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Aseguró el director de Recursos Humanos, Antonio Díaz

“El Gobierno regional cancela lo establecido a nivel nacional”

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Antonio Díaz


*** El Ejecutivo regional, aseguró Díaz, ha hecho todas las solicitudes, y es la Onapre la que no otorga los recursos correspondientes

 “El Gobierno regional ha solicitado mensualmente ante la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) los recursos necesarios para cancelarles a todos los trabajadores activos y jubilados los beneficios socioeconómicos contenidos en los contratos colectivos, pero ha sido el órgano rector en materia presupuestaria el que no ha aprobado los mismos”.

La afirmación fue hecha la mañana de este jueves por el director de Recursos Humanos de la gobernación, Antonio Díaz, para dar respuesta a las informaciones “descontextualizadas de la realidad” emitidas por el legislador Jesús Araque.

Precisó que “el alegato utilizado por el parlamentario, de que nosotros no hemos pedido los recursos, no tiene fundamento. Nosotros tenemos las pruebas y de ahora en adelante enviaremos la maqueta a los gremios para que estén al tanto de lo que estamos exigiendo”, dijo Díaz.

Desde el pasado tres de septiembre, cuando el vicepresidente del Área Económica, Ricardo Menéndez, presentó en el auditorio del Banco Central de Venezuela a los representantes de las 23 gobernaciones y 335 alcaldías, los nuevos tabuladores de salario y las condiciones para su percepción a todos los operadores de sistema de Recursos Humanos, mientras dejó claro que dichos tabuladores y las nuevas condiciones socioeconómicas subsumían todos los beneficios contenidos en los contratos colectivos, pues la intención del Gobierno nacional era estandarizar los contratos colectivos porque había diferencias injustificables partiendo de una premisa constitucional: a igual trabajo igual salario.

En esa oportunidad, Menéndez dejó claro que solo se iban a financiar cinco emolumentos a los trabajadores: sueldos y salarios, prima de antigüedad, prima de profesionalización, prima por hijos y el bono de alimentación, y todo lo que estuviera fuera de eso no iba a recibir el apoyo económico del Gobierno porque se entendía que con el aumento salarial decretado para la fecha, de mil 800 bolívares soberanos (180 millones de bolívares fuertes), estaban recogidos todos los beneficios socioeconómicos.

Desde la Onapre –explicó el director de Recursos Humanos–, ordenaron presentar a través de una maqueta, que es una matriz, una hoja de cálculo que viene con fórmulas encriptadas y la solicitud de recursos adicionales; por tanto, no es posible incluir cosas que ellos no autoricen en esas fórmulas de cálculos.

Sin embargo, desde el mes de septiembre el Ejecutivo regional comenzó a reclamar algunos beneficios, como la deuda del 40 y el 100 % de los docentes activos, la homologación de los docentes jubilados, la incorporación de los complementos remunerativos en el área de la salud y otros beneficios de muy importante cuantía para el Ejecutivo.

 “El caso es que cada vez que nosotros hemos presentado la maqueta nos excluyen los recursos para algunos beneficios; por ejemplo, el Plan Salud, que es un beneficio importante, se nos ha negado, plan recreacional, aportes patronales, prestaciones sociales, bonos y primas establecidas en los contratos colectivos. Nosotros lo presentamos, pero ellos no nos aprueban esos recursos”, sentenció Díaz.

Al referirse al tema de los docentes jubilados y el reclamo que hacen por un salario justo, Díaz expresó que hará todo lo que está en sus manos, al igual que el gobernador Ramón Guevara, para que esa injustica se acabe.

 “Hay personas que salieron con cargo docente VI, con 25 y 30 años de servicio, y cobran mil 800 bolívares soberanos, hemos hecho solicitud de la homologación y eso es legítimo, justo, pero la Onapre nos ha impuesto la línea que son 1.800 por jubilado”, cuestionó.

Finalmente, Antonio Díaz reiteró al legislador la invitación para trabajar en equipo en beneficio de todos los trabajadores.

 

Prensa OCI





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