Sobre el conflicto universitario y la situación del país:
Virgilio Castillo
Presidente de la APULA
virgiliocastillob@gmail.com
Recientemente fueron publicadas algunas tablas salariales para el sector universitario producto del “acuerdo” entre el MPPEUCT y la federación creada por ellos mismos (FTUV). Lo cierto es que ante la presión gremial, el gobierno nacional no tuvo otra salida que modificar las tablas de la misteriosa IIICCU, que fue aprobada en su momento sin la participación de FAPUV, ni de las federaciones de empleados, dejando a un lado de manera soberbia, como acostumbra, la opinión de los gremios legítimos, estableciéndose supuestos incrementos que no resuelven nuestra precaria situación y que resultan insignificantes frente a la hiperinflación que destruye la economía nacional.
Durante todos los años del régimen, hemos resistido la catástrofe que han ocasionado, siendo las universidades, una de las pocas instituciones que se niegan a desaparecer, ante el colapso general del país.
El empobrecimiento de los profesores, empleados y obreros universitarios es tal, que el dinero que nos pagan por nuestro trabajo, ya no cumple con el concepto de salario, establecido en la constitución nacional, dado que su poder adquisitivo no alcanza ni para la alimentación de dos días de una familia promedio, el equivalente a tres dólares mensuales, para los más altos escalafones. El gobierno reconoce la situación de mendicidad del sector universitario, al asignarle una supuesta bolsa de alimentos de supervivencia, sometiéndolos a la humillación de recibirla por necesidad.
Esta situación la padecen de manera similar, todos los trabajadores con relación de dependencia laboral en el país, cuyos salarios prácticamente se han desaparecido, frente al caos de la economía nacional. Sin embargo el Gobierno insiste en su actitud de desconocimiento de la protesta de los gremios, generándose como respuesta legítima de los trabajadores, la radicalización de las mismas; enfermeros, médicos, bioanalistas, universitarios, entre otros, son sólo una muestra.
Las tablas salariales que el MPPEUCT pretende aplicar al sector universitario son inaceptables, porque representan un engaño y una burla, frente a la realidad económica que vivimos.
En ese sentido la protesta gremial debe continuar e incrementarse, teniendo claro que no estamos ante un gobierno democrático que respete a los ciudadanos, por lo que todos debemos tener conciencia que no existen formulas milagrosas para lograr nuestro objetivo, sino que se requiere de una lucha constante, inteligente y efectiva.
Los gremios no entregaremos la universidad al gobierno para que logre su objetivo de destruirla. Los paros de actividades tienen un objetivo claro y deben procurar la incorporación del mayor número de organizaciones gremiales en el país, para que estos tengan realmente un efecto importante sobre la sordera gubernamental.
Las paralizaciones decretadas por la dirigencia gremial, no son un capricho, son la respuesta irreverente ante el colapso del país propiciado por el Gobierno.
Nuestras acciones deben estar dirigidas hacia el cambio político y del modelo económico en Venezuela por la vía constitucional, no existe posibilidad de mejorar sustancialmente esta dramática situación, en el contexto de este Gobierno, con el cual no hay acuerdo posible por su clara intención de insistir cual “venganza” manifiesta, en la destrucción de nuestra sociedad, la universidad y el país.
Como Presidente de la APULA, llamo a todos los universitarios a comprometerse con la lucha, tenemos que mostrarnos capaces de defender nuestra universidad y nuestro país, unidos en esta causa, a pesar del acoso del aparato de represión del Estado.
La catástrofe que ha caído sobre nosotros, destruyó el futuro de varias generaciones, a las cuales nos ha tocado vivir esta desgracia en nuestra etapa de mayor potencialidad.
Este Gobierno enemigo de la universidad autónoma está dirigiendo todo su poder destructivo hacia nosotros. Sabe que si no nos derrota, será imposible avanzar en su proyecto de destrucción total de la democracia.
Tenemos el deber de seguir construyendo con la urgencia del caso, esa gran unidad gremial nacional, para que nuestras acciones tengan el efecto que buscamos, sugiero a las federaciones nacionales de médicos, farmaceutas, enfermeros, maestros, ONG del sector alimentación, salud y economía, juristas interesados, responsables de la comisión de salud de la Asamblea Nacional y principales universidades del país, que unan esfuerzos, a fin de presentar ante la Corte Penal Internacional, un informe documentado sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, en los campos de la alimentación, la salud y la educación.
