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Sin cooperación no hay pospandemian por Alberto José Hurtado B.

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Alberto José Hurtado B.



Los derechos de propiedad intelectual brindan a los innovadores el derecho de controlar quién, y en qué condiciones, se puede producir un bien, prestar un servicio o reproducir una obra de arte. Mediante la concesión de patentes se preservan los incentivos a la innovación, dado que los agentes económicos innovadores preservan la propiedad de los nuevos productos, reciben una recompensa por sus descubrimientos y facilitan el uso de sus hallazgos.


 


Este régimen tiene sentido en el caso de bienes y servicios que permiten satisfacer necesidades, y cuya producción es condicionada por los incentivos que brinda el mercado. Por ejemplo, automóviles, computadoras, televisores, teléfonos, libros, programas de televisión, películas, entre otros. Mientras que se distorsiona cuando son productos con características de bienes públicos -puros o no-, cuya provisión es vital para el funcionamiento de la sociedad. En este caso, los precios de mercado no son el mejor incentivo para las decisiones de consumo y producción.


 


Al respecto, las variables precio e ingreso pasan a un segundo plano y la decisión de consumo se supedita al impacto que esta acción puede tener en el funcionamiento de la economía, en la salud de las personas, y en el futuro de la sociedad. Así, surge una disyuntiva: acumular altos ingresos para pagar altos precios no garantiza el futuro de la humanidad. Y la mejor ilustración de esta situación es la pandemia del COVID-19. Superar esta crisis, es decir, iniciar la pospandemia, implica la vacunación de la población mundial. Pero, ¿Qué sucede cuando las personas que necesitan la vacuna que preserva la salud pública mundial carecen del dinero para comprarla? El riesgo de contagio se mantiene, aumenta la posibilidad de nuevas sepas, y continua la pandemia. Por ende, priorizar los intereses económicos de las empresas innovadoras responsables de la producción de la vacuna contra el COVID-19, evita que una buena parte de las personas obtenga la vacuna para proteger sus propias vidas y las de los demás.


 


Esta disyuntiva entre salud pública y mercado no es nueva, en el siglo pasado, el desarrollo de los antirretrovirales para prolongar la vida de las personas que viven con el VIH, implicó grandes inversiones que las empresas innovadoras intentaron recuperar mediante un precio excesivamente elevado, completamente inasequibles para la mayoría de las personas del mundo. De allí que el esfuerzo mundial llevó a la adopción de la Declaración de Doha, en 2001, donde se permite a los países ignorar los derechos de patentes para productos farmacéuticos cuando hay una emergencia de salud pública. En otras palabras, permitir que los países fabriquen sus propias versiones genéricas de los medicamentos patentados.


 


La actual pandemia ha llevado a países como India, Sudáfrica y Brasil, a pedir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que declare una emergencia de salud pública. Por otra parte, Estados Unidos y China han anunciado que apoyarían una exención en este caso. Mientras que algunas empresas farmacéuticas y varios gobiernos europeos siguen oponiéndose a esta posibilidad. El principal argumento de quienes se oponen es que la medida sofocaría las innovaciones que permitieron desarrollar las vacunas tan rápidamente, además del poco impacto que tendría para aliviar la escasez; por la limitada capacidad de producción de la industria farmacéutica mundial.


 


El mundo requiere de una mayor cooperación internacional, donde empresas y gobiernos hagan sacrificios económicos en pro de la salud pública mundial. Solo así podremos hablar, en un futuro cercano, del inicio de la pospandemia.


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