La administración de la universidad atraviesa una prueba crítica cuando las estructuras diseñadas para flexibilizar la gestión derivan en mecanismos de elusión contable. 

Mientras el discurso oficial apela a la austeridad y a la penuria presupuestaria, tras bambalinas se consolidó una arquitectura financiera paralela presuntamente orientada a soslayar los controles institucionales y preservar el manejo discrecional de los recursos.

El núcleo de esta distorsión reside en el funcionamiento de entes parauniversitarios como el Parque Tecnológico y CORPOULA. Concebidos originalmente como dinamizadores de la investigación y la extensión, tales figuras han mutado en la práctica en una suerte de supuesta banca paralela dentro de la Universidad de Los Andes. 

Su función dominante se ha reducido a la captación centralizada de los ingresos propios generados por decanatos, postgrados, laboratorios y programas de extensión, aplicando una deducción del 12% por concepto de "gastos administrativos" sobre cada transacción registrada a nombre de dichas fundaciones.

Esta práctica halló sustento en resoluciones del Consejo Universitario que, al amparo de viejas disputas con la Corporación de Fomento, consagraron el manejo autárquico de los ingresos propios, consagrando un blindaje de la discrecionalidad.

Al eximir a estos fondos de la obligación regular de rendición pública de cuentas, sea mensual, trimestral o anual, la fiscalización efectiva quedó atada únicamente al arbitrio de la directiva de turno en la fundación o a la presión eventual de la comunidad universitaria.

  Ingresos Propios (Decanatos / Postgrados)

                    │

                    ▼

   Ente Parauniversitario (Parque / Corpula) ──► Retención del 12% ("Gastos adm.")

                    │

                    ▼

     Ejecución Directa (Contra factura)

        [Sin rendición pública regular]

Bajo este esquema, la ejecución del gasto adquiere una inmediatez sin contrapesos: la simple presentación de una factura o soporte formal ante el ente parauniversitario basta para movilizar el capital, prescindiendo de los controles previos y posteriores del sistema de contabilidad pública.

La paradoja jurídica y administrativa:

Emerge así una duda reflexiva: Una paradoja de innegable calado académico y legal:

Sustancia académica: La creación, validez y gestión institucional de los programas de postgrado corresponden a la Universidad, bajo la supervisión del Consejo General de Estudios de Postgrado (CGEP) y las autoridades operativas designadas.

Sustancia económica: La matrícula y los aranceles pagados por los estudiantes responden a una naturaleza pública insoslayable, por lo que deben ingresar formalmente a las cuentas institucionales de la Universidad de Los Andes.

Al canalizar estos flujos hacia fundaciones y entes paralelos, el destino real y la aplicación final del dinero quedan sumergidos en una zona de penumbra administrativa. 

Lo que nació como un vector de fomento institucional termina convertido en una "supuesta caja negra" donde la contabilidad pública pierde trazabilidad y la autonomía universitaria se confunde con la opacidad.

Transición, auditoría y el imperativo ético:

A las puertas de un cambio en la conducción rectoral, la comunidad universitaria atestigua un hito decisivo.En está duda reflexiva viene a nuestro pensamiento: Cuenta la tradición clásica que Diógenes de Sínope recorría las calles de Atenas a plena luz del día, linterna en mano, exclamando que buscaba desesperadamente a un hombre honesto. Cabe preguntarse si el cuerpo colegiado del nuevo Consejo Universitario que está por elejirce ; se verá impelido a emular la célebre búsqueda del filósofo cínico: encender la luz del rigor de la verificación, la probidad y la contabilidad transparente para escudriñar los rincones de esta arquitectura administrativa.

La interrogante que hoy apremia al foro académico es si la nueva magistratura institucional asumirá con entereza el mandato histórico de auditar de manera exhaustiva e independiente los fondos de esta caja negra. 

Dilucidar el destino y la corrección en el manejo de los ingresos propios no constituye un mero trámite de entrega de gestión, sino una exigencia ética e institucional ineludible.

De ello depende la determinación precisa de las responsabilidades a las que hubiere lugar y, fundamentalmente, la restauración de la confianza comunitaria en la conducción del patrimonio universitario.

Mérida agosto 2026