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Ciudadanía y Derechos Humanos por Antonio José Monagas

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Antonio José Monagas


¿Cuánta complicación reviste el concepto de “ciudadanía”? Sobre todo, cuando la insolencia, la impudicia y la desvergüenza, en cerrada complicidad con aquel militarismo que gruñe entre las fauces del subdesarrollo, se acomodan horondamente para convulsionar toda situación donde procure respirarse libertades y ejercerse fundamentales Derechos Humanos. Aunque lo peor de todo esto, va más allá. Sucede cuando la “ciudadanía” busca emprenderse a contramarcha de los mecanismos de represión o de los esquemas de inculturación social promovidos desde las arbitrariedades no sólo de un populismo despiadado. Sino también, de las actitudes de quien, abusivamente, pretende desconocer a quien tenga a su lado pisoteándole su proyecto de vida política, económica y social.

Este exordio busca explicar cómo y cuándo la Ciudadanía cabe en el ámbito de los Derechos Humanos. Según acusan algunos problemas suscitados al momento de ser violados o impedidos Derechos Humanos mediante mecanismos propios de la represión, luce interesante estudiar la relación implícita que se establece entre Ciudadanía y Derechos Humanos. Particularmente, cuando algunos esquemas debatidos sobre construcción de ciudadanía, se fundamentan en ideas motivadas a instancia del facilismo inculcado desde la demagogia azuzada como razón de avezada política. Y que ocurre, a conveniencia de intereses políticos avivados por ejercicios alevosos, casi siempre, de perturbación populista.

Fue así como la educación, desde mediados del siglo XX, comenzó a debilitarse en medio del juego político que implicó la dinámica política que se estableció a consecuencia de la improvisación que caracterizó la gestión de gobierno que pretendió llevarse adelante con el ascenso del militarismo que significó el arribo del Gral. Marcos Pérez Jiménez como presidente “constitucional” de Venezuela. Con la excusa de forjar un “nuevo venezolano”, el régimen forzó procesos educativos que de alguna forma, comenzaron a mellar el sentido humanístico que, una década atrás, le había impreso Luis Beltrán Prieto Figueroa en su rol de constituyentista  y luego de Ministro de Educación. Sin embargo, el mismo fallo se repitió y con creces luego de 1999, con el gobierno militarista que desde entonces se apoderó del poder político. Se valió de recurrentes cambios curriculares basados en una educación supuestamente “por valores” que sólo sirvió para politizar equívocamente el proceso educacional. Proceso éste que extendió el problema de menguar el arraigo de Ciudadanía, hasta la familia y la sociedad.

De todo esto, devino un venezolano que con el tiempo, creció desprendido de valores de Ciudadanía. Poco los recibió en la escuela. Algo, en su hogar. Pero mucho menos, los espacios públicos conciliaron nociones de construcción de Ciudadanía con circunstancias lo cual derivó en restarle significación al concepto de Ciudadanía. Concepto éste que ninguna ley nacional ha sabido encarar. Menos instrumentar o aplicar. De forma tal que Venezuela se hizo un país carente de Ciudadanía pues el país se levantó, a pesar de haberse sancionado una nueva Constitución Nacional en 1999, con graves fallas en tan trascendental concepto. Así que duele reconocer y aceptar que el actual país, la Venezuela del presente, al verse ausente de Ciudadanía, indujo a que se crearan ciudades sin ciudadanos. Y por lógica correspondencia funcional, se activó un Estado con un escaso sentido de Derechos Humanos que, aún cuando la Constitución de 1999 se interesó en desplegar interesantes preceptos que le propiciaran el rigor necesario a su comprensión, no fue lo que resultó de su aplicación. Más, cuando el propio gobierno nacional animó un discurso que. Al rayar con la violencia, permitió que buena parte de los Derechos Humanos descritos constitucionalmente, se vieran desdeñados en términos de su respeto y consideración en todos los planos de la vida del Hombre.

Esta misma ofuscación que le ha incitado decisiones al gobierno central en su afán de control, ha actuado como condicionante para que muchas acciones se den con tal desespero que sólo puede valerse de la alevosía para ordenar medidas al margen de la justicia. Cualquier actitud de protesta exaltada con base en derechos políticos, económicos, culturales, ambientales y educativos, o libertades fundamentales, ha hecho reaccionar a estos gobernantes de modo despiadado.

En su confusión, han manejado criterios administrativos y de justicia, sin orden ni moderación alguna. Ha sido tan descollante cada equivocación cometida, que han creído que constriñendo libertades, limitando garantías y violando Derechos Humanos, podrán estirar los tiempos en el poder sin que nada o nadie pueda facultarse atribuciones necesarias para provocar su desalojo o defenestración que por ley cabe como procedimiento democrático y pertinente. Incluso, necesario.

Las cárceles se llenaron de presos de conciencia, presos por causas políticas, hombres y mujeres privados de libertad. Solamente, por levantar voces cuyas reacciones pusieron al descubierto la endemoniada estrategia gubernamental de violar Derechos constitucionales. O sea, que mientras más pudiera contenerse a la población política por vía represiva, se aseguraría la preservación del poder en manos de “revolucionarios”.

Desde entonces, las cárceles se colmaron no sólo por la presencia de venezolanos convencidos de detentar un pensamiento democrático. También, de verdugos y torturadores con la fatídica idea de frustrar ideales de libertades y constreñir derechos y garantías.

Ahora el alto gobierno, con el cuento de reconciliar al país e insuflarle una disimulada paz, otorga migas de libertad a algunos pocos presos políticos encerrados en las sombrías y apestosas mazmorras que tiene el régimen. Libertad menguada que solamente da cuenta del escaso sentido de ciudadanía que concibe el gobierno nacional. Tanto, que apenas de los 350 artículos constitucionales, sólo el 39 destaca y de modo exiguo lo que significa el ejercicio de ciudadanía.

Así que mientras el gobierno se arroga ínfulas de reivindicar derechos para un Estado democrático y social “de Derecho y de Justicia”, sus actuaciones lo condenan a ser calificado como un Estado cuya concepción de soberano y magnánimo difícilmente llega a considerar el ejercicio de la Ciudadanía como la condición que dignifica la vida. El problema de violentar libertades políticas, se asintió mediante impunes mecanismos de violación de Derechos Humanos en franca complicidad con la precariedad de la cual se ha servido para hablar de ciudadanía. Cabe pues reconocer que detrás de tan burda situación, se esconde una crisis de concepción de valores morales sobre los que se afirma la vida política del ciudadano de ideales democráticos. De manera que todo lo que pretende ser desplazado o desconocido, representa un problema de concepción de ciudadanía que indiscutiblemente recae sobre otro de concepción de Derechos Humanos. O sea, es la errada visual de una pérfida relación entre Ciudadanía y Derechos Humanos.





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