitucional avaló la posición del Gobierno caboverdiano, que ya el año pasado dio su aprobación rotunda a la extradición.
