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Bomberos Mérida: ¿Intervención o Golpe Institucional? por Vigche Augusto

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Cuerpo de Bomberos de Mérida


El pasado viernes 28 de septiembre de 2018, salió publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Numero 41.491, la Resolución Nº 191, mediante la cual se ordena iniciar el Proceso de Intervención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Mérida. Dicha resolución aparece a escaso un mes de haberse publicado y haberse hecho viral en las redes sociales un video, donde en la Estación de Bomberos de “Apartaderos”, aparentemente, unos bomberos se mofaban del ciudadano presidente de la república, al compararlo con un animal solípedo.

De acuerdo a la precitada resolución, el fundamento de dicha intervención se encuentra contenido en el artículo 35  numeral 7 de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, que a tales efectos señala como atribuciones del Órgano Rector (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz), cito: “Acordar la intervención de Cuerpos de Bomberos y Bomberas en cualquiera de sus especialidades, cuando no cumplan los estándares u otras disposiciones previstas en la presente Ley, que afecten el normal funcionamiento de la institución bomberil y el Servicio de Bombero”. Dichos estándares o motivos de intervención, están establecidos en el artículo 19 ejusdem, entre ellos, presupuesto anual para gastos de personal, de funcionamiento y mantenimiento, parque automotor especializado mínimo, dotación de equipos, materiales y herramientas, entre otros.

En sus tiempos dorados, el Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida, tuvo un crecimiento exponencial que abarco 23 Estaciones de Bomberos y alrededor de 1.400 hombres, distribuidos en toda la Geografía del Estado Mérida. Hoy día, y para nadie es un secreto, el Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Mérida, al igual que cualquier institución pública, arrastra la deserción de su personal, que ante la inflación galopante que vive el país ya no le alcanza el sueldo ni para sobre vivir, aunado al hecho originado por esta misma crisis, como lo es, el deterioro o la pulverización de los presupuestos  institucionales de cualquier alcaldía o gobernación para inyectarle recursos a estas instituciones en áreas fundamentales como el mantenimiento, renovación y adquisición de parque automotor e infraestructura, así como gastos de salario e inversión y beneficios de su personal. Aquí hay que recordar y resaltar en mayúscula, que la propia Ley Orgánica del Servicio de Bombero le atribuye competencias directas en esta materia a la Dirección General Nacional de Bomberos y al Fondo Nacional de Bomberos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 numerales 1, 3, 5, 6, 7, 10, 22, 24 y 25, en concordancia con el artículo 59 numerales 3, 6, 7, 10, 11, 12 13, y 18; el artículo 68 numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y el artículo 69 numerales 1, 2, 8, 9, 14, 15 y 16.

Como se puede observar, es la propia Ley Orgánica del Servicio de Bombero la que le atribuye a la Dirección General Nacional de Bomberos y al Fondo Nacional de Bomberos, competencia directa en los estándares de funcionamiento bomberil, en materia de mantenimiento, renovación y adquisición de parque automotor e infraestructura, así como gastos de inversión y demás beneficios sociales del personal bomberil, además de velar por su cumplimiento. Ante este panorama, poco conocido o quizás desconocido hasta por la misma mayoría de bomberos, aquí nos preguntamos ¿Quién incumple las atribuciones bomberiles, la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, a través de su Dirección Estadal de Bomberos o los Órganos Centrales (Dirección General Nacional de Bomberos y Fondo Nacional de Bomberos), creados por la Ley Orgánica del Servicio de Bombero, adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como Órgano Rector del Ejecutivo Nacional? ¿Por qué no se interviene la Dirección General Nacional de Bomberos para determinar si ha cumplido sus obligaciones de Ley para con todos los aproximadamente 124 Cuerpos de Bomberos que existen en este país llamado Venezuela?  Claro está, por disposición legal, el Ejecutivo Nacional centraliza la asignación de recursos a los Cuerpos de Bomberos y luego interviene aquellos Cuerpos de Bomberos a quienes no les aprueba ningún tipo de proyecto, ni les asigna recursos para coadyuvar junto con las gobernaciones de estados y alcaldías en el cumplimiento de los estándares mínimos de funcionamiento, referidos en la resolución de intervención y contenidos en el artículo 19 ejusdem. ¿Será que con la intervención al Cuerpo de Bomberos de Mérida, en menos de 180 días se cumplirán a cabalidad los deficientes estándares de funcionamiento (presupuesto anual para gastos de personal suficiente para cubrir las actuales necesidades socioeconómicas, presupuesto para gastos de funcionamiento del parque automotor y para mantenimiento y acondicionamiento de instalaciones, adquisición de parque automotor especializado mínimo para cada estación de bomberos en función de su población y área geográfica, dotación de equipos, materiales, herramientas, uniformes botas y demás equipos personalizados para cada miembro de la institución bomberil), para ser el mejor Cuerpos de Bomberos de Venezuela? ¿Será que la intervenida Policía del Estado Bolivariano de Mérida paso a ser una de las mejores policías de Venezuela? El camino del infierno está empedrado de puras buenas intenciones.

Por otra parte, si bien es cierto que la intervención de un Cuerpo de Bomberos es legal por disposición del artículo 35 numeral 7 de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero, también es cierto que dicha intervención debe ser asesorada y recomendada por la Dirección General Nacional de Bomberos a los entes y órganos de la administración pública nacional de los estados o municipios que tengan adscritos Cuerpos de Bomberos. Es decir, por disposición del artículo 57 numeral 8 ejusdem, la Dirección General Nacional de Bomberos debió haber recomendado a la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, la intervención de su Cuerpo de Bomberos, claro está, previo informes o denuncias graves de presunciones de incumplimiento de sus estándares de funcionamiento.

Ahora bien, además que en la Resolución 191, pareciera que se interviniera solo al Cuartel de Bomberos “Cnel. Vicente Campo Elías” y no al Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Mérida, en dicha resolución de intervención, lo más grave son dos cosas:

Primero. Desde el punto de vista jurídico de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos, se puede decir que de forma arbitraria, con  pleno abuso de autoridad y violando la competencia que la Ley Orgánica del Servicio de Bombero le atribuye a la primera autoridad del Estado Bolivariano de Mérida, en la Persona del ciudadano Gobernador Ramón Guevara, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, nombra el Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Mérida. Por disposición expresa de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero, articulo 43, la figura del Primer Comandante de un Cuerpo de Bomberos es de libre nombramiento y remoción de la Primera Autoridad de los entes u órganos de la administración pública nacional, de los estados, del Distrito Capital, de los territorios federales e insulares, dependencias federales o municipios que tengan adscritos Cuerpos de Bomberos, claro está, previo cumplimiento de dos condiciones, uno, que cumplan los requisitos para ejercicio del cargo contenidos en el artículo 45 y dos, que dicho nombramiento, por disposición del artículo 35 numeral 11 y el artículo 43, sea aprobado por el Órgano Rector (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz). Aclarase bien, la Ley Orgánica del Servicio de Bombero no le da potestad al Órgano Rector (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz), para nombra a los Primeros Comandantes de un Cuerpo de Bomberos. Su potestad solo se circunscribe a dos cosas: uno, a la aprobación del nombramiento que haga la Primera Autoridad de los entes u órganos de la administración pública nacional, de los estados o municipios que tengan adscritos Cuerpos de Bomberos, llamase en este caso, Gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, tal cual está expresado en los artículos antes señalados y dos, por disposición del artículo 49, en caso de incumplimiento de las directrices emanadas del Órgano Rector, a través de la Dirección General Nacional de Bomberos, o en caso de presuntas faltas disciplinarias gravísimas de un Primer Comandante de Bomberos, el Órgano Rector (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz), solicita mediante acto debidamente motivado a la Primera Autoridad que tenga adscrito un cuerpo de Bomberos, llamase gobernación, alcaldía u órgano de la Administración Pública Nacional, la remoción o separación del cargo de un Primer Comandante de Bomberos.

Ahora bien, lo grave de esta situación es que si bien existe jurisdicción para demandar la nulidad de dicho nombramiento contenido en esa resolución ministerial por incompetente, dudamos de la imparcialidad, efectividad y expedita justicia que tenga un tribunal venezolano para dictar una decisión en contra de una resolución ministerial y lo que es más grave aún, es ver la tacita y pasiva aceptación de dicho nombramiento por parte de la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, en la persona del ciudadano gobernador Dr. Ramón Guevara, junto con su grupo de asesores y abogados de la Procuraduría General del Estado Mérida; de la Primera Comandante de Bomberos, legalmente nombrada mediante Decreto Nº 058, publicado en Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Mérida, en fecha 07-11-2017, del personal de oficiales, de la institución bomberil, e inclusive, de los demás Cuerpos de Bomberos a nivel nacional. ¿Será que con esa pasividad el intervenido comulga con el interventor?

Segundo. Desde el punto de vista de la credibilidad de los actos, se nombra como uno de los tres integrantes de la Junta de Intervención del Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Mérida, al ciudadano Roberto José Rodríguez, quien fuera el anterior Comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida y su gestión no exactamente resalta por su excelencia, transparencia o cualquier otro atributo positivo, además de que él mismo prenombrado ciudadano ascendió a la jerarquía de Coronel y de Teniente Coronel de Bomberos, sin haber cumplido los requisitos de antigüedad establecidos en el artículo 84 numerales 11 y 12 de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y los requisitos de concurso señalados en el Reglamento de Ascensos del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida. Sobre esta última jerarquía, al igual que la de otros compañeros, la propia Dirección General Nacional de Bomberos ordenó su expropiación, sin que hasta la presente fecha se haya cumplido dicho mandato.

Como usted vera, más que la dictadura, nos agobia la ignorancia, la pasividad y el conformismo.

 

27/10/18





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