En nuestra última encuesta de abril se registra una percepción
extremadamente negativa sobre la situación del país (94,8%), incluyendo
más de 70% de los chavistas que lo ven mal o muy mal. La evaluación de
gestión de Maduro continúa cayendo, rompiendo los pisos previos del
chavismo. Este deterioro arrastra consigo la evaluación de las
instituciones públicas vinculadas con la revolución, incluido el sector
militar. Por su parte, la mayoría de los líderes opositores presentan
también un descenso en sus niveles de respaldo popular, lo que parece
confirmar la tesis de que el tiempo, sin solución final del conflicto
político y sin cumplir las ofertas de cambio, puede ser muy peligroso
para el mantenimiento de la conexión y la esperanza en las bases de la
población.
Llama la atención que en el medio de la
fuerte crisis económica del país y los graves problemas de caja que
enfrenta el gobierno en control territorial, la penetración de su
principal política social, los CLAPs, haya crecido sustancialmente hasta
llegar al 85% de los entrevistados, casi 9 puntos porcentuales más que
en el mes de marzo. Este mecanismo parece la clave del control social de
Maduro y un bloqueador importante para el éxito de la convocatoria
opositora reciente al paro nacional (un error cantado en un país donde,
ni la gente, ni los empresarios sobrevivientes, resisten ya mayores
sacrificios). Esto sólo reforzaría la dependencia de la población a la
revolución, que sería la única que puede tener algo que repartir,
apoyada por sus aliados. Con respecto al blackout eléctrico,
siete de cada diez venezolanos piensa que se debe a la falta de
inversión y mantenimiento de la red, mientras otro 10% cree que es una
estrategia deliberada del gobierno para ganar tiempo y desinflar a la
oposición. Los problemas más importantes vinculados a ese hecho
fue la falta de comunicación, el deterioro y pérdida de alimentos, los
problemas con los puntos de venta, en un país sin efectivo y, por
supuesto el agua. Un 51,3% de la población consideró irse del país en el
medio de la crisis eléctrica, lo que sin duda puede hiperestimular el
proceso, ya dramático, de migración. La responsabilidad de la crisis
recae contundentemente en el gobierno de Maduro, con un 76,8%.
El diálogo,
como mecanismo de solución, pierde terrenos por que la población
desconfía del interés real del gobierno territorial para adelantarlo de
manera transparente. Sin embargo, los acuerdos políticos (cambiando la
semántica) reciben un 55,6% de respaldo cuando se refiere a chavismo y
oposición, mientras que ese apoyo se reduce a 25,9% cuando nos referimos
a un acuerdo opositor con los militares. Sobre las sanciones, el apoyo a
las personales es contundente pero se fractura cuando se refiere a las
sanciones generales, que para el 40% de los consultados, lejos de ayudar
a la solución, pueden afectar más al país y a la población común que a,
propio Maduro. Todo parece indicar que la gente quiere acción más que
sanción y eso incluye desde las acciones democráticas, pacíficas y
electorales, que son obviamente las preferidas y deseadas por los
venezolanos, hasta las acciones más radicales, internas y externas, que
van ganando terrenos ante la ausencia de confianza en que los mecanismos
preferidos puedan adelantarse con éxito. Esto representa un reto
gigante de solución inmediata del problema, antes de que sea demasiado
tarde y se conduzca al país a una guerra interna, que se sabrá cuando
comienza pero nunca cuando termina. Finalmente, la solución electoral,
obviamente transparente y competitiva, sería recibida positivamente por
la mayoría contundente de la población. El problema es que si mi
abuelita tuviera ruedas… sería bicicleta.
