Dimite el fiscal jefe de delitos electorales de EE.UU
tras autorización de Barr para abrir investigaciones sobre la elección
El fiscal principal del Departamento de Justicia de EE.UU. que supervisa
los delitos electorales, Richard Pilger, abandonó su cargo el pasado 9
de noviembre, según escribió en un correo electrónico interno filtrado a
medios estadounidenses, reseñó RT.
Esta
renuncia se produjo horas después de que el procurador general de
EE.UU., William Barr, autorizó a los fiscales federales de su país a
examinar alegaciones sobre irregularidades en las presidenciales del 3
de noviembre antes de que los estados certifiquen los resultados de esa
votación.
Pilger, fiscal de carrera en la Sección de Integridad
Pública del Departamento de Justicia, aseguró que se vio obligado a
tomar esa decisión tras conocer los detalles de "la nueva política" de
Barr "y sus ramificaciones".
Este representante del ministerio
público estadounidense detalló que la nueva medida abroga "la política
de 40 años de no injerencia para las investigaciones de fraude en las
boletas electorales en un periodo anterior a que las elecciones se
certifiquen y no impugnen".
Richard Pilger también indicó que
planea pasar a un puesto no supervisor relacionado con juicios por
corrupción, aunque no aclaró si permanecerá en el mismo departamento.
Barr esbozó este cambio de política en un memorando con el que
autorizó a los fiscales federales a investigar "denuncias sustanciales
de irregularidades en la votación y la tabulación de votos" que pudieran
sugerir un fraude electoral durante los últimos comicios.
El
fiscal general de EE.UU. especificó que las investigaciones se podrán
llevar a cabo solo si hay "alegaciones claras y aparentemente creíbles
de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran potencialmente afectar
el resultado de una elección federal en un estado individual" e instó a
no dar curso a denuncias "engañosas, especulativas, fantasiosas o
descabellados".
¿Qué dice la ley?
Las
directrices electorales del Departamento de Justicia de EE.UU. prohíben
a los fiscales federales tomar medidas abiertas (interrogaciones a
testigos o solicitación de citaciones para documentos) para lanzar una
investigación criminal sobre cualquier asunto relacionado con las
elecciones hasta después de que se hayan certificado los resultados de
la votación.
El objetivo de esas normas es
evitar que se conozca la existencia de una investigación e influya en
los votantes o en los funcionarios electorales que deben garantizar la
integridad de los resultados.
Por otro lado, los fiscales
federales pueden investigar el caso de modo encubierto o mediante otras
medidas secretas, que requieren el permiso del fiscal de carrera de la
División Criminal: el diario The New York Times señala que la orden de
William Barr permite a los procuradores pasar por alto a ese fiscal de
carrera y llevarle sus solicitudes solo para ser aprobadas.
Un
representante del Departamento de Justicia al que entrevistó ese
periódico reveló que Barr había autorizado examinar las denuncias de los
republicanos sobre votantes no elegibles en el estado de Nevada y sobre
votos por correo antedatados en Pensilvania, mientras que el propio
medio señala que ninguna de las alegaciones fue respaldada por pruebas.