Incidencias del periodismo democrático por Antonio José Monagas
Antonio José Monagas
Pareciera que los preceptos constitucionales, en el trajín de una sociedad alborotada, serían algo suficientes para regular y ordenar su cauce entre conflictos de distinto género. Pero no es así.
Quienes en 1999, advirtieron la estructura semántica y la capacidad dialéctica, tanto como la trama hermenéutica de la novel Constitución aterrizando en terreno escabroso, se sorprendían de las novedades que su texto ostentaba. Pero la realidad era diferente de la presumida por los constituyentes de entonces. Sin embargo, Venezuela se mostraba ávida de un nuevo ordenamiento jurídico que acompasara el país al ritmo de propuestas que prometía el gobierno que estaba estrenándose.
No sólo era la autonomía universitaria, el único estamento que venía provisto de rango constitucional lo cual le otorgaba la altura que su institucionalidad merecía. Eran también otros derechos que venían igualmente caracterizados del resguardo constitucional que en adelante el Estado venezolano le estaría brindando.
El periodismo salía igualmente favorecido al otorgársele el mismo tratamiento. Ahora, sería mejor considerado que lo que había alcanzado en la Constitución de 1961. Entre los derechos civiles que abrazaban el soporte constitucional, se hallaban todas aquellas libertades sobre las cuales el periodismo se crece y se consolida.
Las libertades de opinión, expresión, de pensamiento, de prensa y de información, venían a fungir de blasón de un Estado “mejor”. De un Estado que al concebirse como “democrático y social de Derecho y de Justicia”, seguramente trazaría las bases para un periodismo que sería respetado, exhortado y apuntalado dada su condición de premisa para la vida democrática de una nación. Especialmente, cuando había por delante un conjunto de valores, principios y compromisos que garantizarían el discurrir y desarrollo de un periodismo inspirador del talante democrático que supuestamente iría a reforzar el comportamiento del gobierno que en Enero de 1999 tomaba posesión.
Pero no fue así tal como, inicialmente, se había ilustrado y declarado públicamente. Cayó en desgracia. Los problemas que acusaba el comportamiento de un gobierno que se ufanaba de cuanta promesa vociferaba a los cuatro vientos, empezaron a complicar cada situación en la que el periodismo se proponía a actuar.
La información que soltaban los medios que se preciaban de otear y analizar las realidades con entera libertad, enojaba a altos funcionarios toda vez que quedaban al descubierto buena parte de confabulaciones, contubernios y manipulaciones. Y que ponían en duda el supuesto carácter democrático del régimen. Ni siquiera, el advenimiento de nuevos criterios “democráticos” que sirvieron al gobierno para declararse “revolucionario” y para avalar la acepción de “socialista” que presumió arrogarse a merced de la infundada denominación de “socialismo del siglo XXI”, con el pretexto de reformar la gestión pública, sirvió para reivindicar la importancia de un periodismo democrático.
Por el contrario, el asedio al periodismo libre vino en forma de amenazas que más tarde se convirtieron en furibundas medidas de cierre de estaciones de radio y televisión. Además, con prácticas de censura, tanto como de intimidación, que desviaron al periodismo democrático. Tan extremas fueron tales medidas, que muchos medios comenzaron a autocensurarse para evitar que la óptica gubernamental derivara en violencia solapada contra ellos.
Más adelante, el régimen infirió que en la reducción del papel de prensa encontraría otro modo de continuar sesgando la información. Así optó en 2013, por crear un monopolio constitucionalmente ilegal que le permitiera la importación de papel-prensa y su distribución.
Por consiguiente, aquellos medios que hacían transacciones por propia cuenta con divisas del Estado, les fueron suspendidas las líneas de crédito. El recién instituido Complejo Editorial Alfredo Maneiro, comenzaría a administrar directamente el negocio. Esto le facilitó al régimen, un mayor control sobre la información a divulgar. Sería a imagen y semejanza de los postulados doctrinarios gubernamentales que condenaban toda expresión que hiciera dudar a la opinión pública sobre las “bondades revolucionarias”. Así quedarían soterrados, comentarios y opiniones que develaran manejos de recursos por parte del régimen, tanto como de aquellas malversaciones que habían comenzado a engrosar el bolsillo a “revolucionarios” y “socialistas”.
El autoritarismo del siglo XXI, siguió siendo aprovechado como vía de imposición de medidas acordadas a desdén del ordenamiento constitucional. Aunque contando siempre con sentencias acomodadas por el Tribunal Supremo de Justicia, convertida en bufete privado al servicio de arbitrariedades cometidas por el despotismo oficialista.
El abuso llegó a convalidarse valiéndose del desmedido poder político en manos de gobernantes que con el tiempo dejaron ver su insolencia, indecencia y resentimiento. Ejemplo de tan patán comportamiento, es la vulgar demanda contra el reconocido y siempre aplaudido periódico EL NACIONAL.
El estilo de gobierno ejercido con base en un desmedido poder político, ha hecho que la sociedad venezolana “pague los platos rotos” Y en consecuencia, padezca los problemas de un periodismo apegado a las libertades declaradas constitucionalmente. Pero la crisis política que aviesamente avivó y continúa procurando el régimen usurpador, devino en graves dificultades al ejercicio de la prensa. De la prensa que busca en las libertades, su derecho a expresarse. Son pues lamentables hechos que han atrasado al país en numerosas situaciones. Son horrorosas incidencias del periodismo democrático.
