Daniel Noboa renueva por 30 días más su estado de excepción

Especialistas estiman que la medida ha provocado retrocesos en la democracia y en respeto a derechos fundamentales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días el estado de excepción en ocho provincias del país a través del Decreto Ejecutivo 532. La decisión mantiene la medida en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, zonas donde el Gobierno argumenta la presencia de amenazas por parte del crimen organizado.

Esta prórroga da continuidad al Decreto 498 firmado en septiembre y conserva la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, además de permitir la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

No obstante, el nuevo decreto evidencia un retroceso en el alcance de las medidas restrictivas impuestas por la administración de Noboa. A diferencia de las disposiciones anteriores, el texto actual elimina expresamente la suspensión de la libertad de tránsito y omite fijar nuevos horarios para el toque de queda.

Esta flexibilización ocurre justo un día después de que concluyera un toque de queda focalizado que dejó miles de detenidos, lo que refleja un cambio de tono en la estrategia gubernamental ante el desgaste de los controles de movilidad.

El Ejecutivo justificó la continuidad de la intervención militar con informes del Ministerio del Interior que registraron más de 300 homicidios intencionales en pocas semanas. Según el reporte oficial, las fuerzas de seguridad enfrentan un escenario de fragmentación de bandas criminales y disputas territoriales que impide suspender el despliegue extraordinario. Sin embargo, analistas y organizaciones independientes insisten en la ineficacia de estos decretos consecutivos, aplicados desde enero de 2024, y advierten sobre los riesgos que representan para los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

Garantías electorales y prevención de riesgos

La resolución presidencial coincide con la proximidad de los comicios seccionales programados para el 29 de noviembre, donde la ciudadanía elegirá autoridades locales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Ante este panorama, la normativa especifica que el estado de excepción no interferirá con la campaña electoral ni restringirá las actividades políticas de los candidatos y organizaciones participativas, blindando el proceso democrático en medio del operativo de seguridad.

Adicionalmente, el decreto ordena una coordinación estrecha entre las fuerzas del orden y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para evitar fricciones operativas durante la atención de emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño. De esta manera, el Ejecutivo busca balancear la contención de la violencia criminal con la protección de los derechos políticos y la preparación ante desastres naturales.

Con información de Últimas Noticias