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¿DÓNDE QUEDÓ EL ESTADO? ¿Y LA REPÚBLICA? Por Antonio José Monagas

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ANTONIO JOSÉ MONAGAS



La teoría política es amplia cuando de definiciones que comprometen el estamento jurídico, se trata. El concepto de Estado sigue discutiéndose de cara a las circunstancias que determinan la dinámica social y económica de una sociedad que se organiza no sólo para exhortar la historia que describe los avatares que esculpieron los momentos de crisis y desarrollo sobre los cuales busca apuntalarse el crecimiento de esa misma sociedad reunida alrededor de proyectos nacionales trazados por ideales de progreso y motivaciones de prosperidad. Al mismo tiempo, para consolidarse en términos de las capacidades que coexisten y cohabitan con sus potencialidades y factores de inducción popular.


Pero para no ir tan lejos, politológicamente hablando, el concepto de Estado podría entenderse rápidamente explicándolo como el ordenamiento jurídico establecido a fin de sustentar la funcionalidad de sus instituciones. Su concepción se explaya en la Constitución Nacional o ley fundamental que cimienta razones de orden político, social y económico que justifican las realidades sobre las cuales se asientan las realidades que tienen lugar en el ámbito de un determinado territorio.


Sin embargo las realidades políticas y sociales que ocupan el actual trajinar de Venezuela, han dado cuenta de agrietados y hasta manipulados juicios en términos como “país”, “nación” y “gobierno”. Sus consecuencias, nada fortuitas, derivaron en conflictos de tanta fuerza, que trastocaron el patético objetivo gubernamental creado alrededor de la idea de amalgamar los dictámenes de una revolución que siempre ha resbalado en su presunción bolivariana, con las insípidas intenciones extraídas de un ficticio socialismo del siglo XXI.


En medio de tan desviadas consideraciones utilizadas como parte del discurso populista seguido como obligado libreto de la acción político-partidista, se obvió el sentido de identidad y de ciudadanía que pudo haber asegurado un final  feliz de ejecutorias trazadas a instancia de un plan promovido por un aparato de gobierno apelando a una gestión pública algo seria. Pero no ocurrió así. Todo degeneró en procesos de gobierno signados por la alevosía de directrices arregladas con la ignominia que de ello se pensaba, como en efecto se plasmó.


La concepción de Estado, tal y como lo refiere la Carta Magna en sus primeros preceptos, se contrajo. Tanto así, que los principios y valores que abrigaban su esencia jurídico-política, se desvanecieron entre declaraciones y decisiones gubernamentales de perverso sentido. El régimen busco perturbar el sentido de identidad que enorgullecía el talante del venezolano crítico, hacendoso y aplicado. Instrumentó mecanismos que abatieron su espíritu convirtiéndolo en quien saca provecho material de toda situación posible sin compadecerse de quien tiene al lado. Así, hizo su debut el llamado “hombre nuevo”, condición ésta exaltada por el discurso revolucionario. Pero al mismo tiempo, caracterizada por el egoísmo de quien se vale de la fuerza para expropiarle a otro el esfuerzo de su trabajo.


Tan solapada intención, que no disimuló su carácter visceral por la violencia que su práctica engendró, frustró en el venezolano la noción de ciudadanía. O sea, se extraviaron valores que soportan el ejercicio de la ciudadanía democrática. Y ello fue ocasionado por la anomia que incitó el propio régimen, con medidas que desconocieron el significado de la socialización como fundamento del pluralismo político, la tolerancia y el respeto. Sin embargo, estos problemas parecieron no mellar el ponzoñoso empeño gubernamental de conservar el poder al precio que sea.


Porque si bien el concepto de Estado quedó “arrugado”, luego de la manipulación que sus bases constitucionales e institucionales fueran desarregladas a cambio del desorden que se impuso, quizás, como estrategia de razón política, el concepto de “República” quedó igualmente magullado a consecuencia del estado de desorganización animado por la incongruencia de normas sociales, tanto como por la colisión de decretos presidenciales “con fuerza de ley”, con demandas derivadas del caos permitido a causa de la impunidad y la corrupción gubernamental dominante.


Ha sido tal la magnitud del desbarajuste establecido en estos últimos años, que el sistema político venezolano cayó en desgracia toda vez que el imperio de las leyes, particularmente el de la Constitución Nacional, se vio obstruido por la improvisación que sirvió de criterio de gobierno. Esto provocó la desviación normativa que fungió de excusa del régimen para encubrir la distracción de criterios que sustentan el sentido político de aquello que reza de que “el poder reside en el pueblo”. Es ahí cuando el concepto de “soberanía popular adquiere importancia”. O cuando hablar del “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” alcanza el sentido que sólo el republicanismo sabe conceder. Esto maremágnum de extraviadas consideraciones y amañados criterios políticos, lleva a preguntarse ¿dónde quedó el Estado? ¿Y la República?.






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