Mérida, Octubre Martes 06, 2026, 05:20 pm
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que al menos cuatro personas de 60 años o más murieron bajo custodia del Estado venezolano entre el 19 y el 30 de septiembre, en un contexto en el que más de 60 privados de libertad han fallecido desde abril, según registros de la organización.
Uno de los casos señalados por el OVP es el de Hermes Carrero, de 63 años, quien murió de un infarto en una celda del Internado Judicial del estado Barinas (Injuba), cinco días después de una jornada realizada en ese penal por la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
Ante esta situación, la organización cuestionó las condiciones de supervisión de los centros penitenciarios y planteó interrogantes sobre la atención que reciben los presos de edad avanzada y aquellos con enfermedades crónicas.
El OVP preguntó si durante la visita de la comisión fueron revisadas las condiciones de salud de los reclusos, sus historias médicas, la disponibilidad de medicamentos y la necesidad de atención especializada o traslados hospitalarios.
La organización sostuvo que una supervisión penitenciaria efectiva debe incluir la revisión de las áreas de reclusión, el contacto directo con los presos y la identificación de personas en condiciones de especial vulnerabilidad.
El OVP también recordó los resultados de una investigación previa según la cual 7.414 personas permanecen detenidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicp). De ese total, 181 tienen más de 65 años.
La ONG advierte que estas personas permanecen incluso durante períodos prolongados en espacios diseñados para detenciones preventivas y no para funcionar como centros penitenciarios.
Según el OVP, mantener a adultos mayores privados de libertad sin una evaluación individual de su estado de salud, necesidades médicas y situación jurídica puede aumentar los riesgos asociados a la reclusión.
La organización recordó además que la legislación venezolana y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establecen garantías específicas para las personas mayores privadas de libertad y contemplan medidas alternativas a la prisión cuando corresponda.
El OVP alertó finalmente sobre las consecuencias de la falta de atención médica y medicamentos en las cárceles venezolanas y pidió evitar que las muertes de adultos mayores bajo custodia se conviertan en hechos normalizados.
Con información de Versión Final