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El destino de Fujimori vuelve a sacudir al Perú

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Alberto Fujimori


A la manera de un thriller político por capítulos, la suerte del expresidente peruano Alberto Fujimori ha vuelto a dominar un escenario que ya estaba cargado de intrigas.

Si el indulto a su favor se dio en una fecha tan inusual como la víspera de la última Navidad, la anulación de esa gracia por orden de un juez de la Corte Suprema llega en medio de una vorágine que incluye una gigantesca trama de corrupción en el sistema de justicia, un proceso electoral empañado por denuncias contra los candidatos y el aniversario de un golpe militar que medio siglo después sigue polarizando a la sociedad peruana.

Horas antes de que se conociera la anulación del indulto, el debate en las redes sociales y en los diarios se inclinaba hacia la efeméride: se cumplía medio siglo desde que el 3 de octubre de 1968 un movimiento encabezado por el general Juan Velasco Alvarado iniciara el último gobierno militar de la historia peruana, un periodo de transformaciones que cambiaron el curso del país y al que se atribuye tanto el fin de grandes males como el inicio de otros que, presuntamente, Alberto Fujimori ayudaría a revertir.

 “En los últimos cien años, no ha habido dos presidentes que hayan dividido tanto al país como Velasco o Fujimori”, dice el analista Carlos Meléndez, autor de varios libros de reflexión académica sobre la política peruana. “Lo hicieron porque aplicaron reformas estructurales del Estado: Velasco hacia la izquierda y las que hizo Fujimori con respecto a [la economía de] mercado”.

En ambos casos, el costo de esas transformaciones ha sido una polarización que define el debate público sobre la historia reciente del Perú. “Así como hubo un antivelasquismo muy fuerte por parte de la derecha, hoy día vemos un antifujimorismo bastante activo”, señala el politólogo, quien acaba de publicar el libro El informe Chinochet. Historia secreta de Alberto Fujimori en Chile, una investigación con detalles desconocidos de por qué el expresidente dejó su refugio en Japón e hizo el viaje que terminó por llevarlo a prisión.

Que la anulación del indulto haya ocurrido el mismo día del aniversario de ese golpe de Estado no deja de ser una anécdota, aunque de un singular simbolismo debido a que los defensores más acérrimos de Fujimori le atribuyen haber librado al país de problemas que fueron originados por el régimen militar, como el estatismo, las secuelas de una reforma agraria que no alcanzó sus objetivos y un excesivo déficit fiscal que se acentuaría en los gobiernos posteriores.

 “Alberto Fujimori es un chivo expiatorio de la justicia”, declaró la noche del miércoles Alejandro Aguinaga, excongresista y médico de cabecera del expresidente, quien se encuentra bajo custodia en una clínica privada de Lima tras sufrir una descompensación por la noticia. “Es un chivo expiatorio por haber cambiado el país, por haber derrotado al terrorismo, por haber reinsertado al Perú en la órbita económica”.

Fujimori será detenido por la policía que lo resguarda apenas reciba el alta de los médicos. En ese momento será trasladado de regreso a la prisión acondicionada para él en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), un establecimiento policial en el que purgó doce años de prisión hasta diciembre pasado.

El dilema de estos días para el fujimorismo es que buena parte de la responsabilidad política sobre la anulación del indulto recae sobre sus propios integrantes, en una situación que ha sido interpretada como el signo de la fractura en el partido: muchos de los congresistas fujimoristas que ayer se manifestaron en contra la anulación del indulto, con declaraciones airadas y carteles de apoyo, fueron los mismos que en diciembre de 2017 se opusieron al mismo e incluso denunciaron un pacto que derivó en la caída de Pedro Pablo Kuczynski y las denuncias contra varios de sus compañeros de bancada, incluyendo al hijo menor del expresidente y presunto promotor del acuerdo, Kenji Fujimori.

 “Ya que vengan a pretender rasgarse las vestiduras demuestra oportunismo”, declaró Aguinaga, quien también fue ministro de Salud del gobierno de Fujimori y uno de sus hombres más cercanos.

No fue el único que encontraba contradictoria la imagen de representantes del fujimorismo defendiendo el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, que fue justamente el argumento final para sacarlo del cargo. “Al despachar a un presidente por participar en un negociado es evidente que ese indulto estuvo mal dado y por lo tanto no debe extrañar que la justicia lo declare así”, dice el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra, uno de los protagonistas del juicio que derivó en la condena a Fujimori por corrupción y crímenes contra los derechos humanos. “Hay una inconsistencia allí: yo no puedo llorar hoy día lo que afirmé furibundamente ayer”.

El propio abogado César Nakasaki, quien defendió Alberto Fujimori en el juicio que terminó con su condena, señaló a un canal de televisión que el indulto era consecuencia del enfrentamiento entre el partido fujimorista Fuerza Popular y el gobierno del entonces presidente Kuczynski. “Al indulto lo han matado hace tiempo”, afirmó.

 “Lo que ha hecho la justicia peruana es dictar una resolución con base en los estándares internacionales que prohíben la concesión del indulto para condenados por graves violaciones a los derechos humanos”, precisa Ronald Gamarra sobre la resolución del juez supremo Hugo Núñez Julca, que incluye, además, una serie de irregularidades sobre los procedimientos médicos del caso. Una de las principales fue la participación de un médico de Fujimori en la comisión que recomendó el indulto, revelada por el medio digital OjoPúblico horas antes de la liberación de Fujimori en diciembre del 2017.

 “No hay una evidencia sobre la interferencia del Poder Ejecutivo en la decisión del Poder Judicial”, dice el exprocurador Gamarra sobre algunas insinuaciones deslizadas por partidarios del expresidente. “Evidentemente, hay un contexto político en que se da la sentencia, pero me parece apresurado señalar que esta sentencia tenga una intencionalidad política”.

El nuevo giro en la historia de los Fujimori se produce en un momento crítico para Fuerza Popular, la agrupación que lidera la hija mayor del expresidente. Una encuesta realizada a fines de septiembre y difundida ayer ubica a Keiko Fujimori a la cabeza de la lista de quienes la ciudadanía percibe como los políticos más corruptos del país, por encima del expresidente Alan García, del suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi —uno de los principales involucrados en el escándalo de corrupción más grave de la historia reciente en el sistema de justicia peruano— y de su propio padre, Alberto Fujimori.

En el mismo sentido va su índice de desaprobación, que alcanza el 83 por ciento, una tendencia solo comparable a la desaprobación que concita el congreso dominado por el partido fujimorista.

Las encuestas registran la percepción ciudadana mientras los medios siguen las revelaciones del caso que ha revelado la existencia de una presunta red criminal integrada por fiscales, jueces supremos, empresarios, dirigentes deportivos y políticos para beneficiarse mediante el tráfico de influencias, la manipulación de sentencias y otros delitos. Algunos de estos vínculos apuntan directamente a personajes del fujimorismo.

La percepción sobre lo que viene para el fujimorismo también está dividida. Gamarra considera que las diferencias se acentuarán a la hora de sacarse en cara, unos a otros, la responsabilidad de que Alberto Fujimori regrese a prisión.

Meléndez considera que es una oportunidad para que el partido vuelva a articularse en torno a la defensa de su líder histórico. “Es la organización política contemporánea más fuerte que está viviendo una crisis”, comenta. El primer termómetro debía ser el domingo, en que Perú tendrá elecciones regionales y municipales. Ahora nadie puede decirlo con certeza.

 

THE NEW YORK TIMES





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