Inicio

Opinión



P R E V I O

Balance de una crisis (a la venezolana) por Antonio José Monagas

Diario Frontera, Frontera Digital,  ANTONIO JOSÉ MONAGAS, Opinión, ,Balance de una crisis (a la venezolana) por Antonio José Monagas
ANTONIO JOSÉ MONAGAS



No necesariamente hay que estar al final de un evento o lapso, para hacer un balance que permita tener una visión de lo acontecido con el fin de dar cuenta de la relación de acontecimientos y opiniones que sean expresión del pulso tomado al cuerpo político, social o económico bajo análisis. 


 


En Venezuela, la crisis de acumulación y la crisis de dominación que han abatido al país en lo que va de siglo XXI, aunque con acentuado descaro y exagerado impudor durante los últimos seis años, han devastado con casi todo. Escasamente de las mismas, es poco lo que ha podido escapar de su insidiosa destrucción. La indolencia gubernamental, no ha tenido escrúpulos para asolar y aniquilar desde lo que configura la democratización del sistema político, encarnada ésta en su ordenamiento jurídico, hasta la infraestructura social, cultural, vial y económica nacional. Pasando por encima de causas familiares, afectivas y proyectos de vida personal. Es decir, el régimen echó abajo todo lo que se relacionara con algún tiempo pretérito. O sea, todo lo posiblemente referido por la historia contemporánea. 


 


La Venezuela de 2019, política y económicamente hablando, no tiene el menor parecido con el país de 1998. Ni siquiera, el crudo fenómeno de la antipolítica de finales de los noventa, logró causar más daño que el infringido actualmente. Y que está a la vista de todos. 


 


Luego de veinte años de autoritarismo camuflado e insidioso, la gestión del impúdico socialismo (del siglo XXI), dio al traste con valores  de civismo y civilidad sobre los cuales llegó a depararse el fortalecimiento de la sociedad civil, algo alcanzado a finales de los ochenta y un tiempo luego. Se desconocieron los esfuerzos que animaron la consolidación de organizaciones y de algunos mecanismos participativos, cuyo trabajo se afincó en controlar la abusiva discrecionalidad del Estado.


 


Todo se transfiguró en perjuicio de la sociedad cuya conducta política había permitido la promoción de una numerosa clase media. La movilidad social que había caracterizado el proceso político que signó a Venezuela a partir de 1958, y que adquirió su mayor ímpetu en las décadas de los setenta y ochenta, se esfumaron. 


 


Nunca como ahora, los estamentos más representativos del Estado venezolano y que le imprimieron una preponderancia fundamental a la positiva transformación que llenó de orgullo al país político, económico y social, se habían visto tan envueltos en problemas de corrupción, degradación y transgresión como de los que hoy se acusa a la cúpula gubernamental. Sin que de la misma acusación, sean excluidos altos miembros de las Fuerzas Armadas. Igualmente, personajes relacionados con la administración de justicia y con el manejo financiero-operativo del Estado. Es decir, altos funcionarios. Sus entramadas y oscuras funciones los hizo culpables directos de la crisis que insumió al gobierno central. Al extremo, de desprestigiarlo por sus aberrantes calificaciones políticas.


 


He ahí un tanto la razón por la que tan indigno problema, afectó al proceso de elaboración y toma de decisiones que marcó y sigue marcando la equivocada pauta del actual gobierno nacional. Puede decirse que ante lo acontecido a lo largo del último sexenio, se resquebrajaron los pilares sobre los cuales se erguía la institucionalidad que afianza el Estado de Derecho, entendido como base fundamental de una sociedad democrática y participativa. 


 


La crisis devino en una situación de anarquía sin precedente histórico alguno. Ni porque el siglo XIX estuvo definido por sucesivas “revoluciones” que apenas alcanzaban a ser simples escaramuzas cuyos saldos de bajas y heridos, no llegarían en ningún momento a compararse con las abismales cuentas que caracterizan el genocidio impulsado por el presente régimen de facto. El drama nacional, es específicamente político. El país anda a la deriva razón por la cual debió aplicarse el articulo constitucional 233, al lado del 333 y del 350, el cual determina que ante la situación que vive el país, sin gobernabilidad ni dirección alguna, el presidente del Parlamento Nacional es entonces quien debe asumir la responsabilidad de dirigir al país. 


 


El talante de la crisis venezolana es tal, que muchos venezolanos no tienen alimentos y deben acudir a los basureros para paliar su hambre. Mientras hay otros, que desfallecen o ven agravar sus enfermedades por falta de medicamentos. Sin embargo, negados a reconocer tan apesadumbrada situación, estos gobernantes se han empeñado en negarle la entrada al país a la denominada ayuda humanitaria. Esta negativa, convierte al alto gobierno en un régimen genocida, indolente e insensible. Además, ya es “de facto”. Ello es calificado como razón suficiente para ser condenado de gobierno asesino pues no hay argumento válido para oponerse a tan inocultable realidad. Y que en verdad, se concibe como lo que ciertamente es “usurpación”. Es así, por lo que se aviva la defenestración de quienes sin sentido de vergüenza, solidaridad y de pundonor, están incursos en dicho delitos. Y es lo que hace que hasta acá,  esta disertación tenga algún carácter de balance. Pero balance de una crisis (a la venezolana).






Contenido Relacionado