Mérida, Marzo Sábado 22, 2025, 08:16 am
Sin entrar en detalles, ni profundidades jurídicas, pero quisiera compartir
mi humilde opinión públicamente, a manera de reflexión, en la oficina hoy me
preguntó un colega Abogado de Guatemala, compañero de trabajo, donde solo
trabajamos materia legal de inmigración, “¿Qué opina de la situación de la
embajada de Ecuador?”, sin conocer la motivación, de una vez le dije es un error
del Presidente de Ecuador, pensando en la inviolabilidad de las sedes
diplomáticas por gobiernos miembros de los convenios internacionales, en este
caso del convenio de Viena.
Pero, con la debida reflexión de los hechos, necesariamente, mueve a
repensar la repuesta precipitada, hay que ver algunos hechos precedentes en la
Región, en febrero 13 del año 1981, casualmente Fidel Castro y sus verdugos
asaltaron la embajada de Ecuador para secuestrar, y apresar, a unos opositores
políticos, (no eran delincuentes); otro antecedente en la embajada de Uruguay,
el Expresidente Alan García entró a la embajada, pidió asilo, estando en una
investigación preliminar no imputado, el gobierno socialista de entonces de
Tabaré Vázquez le negó el asilo, (1) invitándolo a abandonar su sede
diplomática, un derecho discrecional que tienen los gobiernos, otorgarlo o no,
depende de las circunstancias políticas y las causales de la persecución,
justamente en el convenio de Viena agrega que se debe dar el asilo, siempre que
no sea el asilado un delincuente. En Nicaragua, Noriega hace ese país el
paraíso de los delincuentes, como lo hace con los expresidentes del El Salvador,
Mauricio Funes; Salvador Sánchez Cerén.
En Venezuela, cuanto asilado el gobierno de Maduro, de inmediato, le corta
los servicios de agua, luz, internet bloquea las embajadas, en estos momentos
lo hacen con unos asilados en la sede de Argentina.
Otro precedente, el señor López Obrador había previamente ofendido al joven
Presidente de Ecuador, que había ganado, porque habían matado al periodista
candidato de oposición (Fernando Villavicencio), insinuando que Novoa lo mando
a matar para beneficiarse el con la Presidencia.
Con esto hechos, sencillo y rápidos, dibuja la trayectoria de eventos
desagradables no deseados, ahora con este ex vicepresidente de Jorge Glas, es
un delincuente convicto y confeso, de múltiples hechos de corrupción, con pagos
millonarios en su cuenta bancaria, y sus testaferros, con el debido proceso,
por los tribunales correspondientes. Además, el gobierno de Ecuador, está
luchando contra una estructura criminal, del narco, enquistadas en algunos
países y gobiernos latinoamericanos, es la lucha de un gobierno decente,
democrático, contra toda una red internacional, que sin mediar ni argumentar
previamente, esas dictaduras de automáticamente le condenan y respaldan a López
Obrador, el socio mayor.
Posiblemente, desde el punto de vista político y de imagen, era más fácil
negarle el salvoconducto, ahora al enrolarse en fila automática, las dictaduras
de izquierda y tal cual otro gobierno débil, en la demanda del fracasado
presidente López Obrador, por lo demás legitima que lloriquea, está
aprovechando este infeliz evento, proponiendo que retiren Ecuador de la ONU,
tamaña ridiculez.
(1) El canciller uruguayo,
Rodolfo Nin Novoa, quien acompañó a Vásquez en la conferencia de prensa,
explicó que el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, que fue citada
por Alan García en su pedido, establece que “no es lícito” conceder el asilo “a
personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en
forma ante tribunales ordinarios” y “por delitos comunes”. Investigación “no
constituye persecución”. Nin Novoa también citó el libro “Derecho sobre asilo
diplomático” del jurista Manuel Viera, quien señaló que el derecho de asilo
“constituye uno de los factores fundamentales para la protección de las vidas
humanas, cuya única culpa es la de clamar por la libertad de sus creencias
filosóficas, políticas o religiosas”. Refirió que Viera advirtió en su obra
“los graves peligros” que puede causar el mal uso del asilo “para impedir el
accionar de la justicia proclamando así la impunidad”. En ese sentido, el
canciller precisó que el gobierno de Uruguay considera que “las investigaciones
judiciales” contra Alan García “no constituyen una persecución política” al
tratarse de imputaciones “vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y
administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente del
Perú”.
(*) Ex
Gobernador del estado Mérida