Hace ya unos años, una catedrática inglesa de la London
Schoool of Economics puso de manifiesto una paradoja de nuestro tiempo: Cada
vez son más recurrentes cierto tipo de guerras caracterizadas por una violencia
persistente que van más allá de la confrontación armada entre dos bandos.
“Nuevas Guerras” las llamó.
Esta profesora de nombre Mary Kaldor es experta en gobernanza
global, dirige el programa sobre sociedad civil y seguridad humana en su
universidad y es autora de numerosas publicaciones fundamentales en su área.
El asunto es que, junto a la guerra convencional, entendida
como la violencia producida por motivos políticos entre Estados o grupos
políticos organizados, se desarrolla un nuevo tipo de violencia que está más
cerca del crimen organizado y que se enfoca especialmente en las violaciones a
gran escala de los derechos humanos. Su caldo de cultivo es la erosión del
monopolio de la violencia legítima ejercida por el Estado que a su vez se
genera tanto por el debilitamiento de la capacidad de los Estados para usar la
fuerza como por la privatización del monopolio de la violencia organizada.
Estas situaciones suelen darse allí donde prevalece la
deslegitimación política, el declive de la economía a causa de la expansión del
delito, la corrupción y la ineficacia, el desbordamiento del crimen organizado
y la aparición de grupos paramilitares.
Las “Nuevas Guerras” tratan de imponer una política de
identidades particularista y excluyente ya sea nacional, de clan, religiosa o
lingüística y su objetivo siempre será, no ganarse a la población, sino controlarla
a través del miedo y del odio, lo cual permite deshacerse de cualquiera que
tenga una identidad distinta e incluso una opinión distinta. De allí la
práctica de expulsar a la población de sus territorios mediante las matanzas
masivas, los reasentamientos forzosos y la intimidación en todas sus formas.
En estas guerras no se respetan las reglas convencionales,
mejor dicho, no hay reglas; operan una gran variedad de grupos descentralizados
y se utiliza tecnología avanzada y medios modernos de comunicación.
En cuanto al tema de la financiación, las guerras
convencionales y las nuevas guerras también se diferencian. En las primeras
prevalece un sistema centralizado, totalizador y autárquico. En las segundas
prevalece la precariedad de la producción interior, el mercado negro, la
destrucción física o la interrupción del comercio normal y de los ingresos
fiscales. Esta situación también es el resultado de la deslegitimación,
fragmentación y descentralización de un Estado considerado “fracasado” o
“fallido”, en el que predomina una autoridad central débil o inexistente y en
la que se ha perdido el control sobre los cada vez más fragmentados
instrumentos de coacción física debido a su privatización. Se trata, en suma,
de una situación en la que el Estado ejerce un discutible control físico del
territorio, una precaria presencia administrativa en todo el país y la idea
misma del Estado no cuenta con la adhesión de la población.
En tal contexto, tanto los gobiernos como los grupos
militares privatizados, necesitan buscar fuentes alternas de financiación para
sostener sus actividades violentas. Y es así como acuden a las “transferencias
de bienes” que van desde el saqueo, el robo, la extorsión, el pillaje y la toma
de rehenes hasta los “impuestos de guerra” o el dinero a cambio de
“protección”, procedente de la producción de artículos de primera necesidad y
diversas formas de tráfico ilegal.
Cómo se ha visto, las nuevas guerras son, también, el
producto de la desinstitucionalización y deslegitimación de la política. El
problema es si se llega a saber cómo y por qué comienzan, nunca se sabrá con
certeza cuando terminan. Veamos el caso de Colombia que lleva ya décadas
enfrentando este terrible mal.
