La economía venezolana ante la Constituyente; por Anabella Abadi M. y Carlos García Soto

La economía venezolana ante la Constituyente; por Anabella Abadi M. y Carlos García Soto

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que por ahora admitió una propuesta para mantenerse en funcionamiento por dos años, va a implicar un agravamiento de la crisis político-institucional venezolana. También, podría implicar un agravamiento de la crisis económica.

¿Cuáles podrían ser algunos escenarios en materia económica ante la ANC?

La “Constitución económica”

La principal tarea de una ANC es (o debería ser) la redacción de una Constitución. Parte importante de toda Constitución es lo que en la literatura académica se conoce como “Constitución económica”: el conjunto de principios y normas que regulan la actuación del Estado y de los ciudadanos en la vida económica.

Los derechos económicos previstos en la Constitución se detallan del artículo 112 al 118 y son, en líneas muy generales: 1. libertad de trabajo, que implica la libertad de escoger la actividad, el sitio de trabajo y la libertad de asociación para el trabajo; 2. respeto a la propiedad de toda persona y empresa; 3. respeto y promoción de la iniciativa privada, y 4. derecho a elegir y disponer de bienes y servicios de calidad.

En Venezuela las empresas no siempre pueden decidir libremente qué insumos importar, qué producir, cuál precio cobrar, a quién distribuir el producto y siquiera si pueden exportar. Peor aún, los pocos derechos económicos vigentes parecen aplicarse de manera selectiva, lo que atenta contra el artículo 19 de la Constitución que precisa que “todas las personas son iguales ante la ley”.

Es innegable que los derechos económicos han mermado desde 1999 y preocupa la manera en que la ANC pudiera profundizar la crisis de los derechos económicos.

¿Cuál será la orientación de “Constitución económica” que resulte de la ANC?

Básicamente, podrían ocurrir tres escenarios:

1. Que se retome el contenido de la propuesta de reforma constitucional. En 2007, el presidente Chávez promovió una reforma a la Constitución, orientada, en otros temas, a establecer el Estado comunal y el sistema económico comunal, sobre la base del entonces llamado “Poder Popular”. Ese proyecto de reforma fue rechazado electoralmente y, sin embargo, luego fue parcialmente aprobado a través de las “Leyes del Poder Popular”, en diciembre de 2010.

2. Que se constitucionalicen aspectos del “Plan de la Patria”. Otro escenario, más ambicioso, y también más probable, es que se intente desde la ANC constitucionalizar distintos aspectos planteados en el “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” (también conocido como “Plan de la Patria”). Ello podría suponer que se le dé rango constitucional a las misiones, o que se instrumenten mecanismos para el cogobierno de la empresa privada, entre otros muchos aspectos que son mencionados en ese Plan. No se olvide que una de las siete grandes líneas del “Plan de la Patria” es, precisamente, la instauración del “modelo productivo socialista”. En ese sentido, una herramienta importante para predecir los cambios que en materia económica pueda introducir la ANC, es leer, pacientemente, los distintos temas que son planteados en ese Plan.

3. Una mezcla entre la propuesta de reforma constitucional y el “Plan de la Patria”. Un tercer escenario es que se tomen aspectos del proyecto de reforma constitucional y algunas de las ideas planteadas en el “Plan de la Patria”. Quizá, este pueda ser el escenario más probable, junto con alguna(s) nueva idea(s).

En cualquier escenario, puede preverse que las normas constitucionales que en materia económica apruebe la ANC estarán orientadas a:

1. Reducir aún más la autonomía del Banco Central de Venezuela;

2. Reducir las garantías de la libertad económica;

3. Reducir las garantías de la propiedad privada;

4. En general, aumentar el control del Estado sobre la economía, particularmente sobre áreas sensibles como alimentación y salud;

5. En particular, aumentar el ámbito de los controles de precios y de cambio;

6. Aumentar el ámbito de los derechos laborales;

7. Eliminar los controles de los otros Poderes Públicos a la actividad económica del Poder Ejecutivo, y

8. Favorecer el endeudamiento y la celebración de contratos en materia económica al Poder Ejecutivo.

Los “actos constituyentes”

Pero más allá de la tarea de redactar una nueva Constitución, la economía venezolana corre otro gran riesgo ante la ANC. Conforme al parágrafo segundo del artículo 1 del Estatuto de Funcionamiento de la ANC, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico-económico venezolano mantendrá su vigencia en todo aquello que no sea contradictorio con los “actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Con lo cual, a través de diversos “actos constituyentes”, la ANC pudiera pretender dictar normas que deroguen normas constitucionales o legales vigentes en materia económica. En ese sentido, la ANC pudiera considerarse facultada para reformar normas de la Constitución, aún antes de que se apruebe una nueva Constitución como tal, y podría también pretender dictar nuevas Leyes o reformar las vigentes en materia económica.

El contexto económico en el cual se instala la ANC

Aunque es indiscutible que Venezuela atraviesa la peor crisis económica de su historia, el retraso en la publicación de la mayoría de los principales indicadores económicos dificulta cuantificar de manera certera la magnitud de la crisis.

Las últimas cifras oficiales publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV) reflejan una contracción económica de 3,9% en 2014 y de 5,7% en 2015. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima –según cifras publicadas en abril 2017– una caída de 18% en 2016 y de 7,4% en 2017. Suponiendo que se cumplan las estimaciones del FMI, la contracción económica de Venezuela acumularía 31,2% para el cierre de 2017.

Dado que la economía es cada vez más pequeña, el desorden fiscal genera importantes presiones inflacionarias, pues la aprobación de recursos adicionales –fiscales y parafiscales– ha inyectado una cada vez mayor cantidad de bolívares. Los créditos adicionales permitieron que el Gobierno central gastara 107,5% más de lo presupuestado en 2014, y 192% más de lo presupuestado en 2015. Como hemos explicado en otras oportunidades aquí en Prodavinci, con la aprobación de los Decretos de Emergencia Económica, la aprobación de recursos adicionales se mantuvo. En 2016, 60 de los 107 Decretos Presidenciales (56,1%) asignaron más de 4,08 billones de bolívares, 2,64 veces del Presupuesto Nacional del año 2016. Además, entre enero 2017 y mediados de mayo 2017 (vigencia de los primeros cuatro Decretos de Emergencia y sus respectivas prórrogas), 20 de los 41 Decretos Presidenciales (48,8%) asignaron casi 717 millardos de bolívares, 8,5% del Presupuesto Nacional del año 2017.

Vale decir, este gran desorden fiscal está siendo financiado con niveles históricos de emisión monetaria. Entre junio de 2016 y julio de 2017, la liquidez monetaria (M2) se multiplicó por más de 5, al pasar de 5,6 billones de bolívares a cerca de 27,8 billones. Sólo en los primeros siete meses del 2017, M2 aumentó 176,5%.

Si bien el BCV no ha publicado las cifras oficiales, reportó al FMI una inflación de 274,35% para el año 2016 –según cifras publicadas en abril 2017–. Aunque esta cifra es bastante inferior a la gran mayoría de los estimados, sería el nivel más alto de la historia venezolana y sigue siendo una de las más altas del mundo. Desde 2017, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha venido midiendo el INPC-AN, registrando una inflación de 26% en julio 2017 –el nivel mensual más alto del año–, que acumula 248,6% sólo en los primeros siete meses de 2017.

La caída del barril petrolero no dio inicio a la actual recesión, pero su pobre recuperación y la consecuente escasez de divisas dificultan la recuperación económica. De acuerdo a estadísticas del BCV, cerca del 60% de las importaciones totales del país se destinan a la compra de materias primas e insumos en el exterior para la producción de bienes finales, traduciéndose en una fuerte relación entre el comportamiento de PIB y las importaciones.

El precio del barril de crudo venezolano llegó a 43,63 dólares en los primeros siete meses del año, superior al promedio de 35,15 dólares por barril de 2016 y cercano a los 44,65 dólares de 2015. Sin embargo, estamos lejos de alcanzar los 88,42 dólares que promedió en 2014 –año en que inició la recesión– y los 100 dólares que el Gobierno y el país se acostumbraron a recibir durante el boom petrolero. Recordemos además que el propio presidente Maduro afirmó en octubre de 2015:

“Un país que tenía ingresos durante varios años de 90, 100 dólares el barril del petróleo. La verdad verdadera es que estábamos gastando 120, 130. Se estaba gastando más de lo que ingresaba y (sic) ingresaba bastante”.

Precisamente, según la última Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) de Conindustria del primer trimestre de 2017, la poca accesibilidad y escasez de divisas es, junto con la incertidumbre política e institucional y la caída de la demanda nacional, uno de los tres factores más restrictivos para la producción nacional.

En este contexto, aunque no sorprende, preocupa que –tal y como se refleja en la última ECI– la industria nacional está trabajando a 32,4% de su capacidad instalada. Esto implica una caída de 3,9 puntos porcentuales en un año y de 16,9 puntos porcentuales desde el inicio de la recesión en el primer trimestre de 2014. Más aún, del total de empresas encuestadas: 84% registró caídas en su volumen de producción, 80% registró caídas en sus volúmenes de ventas, 76% registró caídas en sus carteras de pedidos, 70% registró caídas en sus niveles de empleo y en el último año los costos de producción aumentaron un promedio de 731%.

¿Qué han dicho los voceros del oficialismo
y los constituyentistas sobre cómo enfrentar la economía desde la ANC?

El 15 de abril de 2013, el presidente Nicolás Maduro afirmó: “Hay que hacer ajustes para que no vuelva a suceder lo de ahorita, la guerra económica y el desabastecimiento”. Más de cuatro años después, esta supuesta “guerra económica” sigue siendo la excusa usada para seguir impulsando el modelo del “Socialismo del Siglo XXI”.

El 4 de agosto de 2017, tras su elección como presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez precisó “tenemos el poder para combatir la guerra económica, que pretendió imponer el Parlamento del puntofijismo desde que se instaló en el año 2015 en el Palacio Federal Legislativo, para hacerle la guerra al pueblo”.

Por ahora, voceros del Gobierno central han apuntado algunos de los temas económicos que se tratarán en la ANC: en general dirigidos a seguir perfeccionando los controles e impulsando el fallido modelo socialista. Según el presidente Maduro, la ANC tendrá dos niveles: uno de largo plazo, “para reformar el sistema económico-productivo, fortalecer el sistema financiero, desarrollar el nuevo sistema distributivo, de comercialización, de fijación de precios, y los mecanismos que castiguen, severamente, a quienes violan el acceso del pueblo a la adquisición de productos a precios justos”; y uno de corto plazo, que pasa por recibir propuestas para “continuar reactivando la producción, corregir la distorsión estructural de los precios. Además de seguir consolidando el nuevo sistema de comercialización y producción”. De manera más concreta, Maduro prometió que la ANC aprobaría una ley contra la especulación y que sería la primera de leyes económicas que aprobaría el proceso constituyente.

Vale decir, muchas fueron las propuestas que candidatos a la ANC y personas afectas al Gobierno han prometido presentar ante la ANC. Por ejemplo, se reporta que representantes del sector empresarial afectos al Gobierno central propusieron constitucionalizar los supuestos logros de los 15 Motores, del Consejo Nacional de Economía Productiva, que el abogado Hermánn Escarrá propuso: la estatización total de las empresas mixtas petroleras en Venezuela, y que Oscar Schémel, presidente de Hinterlaces y miembro electo de la ANC, promovió la idea de un consejo cuatripartito vinculante, en el que participen la empresa privada, el Estado, los sindicatos y los consumidores con la revisión del alcance de las expropiaciones.

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Es difícil hacer profecías sobre cuál será la actuación de la ANC en la materia económica. Pero quizá alrededor de estos temas están las principales señales.

PRODAVINCI

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