DESARROLLO SOSTENIBLE EN VENEZUELA por Luis Loaiza Rincón

Impulsar un desarrollo sostenible en Venezuela no parece estar en la agenda de prioridades del gobierno. Por el contrario, el deterioro se hace cada vez más evidente. No se trata de políticas puntuales y desconectadas, sino de una filosofía de gobierno a partir de la cual se revierta el subdesarrollo con un sistema de políticas de corto, mediano y largo plazo.

 Hoy no podemos hablar de desarrollo si éste no es sostenible, o sea, respetuoso con el planeta. Pero no se trata de anclarse en enunciados abstractos, sino de avanzar con decisiones y políticas públicas coherentes y sujetas a evaluación continua.

 En esta materia hay compromisos internacionales suscritos por la República que son poco menos que letra muerta. La Declaración de Río, la Agenda 21, la Declaración de Doha, el Consenso de Monterrey y la Carta de la Tierra, para nombrar algunos, establecen con claridad lo que se tiene que hacer. No hay necesidad de improvisar cuando sólo queda cumplir lo acordado.

 El desarrollo sostenible requiere promover el crecimiento económico sostenible, apoyar la implementación de políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad social, la generación de empleo y la promoción de un desarrollo con justicia, equidad e inclusión social.

 Esto pasa por ejecutar medidas integradas en salud humana y ambiente para asegurar que la salud y el bienestar de la población se expresen en decisiones y políticas concretas. Se debe promover la responsabilidad social y ambiental y crear los instrumentos económicos, fiscales y tributarios para la promoción del desarrollo sostenible.

 Debemos aumentar y proteger la diversidad biológica del país, lo cual pasa necesariamente por aumentar la superficie boscosa y el manejo sostenible de los recursos forestales, reduciendo significativamente las actuales tasas de deforestación. Hay que incrementar significativamente la superficie del territorio ambientalmente protegida y hacer respetar las existentes. Se deben adoptar marcos de regulación para el acceso a los recursos genéticos así como para la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización.

 La gestión de los recursos hídricos no puede seguir posponiéndose y esto incluye mejorar y fortalecer la institucionalidad para el manejo integrado de cuencas y acuíferos. También es importante implementar planes de acción ambiental para el manejo integrado de la zona costera. Hay que mejorar la calidad de los efluentes y disminuir la descarga de contaminantes a cuerpos de agua superficiales y subterráneos así como a la zona costera.

 Debemos ocuparnos de la transformación del medio urbano desde el enfoque de las ciudades sostenibles y ello implica volver a los planes y políticas de ordenamiento territorial. Se deben incorporar instrumentos para la gestión de riesgos en los planes de ordenamiento.

 Si queremos avanzar nos toca reducir la superficie del territorio sometida a erosión, salinización y otros procesos de deterioro del suelo; así como enfrentar el problema de la concentración de emisiones contaminantes en el aire y la contaminación del agua. De igual forma es perentorio avanzar en la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas residuales.

 El problema de los desechos sólidos se agrava en todas partes y para ello hay que implementar urgentes medidas que reduzcan significativamente la generación de desechos sólidos (domiciliarios, industriales y hospitalarios) y promover, entre otros, el reciclaje y el reúso.

 Hoy somos más vulnerables ante los desastres naturales y esto nos obliga a fortalecer la gestión de riesgos, la formulación de un sistema de alerta temprana y la formación de grupos de respuesta inmediata.

 Por si fuera poco hay que implementar políticas y planes para reducir riesgos ambientales causantes de daños a la salud, en especial las de transmisión hídrica, por vectores, por contaminación atmosférica y por exposición a sustancias químicas. Se deben ampliar los espacios saludables per cápita y la puesta en marcha de proyectos y programas de desarrollo sostenible que contribuyan a la generación de empleo y a evitar las migraciones y el desarraigo.

 Estamos obligados también a impulsar el uso de energías renovables. Hay que establecer cuanto antes un sistema de incentivos económicos para proyectos de transformación productiva e industrial que ahorren recursos naturales y energía, y reduzcan la contaminación de aguas, suelo y aire.

 Sin educación ambiental tampoco se producirán avances. Se debe mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal, en la economía y en la sociedad al tiempo que se dedican recursos a la formación y capacitación de recursos humanos. En este sentido se debe erradicar el analfabetismo y universalizar la matrícula de enseñanza básica y secundaria y crear los mecanismos de participación en temas de desarrollo sostenible, con representación gubernamental, no gubernamental y ciudadana.

 Qué duda cabe, también en esta materia falta mucho por hacer.