NUEVAS CRÓNICAS DE HISTORIA UNIVERSITARIA (21)

La Universidad de Los Andes y la intervención de la iglesia en asuntos universitarios (Siglo XIX) por Alí Enrique López Bohórquez (*)

(*) Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes

La intervención de la Iglesia en asuntos de la Universidad de Los Andes ha sido una constante histórica de ambas instituciones, desde la fundación de la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros el 21 de septiembre de 1810 hasta nuestros días. En lo que respecta al siglo XIX y primeras décadas del XX, como consecuencia de la existencia de estudios eclesiásticos, cuyas cátedras, obviamente, fueron mayormente atendidas por miembros de la iglesia católica merideña. En el siglo XX vemos a autoridades eclesiásticas queriendo disponer sobre asuntos que exclusivamente competían a las autoridades universitarias, la exclusión de catedráticos por supuesta condición de practicar la masonería, la oposición a puntos de vista de algunos universitarios sobre diversos asuntos, el recibimiento de beneficios económicos y materiales, y sobre todo en la negativa de aceptar que la Universidad había sido fundada en aquella fecha al inicio del proceso emancipador merideño, insistiendo Arzobispos, Obispos Auxiliares y otras autoridades eclesiásticas en que había sido creada por Fray Juan Ramos de Lora el 29 de marzo de 1785. Esto último se dio inicio en 1950 por parte el Arzobispo Acacio Chacón Guerra, continuada por Miguel Antonio Salsas y particularmente por Baltazar Enrique Porras Cardozo, desde su llegada a Mérida en 1980, primero como Obispo Auxiliar, después como Arzobispo y ahora en la condición de Cardenal, a pesar de que la institución universitaria había conmemorado en 1910 su Centenario y en 1960 su Sesquicentenario, y que el Rector Pedro Rincón Gutiérrez, respaldo por el Consejo Académico de la ULA, decretó el 17 de septiembre de 1958 que se acordaba .primero: celebrar a partir del corriente año el 21 de septiembre de 1810, como fecha de creación de la Universidad y señalarla para iniciar con su conmemoración el comienzo de las labores académicas. Esta es una historia que hemos expuesto en diversos estudios y fundamentalmente en el libro La Fundación de la Universidad de Los Andes. 21 de Septiembre de 1810. Estudio crítico e incómodo pero necesario (Mérida, Ediciones del Rectorado, 2010, 376 p.), en el que con documentos y una extensa historiografía analizamos y demostramos la equivocación de esas y otras autoridades eclesiásticas merideñas. Al final incluimos un listado de nuestros trabajos referidos al hecho fundacional de la ULA. 

Por lo general se piensa que las relaciones entre la Iglesia Católica de Mérida y la Universidad de Los Andes siempre han sido armónicas, considerándose la estrecha relación que actualmente tienen autoridades eclesiásticas con las universitarias, las cuales se sustentan en la supuesta continuidad histórica entre la Casa de Educación-Colegio Seminario de San Buenaventura de 1785-1787, institutos exclusivamente eclesiásticos establecidos por Fray Juan Ramos de Lora y la verdadera Universidad fundada por la Junta Superior Gubernativa de Mérida el 21 de septiembre de 1810. Y también por la hermanada oposición que ambas instituciones hicieron al gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías (1999-2013) y hacen al Presidente Nicolás Maduro Moros (2013-2024). Lo primero es bien falso, mientras que lo segundo es bien cierto. Sin embargo, históricamente puede demostrarse que tal armonía no siempre existió, pues diversas fueron la desavenencias en el siglo XIX en cuanto a la pretensión de la Iglesia de intervenir en asuntos universitarios de distinta naturaleza, por su negativa a compartir los gastos de reparación de la casa que cohabitaban y a la entrega de bienes rurales y urbanos conferidos al instituto universitario por algunos gobiernos, sin dejar de mencionar la intención de prohibir el uso de determinados textos en ciertas cátedras, así como el impedimento de que la Universidad construyera su propio edificio. Desacuerdos que sirven también para ilustrar que la violación de la autonomía universitaria no solamente ha sido objeto de gobiernos del pasado y del presente, en sus más variadas expresiones, sino también de autoridades de la Iglesia Católica. 

El primer hecho a referir fue la intervención del Provisor y Vicario encargado de la Diócesis de Mérida de Maracaibo Mateo José Mas y Rubí en la Cátedra de Derecho Civil en 1811. Como hemos señalado la Universidad de Mérida fue fundada el 21 de septiembre de 1810 con el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, por decreto de la Junta Superior Gubernativa de Mérida, la cual dio inicio al proceso emancipador de esta ciudad con respecto de España y de Maracaibo al constituirse como tal el 16 de septiembre de ese año. Durante dieciocho meses estuvo funcionando la nueva institución universitaria siguiendo las pautas establecidas en dicho decreto, en cuanto a su estructura académica y organización provisional, en tanto se elaboraban sus primeros Estatutos a partir de los de la Universidad de Caracas de 1725. Pero el terremoto que azotó a Mérida el 26 de marzo de 1812 y la recuperación de esta ciudad por los ejércitos realistas en ese año determinaron que la recién creada Universidad, primera de las republicanas en Hispanoamérica, cesara en sus actividades. Entre los hechos que destacan en ese corto período de vida institucional debemos mencionar el ocurrido con la intromisión en asuntos de la Universidad del Provisor y Vicario General de la Diócesis, doctor Mateo José Mas y Rubí, lo cual permite obviamente evidenciar el funcionamiento de ésta para finales de 1811. En efecto, el 21 de noviembre de ese año el Gobernador de la Provincia de Mérida, Casimiro Calvo, se dirigió al Obispo Santiago Hernández Milanés para reclamar la actuación del Provisor por haber suspendido un acto literario organizado por el catedrático de Derecho Civil José Lorenzo Reynel, quien según el funcionario eclesiástico no había solicitado permiso para realizar esa actividad académica. El entonces primer Rector de la Universidad, el presbítero y doctor Buenaventura Arias, cumplió la orden de Mas y Rubí, lo cual determinó que Reynel se dirigiera al Poder Ejecutivo Provincial para que declarase quienes eran las autoridades que legalmente tenían jurisdicción en cuestiones universitarias. 

En razón de la representación hecha por el catedrático de Derecho Civil, el gobernador Calvo dictó un decreto el 21 de septiembre de 1811, justo al año de la creación de la institución universitaria, en el señaló que Vistos el decreto de erección de la Universidad y certificado del Rector Doctor Buenaventura Arias se declara: que ni los Provisores sede plena, ni los Cabildos sede vacante, ni sus Provisores, ni los Gobernadores Eclesiásticos, ni los Reverendos Obispos que sucedieren al actual (a cuya persona por particulares razones se concedió el Rectorado superior de esta Universidad) tienen jurisdicción, ni intervención en los asuntos de Grados, cursos, Cátedras, actos literarios y demás que por las circunstancias mandadas observar toca a los Jefes privativos de la Universidad. De igual manera, Calvo indicó que dicho decreto debía comunicarse al Reverendo Obispo Doctor Don Santiago Hernández Milanés como Rector superior de esta Universidad, haga guardar la libertad de la Universidad, y extraño [léase reclamo] al Rector ordinario el sometimiento voluntario que según su certificación ha prestado a quien no debía con notorio agravio del derecho y prerrogativa del Rector superior de la Universidad, y del suyo propio. Esto último ponía en evidencia que existía en el gobernante la idea de una universidad laica, desprendida de decisiones eclesiásticas, reprimiendo de palabra al Rector Arias por haber acatado la medida de suspensión del acto literario mandada por el Provisor y Vicario General, encargado de la Diócesis, pues el obispo Hernández Milanés temperaba por enfermedad en Ejido. 

En otra comunicación de la misma fecha, Casimiro Calvo solicitó al obispo la remoción inmediata de Mas y Rubí en razón de lo actuado contra la Universidad, y porque este eclesiástico de manera pública y notoria no era afecto a la causa de la independencia, a lo cual accedió Hernández Milanés el 25 de noviembre con la revocación del nombramiento del Provisor y Vicario. Con estas determinaciones de Casimiro Calvo quedaba claramente deslindada la relación entre la Iglesia y la Universidad, lo cual no impediría que una vez restablecida la Universidad en 1832 algunos Obispos intentaran seguir interviniendo en sus asuntos como una tradición derivada de la relación surgida entre las dos instituciones al inicio de la era independentista republicana. A pesar de que algunas autoridades y catedráticos universitarios eran eclesiásticos, estos no acataron de manera precisa las pretensiones de Obispos y otros funcionarios de la iglesia merideña en cuanto a intervenir en asuntos propios de la Universidad, que además lo impediría la legislación particular y general que sobre la misma se fue dictando progresivamente. 

El segundo hecho de conflictividad tuvo lugar por el deslinde de los bienes del Seminario y la Universidad. Esta nueva confrontación se prolongó durante varios años, entre 1834 y 1851, con motivo de la solicitud del Rector Pbro. Ignacio Fernández Peña al Gobierno Nacional, del 21 de marzo de 1834, de que se deslindaran los bienes que pertenecían a la Universidad y al Seminario. En respuesta a la misma, el gobierno de José Antonio Páez dictó una disposición el 28 de abril, mediante la cual se incitaba a las autoridades de ambas instituciones a presentar un informe con las escrituras y otros instrumentos legales que acreditaran las respectivas propiedades. Ello originó un voluminoso expediente que se fue construyendo con noticias parciales en distintos momento, las cuales evidenciaron un conflicto de intereses materiales que no vino a resolverse definitivamente hasta el decreto de 1872 de Antonio Guzmán Blanco que suprimió los Conventos y Seminarios, transfiriendo parte de sus bienes urbanos y rurales a la Universidad. Los inventarios levantados en el tiempo demuestran que el conflicto involucró no solamente el problemas de tierras e inmuebles, sino también la transferencia de documentos y libros, derivado esto último de la convivencia de Seminario y Universidad en un mismo edificio desde que esta última fuera creada en 1810 y desarrollara sus actividades en la casa construida por el obispo Fray Juan Ramos de Lora para el instituto eclesiástico en 1790. De las múltiples confrontaciones surgidas, vamos a destacar precisamente lo referente a este espacio en cuanto al compartimiento de gastos y la preocupación de la Universidad por contar con una sede propia. 

Por orden de la Junta de Inspección y Gobierno, correspondió al rector Dr. Sulpicio Frías (1834-1836) iniciar el referido expediente de la separación de bienes entre las dos instituciones durante su corto ejercicio rectoral, pero también reclamar a la máxima autoridad eclesiástica, Obispo José Vicente Unda, lo concerniente a la corresponsabilidad que tenía en la refacción del edificio que compartían Universidad y Seminario. Las reparaciones se llevaron a cabo entre enero y febrero de 1835 por un monto superior a los doscientos pesos, cuya parte no fue abonada por el Señor Obispo. En razón de esta deuda, otro Rector, el Presbítero y Doctor. Agustín del Carmen Chipía Landaeta (1838-1843) le dirigió una comunicación el 25 de mayor de 1838 recordándole el abono que le correspondía de la mencionada refacción. Unda dio respuesta el 23 de febrero de 1839, informándole a Chipía que estaba previsto otro reparo importante dada las condiciones en que se encontraba la edificación, por lo que esperaba las nuevas cuentas para hacer el ajuste pertinente. Los tonos de las comunicaciones demuestran el descontento que existía al respecto, particularmente del señor obispo, quien consideraba que la casa en cuestión era propiedad de la Iglesia y que la Universidad la ocupaba por autorización gubernamental, con derechos que no le correspondían.

Todavía para octubre de 1839 el asunto no se había resuelto y, con disgusto, el obispo respondía ahora al rector Chipía, quien reclamaba que por lo ocurrido con anterioridad el Seminario debía por sí solo costear las reparaciones de las habitaciones que ocupaban los colegiales y la mitad de las que servían a las cátedras comunes que se dictaban en ambos institutos. A ello respondió el obispo Unda señalando que no podía ni debía acceder a semejante proposición, por cuanto no encontraba justificación alguna para tener que hacer los gastos que se solicitaban, por lo que sometería a la consideración de la Dirección de Instrucción Pública una decisión al respecto. Entonces no hubo solución del asunto, pues no hemos localizado información adicional, pero en otros momentos aparece el tema de las reparaciones del edificio entre 1840 y 1842. Lo cierto es que el problema de las refacciones del edificio compartido es sólo una muestra de conflictividad entre Universidad y la Iglesia merideña, la cual se expresó en otros aspectos que seguidamente tratamos. Sin que concluyera la confrontación por las reparaciones del edificio, ahora la Iglesia intervendría en la construcción del edificio propio que se proponía llevar adelante la Universidad de Mérida. Este nuevo conflicto tuvo lugar entre 1846 y 1858, durante el obispado de Juan Hilario Bosset y los rectorados de José Francisco Mas y Rubí, Eloi Paredes y Ciriaco Piñeiro. Ante los problemas que surgían en cuanto al compartimiento de un mismo espacio del Seminario y la Universidad, en ésta comenzó a pensarse sobre la necesidad de contar con una edificación propia acorde con los progresos que se venían dando. El asunto de las reparaciones antes mencionado y la necesidad de separar definitivamente ambos institutos educativos seguramente fueron acicates importantes para que se decidiera dicha construcción. 

En efecto, ello se dio inicio durante la gestión del rector del presbítero y doctor José Francisco Mas y Rubí (1846-1852), la continuó el doctor Eloy Paredes (1852-1855), sin que se pudiera culminar durante el rectorado de Ciriaco Piñeyro (1855-1858) por razones económicas y, particularmente, por la intervención del Obispo Bosset. Como consecuencia de la supresión de los Conventos por Ley del 28 de julio de 1821 y ratificada por el Congreso de Colombia del 30 de julio de 1828, la Universidad de Mérida tramitó desde 1834 la concesión del espacio y edificación del suprimido Convento de Santo Domingo. Algunos documentos indican que la fecha de entrega tuvo lugar en 1837, pero este espacio no fue ocupado de manera efectiva, con excepción del inventario y uso de los libros que allí existían. Así, diez años más tarde, el 24 de noviembre de 1847, el Secretario del Interior y Justicia comunicó al Obispo que la Junta de Gobierno de la Universidad el 15 de octubre de ese año se había dirigido a Dirección General de Instrucción Pública instando a que se continuara la construcción de un local propio para la institución universitaria, en razón del estado de ruina del edificio del Seminario en el que desde 1810 se dictaban sus cátedras y se hacían las actividades administrativas, destacándose las dificultades de los catedráticos para cumplir los horarios correspondientes. A ello se agregaba un hecho que debe resaltarse en el contexto de la conflictividad que venimos exponiendo: que varias veces había dejado de reunirse la Junta de Inspección y Gobierno de la Universidad de Mérida, de hacerse ejercicios literarios y el otorgamiento de grados por negarse el Rector del Seminario a abrir la puerta del edificio en cuestión. Finalmente, se instaba a la máxima autoridad eclesiástica merideña, por orden del Presidente de la República, para que exigiera a dicho rector seminarista que no entorpeciera las actividades de catedráticos y autoridades universitarias por tal negación, considerándose también la conveniencia de que se continuara la construcción del edificio de la Universidad.

Para 1853 los trabajos de construcción del edificio estaban bastante adelantados, como lo advertía el Gobernador de la Provincia de Mérida, Manuel Ponce de León, en comunicación a la Dirección General de Instrucción Pública, dependencia que había solicitado al anterior funcionario, General José Emigdio González, en cuanto a la inversión de la cantidad asignada para los trabajos de la edificación universitaria en el solar del Convento de Santo Domingo (actual Plaza del busto de Cristóbal Colón de 1892, frente a la Iglesia del Carmen en la Avenida 4, entre Calles 20 y 21). Señalaba el gobernador que la obra está en su primera tapia sobre fundamentos muy sólidos y profundos arreglados a un mapa de un edificio muy capaz y al gusto del día, con principio de una hermosa portada y con todas las rafas necesarias para la seguridad de un edificio de dos pisos, amplio y elegante, todo muy bien construido. Se dice que se han invertido tres mil pesos, y por el conocimiento que tengo por haber fabricado dos casas, me atrevo a asegurar que lejos de ser excesiva la suma, ha habido mucho tino y economía Como puede advertirse, había un interés por los gobiernos local y nacional porque la Universidad de Mérida tuviera su propio edificio. Sin embargo, una nueva intervención de la Iglesia de Mérida interferiría en la continuación y, por ende, de la culminación de la anhelada casa universitaria. Ello como consecuencia de la cesión que el obispo Juan Hilario Bosset hizo a la Sociedad del Carmen del Templo de Santo Domingo en 1866. Esta procedió a reedificarlo, por lo que la Universidad se vio en la necesidad de solicitar su suspensión, por cuanto interfería en los trabajos que se venían realizando para su edificio. El nuevo problema se suscitó porque dicho templo no había sido entregado con el espacio otorgado a la Universidad en 1837, por lo que continuaba bajo la potestad del obispado. Lo curioso es que en este hecho estuvo involucrado el Presidente de la Sociedad del Carmen, Maestro Juan de Dios Picón González, catedrático de la Universidad y ex gobernador de la provincia, buen conocedor de los derechos de ambas partes. Para entonces ejercía el rectorado el presbiterio y doctor José Francisco Mas y Rubí (tercer período 1866-1869), quien había intervenido en las negociaciones de entrega de los bienes y rentas del Convento de Santo Domingo.

Algunos datos deben agregarse de la actuación del obispo Bosset contra la continuación de los trabajos del edificio universitario: La Sociedad del Carmen fue fundada en 1851, cuando ya se habían iniciado los mismos. Los costos de la reparación del templo fueron cubiertos por el propio obispo. Desde 1842, la Iglesia de Santo Domingo sirvió de Catedral interina hasta 1867, cuando fue concluida e inaugurada la misma. De manera que esta autoridad conocía muy bien lo que estaba ocurriendo y ninguna objeción hizo sobre el inicio de los trabajos por parte de la Universidad, si consideraba que tenía potestad sobre el templo de Santo Domingo. Lo cierto es que el edificio no se concluiría. Los cimientos quedarían debajo de la tierra. El pliego del proyecto a que hizo referencia el Gobernador Ponce de León no quedó en el Archivo Universitario, y probablemente se encuentre en el Archivo Arquidiocesano, pues algunos documentos señalan que el Obispo fue consultado sobre las características del edificio que la Universidad se proponía construir. Consideramos que la intervención de Juan Hilario Bosset fue determinante para todo ello ocurriera. Conocida es la actitud del mismo con respecto de la repartición de bienes entre el Seminario y la Universidad. Esta continuaría funcionando en el ya viejo edificio del instituto eclesiástico, con remodelaciones periódicas, hasta que en 1934 y 1954 se pensara en la construcción definitiva del edificio de la Universidad de Los Andes en los terrenos de la casa fabricada por Fray Juan Ramos de Lora, y ampliados con los adyacentes, esta vez si intervención de la Iglesia, los que serían inaugurados respectivamente en 1936 (actual sede del Vicerrectorado Académico) y 1956 (el llamado edificio central o del rectorado) por los Presidentes Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez.

Los documentos sobre los referidos hechos pueden ser consultados en Antonio Ramón Silva: Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida. Mérida, Imprenta Diocesana, 1927, Tomo 3, pp. 253-254; Eloi Chalbaud Cardona: Historia de la Universidad de Los Andes. Mérida, Ediciones del Rectorado, Tomo II (1968), pp. 42-47; Tomo IV (1970), pp. 231-355, 361, 442-445, 461-462; Tomo V (1971), pp. 320-325 y 346-347. También el Tomo LXXX del Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes (Archivo Empastado). 

En lo que respecta a nuestros estudios sobre la fecha de fundación de la Universidad de Los Andes remitimos a Alí Enrique López Bohórquez: 15 Argumentaciones para Rectificar la fecha de Fundación de la Universidad de Los Andes. Mérida, Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes, 2006 (Cuadernos de la CLHULA, N° 2); Historiadores, Universitarios e Intelectuales merideños y la fecha de fundación de la Universidad de Los Andes: 21 de septiembre de 1810. Mérida, Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes, 2006 (Cuadernos de la CLHULA, N° 3); La Universidad de Mérida nació con la República. 21 de Septiembre de 1810. Ensayo incómodo pero necesario. Canas. Revista de la Seccional de Profesores Jubilados de la Universidad de Los Andes, 2ª.Etapa, 1 (Mérida, abril-septiembre de 2003), pp. 37-47; El gobernador Fernando Miyares se opone a la creación de una Universidad en Mérida y la pide para Maracaibo. Acervo. Revista de Estudios Históricos y Documentales, IV: 2 (Maracaibo, julio-diciembre de 2005), pp. 110-121; Maracaibo se opone al establecimiento de una Universidad en Mérida y solicita el Colegio Seminario Conciliar de San Buenaventura, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 361 (Caracas, enero-marzo de 2008), pp. 79-99; Oposición del Claustro Pleno de Caracas a la creación de una Universidad en Mérida. Ensayos Históricos. Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, 20 (Caracas, 2008), pp. 99-121; La Universidad de Mérida: Primera Universidad Republicana de Venezuela e Hispanoamérica. Ponencia presentada en la I Jornada de Reflexión e Investigación Histórica. (Caracas, Universidad Simón Bolívar. Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium, 3 y 4 de mayo de 2010).