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Un caso de lavado de activos resquebraja el fujimorismo en Perú

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Keiko Sofía Fujimori


** Keiko Fujimori desactiva el comité político de Fuerza Popular y el secretario general del partido deja su cargo. Un juez evalúa la prisión preventiva de la dirigente

La investigación de un caso de lavado de activos en Perú que afecta directamente a Keiko Fujimori, la presidenta del partido opositor Fuerza Popular e hija del autócrata Alberto Fujimori, está destrozando su imagen pública y su organización política. Cuatro horas después de que el fiscal José Domingo Pérez indicara que el dirigente y empresario fujimorista José Chlimper entregó —en la campaña 2011— 210.000 dólares en efectivo al directivo de una radio a cuenta de una deuda por publicidad, Fujimori anunció que aceptaba la renuncia de su colaborador al cargo de secretario general de su partido.

Pérez investiga desde agosto de 2017 a Fujimori por aportes no declarados y tiene pruebas de que en 2011 la constructora brasileña Odebrecht —clave de bóveda en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina— entregó a la campaña fujimorista por lo menos un millón de dólares de la contabilidad paralela de la empresa, producto de operaciones corruptas que —afirma el fiscal provincial— la entonces candidata conocía.

El fiscal consiguió que Fujimori y otros colaboradores pasaran siete días en prisión preliminar hace un par de semanas. Ahora, el Ministerio Público pide a un juez dictar prisión preventiva por 36 meses para ella y otras once personas, entre ellas, dos asesores políticos y un consejero legal ligado a Vladimiro Montesinos, el exjefe de facto de las fuerzas armadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, padre de la cabeza de la oposición.

El miércoles, Pérez sustentó la solicitud de detención preventiva -por casi seis horas- en testimonios recogidos en Brasil y en Perú y en abundante documentación. El fiscal sostiene que Fujimori y otras once personas usaron la estructura y la organización del partido Fuerza 2011 —hoy Fuerza Popular— para el blanqueo de capitales.

El fiscal aseguró que Fujimori dispuso que Jaime Yoshiyama (exjefe de campaña y exministro en la etapa de su padre) y Augusto Bedoya “solicitaran activos ilícitos a Odebrecht, quienes conjuntamente recibieron un millón de dólares cuyo origen ilícito tenían conocimiento”, pues se trataba de una empresa que recurría a ello desde Gobiernos anteriores.

En la presentación de los elementos probatorios, el fiscal precisó que una de las pruebas de uso de dinero en efectivo es el testimonio de un alto directivo de Radioprogramas, quien reportó que en mayo de 2011 el partido fujimorista tenía una deuda con la radio por encargos en publicidad y, cuando dejaron de emitir sus anuncios, Chlimper lo buscó para que reanuden la difusión y le entregó 210.000 dólares en efectivo.

Chlimper, quien integró la fórmula de Keiko Fujimori como candidato a la vicepresidencia, asumió como secretario general de Fuerza Popular en mayo de 2016 en reemplazo de Joaquín Ramírez, después de que un reportaje revelara que era investigado por la DEA, la dirección antinarcóticos de los Estados Unidos.

Este jueves, una encuesta de Datum Internacional dio cuenta de que la aprobación a la líder fujimorista continúa a la baja: un 86% la desaprueba, mientras que un 81% de los sondeados cree que el acercamiento que tuvo con su hermano menor Kenji Fujimori -quien la visitó cuando estuvo detenida- es “una estrategia política”.

Durante un receso de la audiencia de prisión preventiva, la presidenta de Fuerza Popular anunció en Twitter la “reestructuración” de la formación política y desactivó el Comité Político que encabezaban ella y sus asesores Ana Vega y Pier Figari, para quienes el fiscal también pide prisión preventiva, por ser parte de la “organización criminal” que permeó Fuerza 2011.

 “Se ha nombrado un comité de emergencia que será encabezado por (el congresista) Miguel Torres, en su condición de subsecretario general de Fuerza Popular”, añadió la hija mayor del autócrata Fujimori.

 

Las órdenes en Telegram

 

El lunes último, Daniel Salaverry, presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular, pidió licencia en su partido, después de las primeras revelaciones del chat de la aplicación de mensajería Telegram del comité político fujimorista, llamado La Botica.

El miércoles, el fiscal Pérez leyó otras conversaciones de Telegram, proporcionadas por un congresista de Fuerza Popular, que colaboró en 2011 en buscar a falsos donantes de campaña, y que se convirtió en testigo protegido de la pesquisa, después de que su esposa recibiera una orden de detención preliminar. De todas los mensajes, uno de los más importantes gira en torno al fiscal general, Pedro Chávarry, involucrado en la red de corrupción del sistema de justicia, a quien el fujimorismo ha protegido en sucesivas votaciones en el Congreso.

La presidenta de la Comisión parlamentaria de Constitución, Rosa Bartra, dijo en el grupo de Telegram a finales de agosto que la permanencia de Chávarry frente al Ministerio Público “es un asunto de supervivencia”. Ello explica que las acusaciones constitucionales contra el alto funcionario sigan encarpetadas, sin fecha de debate en el Parlamento.

 

AGENCIAS





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