La contratación pública sostenible por Alberto José Hurtado B. (*)

La Contratación Pública Sostenible (CPS) es el proceso mediante el cual las entidades del sector público satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios teniendo en cuenta el medioambiente, la sociedad y los derechos humanos. Es una estrategia clave para avanzar en la meta de mitigar el cambio climático a partir del compromiso gubernamental de reducir los impactos ambientales de sus actividades. Esto implica mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, promoción de prácticas amigables en el ambiente, cambios en el marco institucional a favor nuevos criterios de selección de proveedores, entre otras acciones que están cambiando la manera como los gobiernos realizan sus compras.

En este orden, la contratación pública juega un papel preponderante en economías emergentes con altas demandas de infraestructura. Tanto para responder a las necesidades de la población, como para evitar el uso de prácticas tradicionales altamente contaminantes, la CPS es una estrategia útil para garantizar obras que cumplan con metas de sostenibilidad. Al respecto, una efectiva CPS requiere marcos políticos obligatorios y comprensivos, complementados por regulaciones específicas para sectores altamente contaminantes como transporte, construcción, industria y gestión de residuos.

De igual manera, la CPS invita a los gobiernos a la adopción de principios de economía circular que permitan minimizar los residuos, mejorar la eficiencia de los recursos e incluso generar resultados ambientales positivos en las actividades conexas a la acción pública. Por ejemplo, el uso de materiales de construcción verdes puede reducir el consumo de energía y agua incorporado en productos como el acero y el cemento, lo que incluso permitiría disminuir su huella de carbono.

En el sector construcción, una práctica común es que la asequibilidad, disponibilidad y durabilidad se priorizan a expensas de los costos ambientales. En este orden, la CPS promueve el diseño sostenible de edificios, donde se alcance el uso eficiente de los recursos, la mejora de la circularidad y durabilidad, y se apueste por la reducción de los residuos. En otras palabras, se incentiva el uso de sistemas de construcción eficientes en energía y agua, así como de tecnologías inteligentes y bajas en carbono que pueden mejorar significativamente el rendimiento ambiental de cualquier edificación.

Por otra parte, cambiar la forma como los gobiernos realizan sus compras es un desafío de enormes proporciones. Principalmente porque muchos de ellos han consolidado estructuras burocráticas que permiten responder solo a sus grupos de presión, representan barreras comerciales no arancelarias que aumentan los costos de la relación con el sector público y limitan la adopción de prácticas amigables con el medioambiente. A esto se le suma la fragmentación en el actual marco de gobernanza ambiental en la mayoría de países del mundo, que impide lograr mayor coordinación con el sector privado e incrementa las brechas entre los responsables de asignar recursos gubernamentales.

A través de la CPS, los gobiernos pueden facilitar una transición verde, construir economías resilientes y dejar un legado positivo para las generaciones futuras. Por ende, resulta necesario integrar consideraciones ambientales vinculantes y ambiciosas dentro de las licitaciones y contratos públicos, adoptar criterios ambientales obligatorios, además de mejorar el conocimiento de los responsables políticos de las decisiones presupuestarias.

(*) @ajhurtadob

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