El rector de la ULA, Mario Bonucci, rechazó categóricamente los intentos del Ejecutivo de trasladar a las universidades la responsabilidad por la exclusión de miles de trabajadores en el pago de este beneficio.

“Trataron de endosar a las universidades la responsabilidad de las nóminas, pero el gobierno cuenta con la data de todos los trabajadores, pues la universidad la ha entregado y lo hace rigurosamente todos los meses”, aclaró Bonucci.

Durante su intervención, el rector presentó datos detallados sobre la cantidad de profesores, empleados y obreros que quedaron por fuera de este beneficio. Señaló que el sector universitario esperaba un ajuste real de la tabla salarial desde el 1 de mayo, tal como había prometido el gobierno. Sin embargo, el anuncio se tradujo en más bonificaciones sin incidencia legal.

El rector enfatizó las fallas de este nuevo pago: el bono de responsabilidad profesional no le ha llegado a la totalidad de los profesores activos, ni a los jubilados, ni al personal de tiempo convencional, medio tiempo o contratados.

Agregó que el beneficio dejó de lado a los trabajadores administrativos, técnicos y obreros.

“Desconozco el criterio que se utiliza para asignar este pago a los trabajadores y a los profesores; es un bono aleatorio que no tiene nada que ver con la carrera académica”, sentenció Bonucci.

La máxima autoridad de la ULA aclaró que la universidad no está peleando únicamente por un bono, sino por la reinstitucionalización del salario conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. No obstante, exigió que, mientras se da esa lucha, cualquier pago provisional se realice “para todos por igual y con justicia”.

Para canalizar estas demandas, informó que se ha invitado formalmente a la ministra de Educación Universitaria a una sesión del Consejo y se promueve una coalición nacional de instituciones para conformar un frente común.

La rueda de prensa sirvió de plataforma para que los distintos sectores de la comunidad ulandina manifestaran su rechazo a las políticas macroeconómicas del Estado. Manuel Aranguren, vicerrector administrativo, informó que la ULA actualmente funciona sin presupuesto y que la política del gobierno nacional ha buscado la “destrucción” de la institución, la cual se mantiene abierta únicamente gracias al esfuerzo de su personal.

Manuel Morocoima, secretario de la ULA, reiteró que el norte es un sueldo digno para todos y que, de mantenerse los bonos temporalmente, estos deben pagarse con equidad.

Maydoly Villegas, secretaria de organización de la Asociación de Empleados de la Universidad de Los Andes (Aeula), exigió la recuperación real del salario y el fin de la política de bonos que no tienen incidencia en prestaciones sociales, aguinaldos ni vacaciones. Instó a respetar las tablas salariales, las interescalas y las convenciones colectivas, pidiendo acabar con el “aplanamiento” de los sueldos y convocar a mesas de discusión con todas las federaciones mayoritarias.

David Díaz Miranda, representante de los profesores jubilados, tildó el beneficio de “bono discriminatorio” por violar flagrantemente la Constitución y los contratos colectivos firmados.

Angélica Pacheco, consejera estudiantil, manifestó el respaldo absoluto del sector estudiantil a los profesores y trabajadores ante este “atropello”, y vinculó esta realidad con la precaria situación que viven los estudiantes respecto a las becas y providencias estudiantiles.

El Consejo Universitario de la ULA concluyó solidarizándose con las luchas de todos los gremios y ratificó que se mantendrá firme en la exigencia de condiciones laborales justas y transparentes para todo el sector educativo venezolano. (Prensa ULA. Leonardo Rodríguez Dugarte/CNP: 12.676. Fotos: Lánder Altuve).