Nuevas Crónicas de Historia Universitaria

La Universidad de Los Andes y el Proyecto de Transformación del Procurador Abel Santos a petición de Juan Vicente Gómez (1928) por Alí Enrique López Bohórquez (*)

En varios artículos hemos insistido en que la Universidad de Los Andes, en sus doscientos quince años de existencia, pues fue fundada por la Junta Superior Gubernativa de Mérida el 21 de septiembre de 1810, nunca está demás recordar esa fecha, ha atravesado por diferentes crisis, calificadas como estructurales y por tanto históricas, si se le considera su perennidad en el tiempo. Diversas han sido las propuestas para realizar cambios orientados a dar solución a los problemas que han originado esas crisis. De igual manera, se ha evidenciado que bajo la condición de Estado Docente, los gobiernos han tenido una mayor intervención en proyectos remediales de las dificultades, limitaciones y hasta confrontaciones políticas, a través de una legislación propiamente universitaria, incluida en Códigos de Instrucción Pública o Leyes de Educación general (Siglo XIX) o en Leyes Universitarias propiamente dichas (Siglo XX). En las primeras, sin autonomía alguna, excepto la de elección de sus autoridades, y ello solo entre 1834 y 1884, para el caso de la Universidad de Los Andes, pues en ese último año Antonio Guzmán Blanco la eliminó, perdurando esa disposición hasta 1958, pues los Presidentes de la República se atribuyeron la facultad de designar a Rectores, Vicerrectores y Secretarios, incluso ratificar o no las propuestas de los catedráticos de las distintas carreras.   

 

Esa característica de la educación como parte de las políticas gubernamentales, por cierto de herencia colonial española, tendieron a modificarse a partir de la Ley de Universidades de 1958, que garantizaba la llamada Autonomía Universitaria en cuanto a su estructura académica curricular de enseñanza y libertad de investigación; pero en lo administrativo solamente en cuanto al manejo de los recursos económicos presupuestados anualmente. Sin embargo, esta autonomía no es tal, si finalmente las proposiciones y cambios académicos deben ser aprobados por el órgano competente del Estado al efecto. De igual manera, también es una exigencia legal la rendición de cuentas de lo asignado el Presupuesto Nacional cada año. Pero, a pesar de esa autonomía de 1958, por mucho tiempo se prolongó la estructura académica y el sistema de enseñanza devenido del siglo XIX y primera mitad del XX. No es exagerado afirmar que en buena medida están vigentes. De haber ocurrido cambios sustanciales en la década siguiente a la Ley de 1958, no tendría entonces explicación la ocurrencia en 1969-1970 de la llamada Renovación Universitaria, no solo en la necesidad de reformas en la ULA, sino también en las otras calificadas como Universidades Nacionales Autónomas. Así mismo, con los distintos intentos desde esos años de renovación por modificar la caduca estructura universitaria del siglo y medio precedente, los que se trataron de llevar adelante en las siguientes tres décadas que median entre 1970 y el 2000. Interesante período de la historia contemporánea de la Universidad de Los Andes que trataremos en otras crónicas, pues se trata de un complejo hecho universitario con matices y peculiaridades relacionadas con cada una de las gestiones rectorales de esos años.

Retomemos, entonces, el tema sobre el que venimos insistiendo en cuanto a la intervención del Estado en la Universidad, tanto en lo académico como en lo administrativo, en las primeras décadas del siglo XX, como había acontecido en el XIX, esta vez con un ejemplo específico. Nos referimos al proyecto de transformación para la Universidad de Los Andes que el Presidente Juan Vicente Gómez solicitó al Procurador del Estado Dr. Abel Santos. Antes veamos una nota biográfica de este funcionario gomecista incluida en el Diccionario de Historia de Venezuela: “Santos, Abel. San Cristóbal (Edo. Táchira) 1863 – Caracas 1933. Abogado y político. Realiza sus estudios secundarios en Mérida; bachiller en filosofía (1882), se inscribe en la Universidad de Los Andes donde recibe el título de abogado (1886). En Mérida cursa también estudios de medicina. Residenciado en San Cristóbal donde ejerce su profesión, participa en la fundación del Salón de Lectura de esa ciudad, pronunciando el discurso inaugural (1907). Ministro de Hacienda y Crédito Público en uno de los primeros gabinetes de Juan Vicente Gómez (11.8.1909-3.6.1910), presenta un importante programa de reformas fiscales y financieras e imparte su aprobación a la nueva Ley de Bancos, promulgada el 25 de junio de 1910, aunque con varias reservas en cuanto a las imprecisiones de su reglamentación. Desplazado del Consejo de Ministros y de la cercanía de Gómez por el grupo encabezado por Francisco González Guinán, Abel Santos regresa a San Cristóbal; desde esa ciudad critica de manera extensa y razonada los diferentes proyectos y contratos negociados a instigación de Román Delgado Chalbaud durante el año de 1911: el contrato para la creación del Banco Nacional y de su subsidiario, el Banco Hipotecario Nacional; el de colonización y exploración del Amazonas y los de navegación y administración de las salinas. Nombrado ministro plenipotenciario de Venezuela en Colombia a fines de 1911, Santos, caído en desgracia, renuncia al cargo y permanece exiliado (1913-1925). Se instala en Ocaña donde ejerce como médico y presenta un proyectó de código de comercio para Colombia, el cual es adoptado en ese país. Incluido en el decreto de amnistía del 24 de julio de 1925, Abel Santos regresa a Venezuela y se dedica, nuevamente, a su profesión de abogado y a sus actividades de jurista. Redactor del proyecto para el establecimiento de un Banco Agrícola y Pecuario, contribuye a la fundación de ese instituto (1928). Consultor jurídico del Ministerio de Relaciones Interiores (1929) y procurador general de la Nación (1931), muere en el ejercicio de este último cargo.” (Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 1997, Tomo 3, p. 1.092).

 

Para comprender el por qué de esta solicitud de Juan Vicente Gómez, cabe señalar dos hechos del momento en el que pidió dicho proyecto a Abel Santos. En primer lugar, como expusimos en anteriores crónicas: la situación de la Universidad de Los Andes con una crisis heredada del siglo XIX, la supresión de las carreras de medicina y farmacia por Cipriano Castro en 1904, la inactividad de los estudios eclesiásticos y de filosofía por falta de estudiantes y la no consideración en Venezuela de las Reformas Universitarias de 1918 en la Universidad de Córdoba (Argentina). Problemas que no pudieron ser superados durante tres décadas por los rectores José de Jesús Godoy, Asisclo Bustamante, Juan Nepomuceno Pagés Monsant, Ramón Parra Picón, Diego Carbonell y Gonzalo Bernal (1900-1931). En segundo lugar, la situación de la Universidad Central de Venezuela para 1928 cuando, con el pretexto de la “Semana del Estudiante”, un grupo de estudiantes decidió enfrentar de nuevo a la dictadura gomecista, después del cierre de la UCV entre 1912 y 1922, más como un problema político del país, que un asunto de reclamo universitario. Como ha ocurrido en otros momentos, la Universidad era utilizada entonces con fines distintos a los propiamente institucionales. Esta situación, probablemente, fue la que más incidió en que el Presidente Gómez dirigiera una nueva mirada hacia la ULA, pues desde que asumió el gobierno en 1908 había manifestado simpatías hacia esta institución universitaria, la que había visitado en 1899 como uno de los líderes de la Revolución Liberal Restauradora.

 

Los documentos que vamos a referir fueron publicados con el título de “Una nueva Universidad de Los Andes (Marzo de 1928)” en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 79-82 (Caracas, mayo diciembre de 1974, pp. 305-309), reproducidos con el título de “La nueva universidad (1928)” en Azul, 1 (Mérida, mayo de 1981), pp. 7-8). En efecto, a finales de febrero de 1928, el Presidente Gómez ordenó a Abel Santos, Procurador General de la República, que realizara un proyecto integral para la Universidad de Los Andes. El 9 de marzo siguiente hubo respuesta a lo solicitado, señalando Santos: “Siento una gran satisfacción al pensar que usted pueda revivir y poner muy en alto la vieja Universidad  (cursivas nuestras para resaltar y relacionar con lo que hemos venido insistiendo) en que me eduqué y para la que guardo un cariño como el del hijo a la madre. Mérida es la ciudad universitaria por excelencia del país: su clima, su tranquilidad, la belleza del paisaje, todo convida en ella al estudio, de modo que si la enseñanza se facilita y proporciona allí como lo requiere la época, puede contarse para mañana con una juventud sana de cuerpo y de espíritu y robustecida su inteligencia por el estudio y la meditación. La Universidad de Los Andes traería para Mérida el bienestar económico y por consiguiente su progreso material en todos los ramos; volvería a ser el centro científico del Occidente de la República, que le dio tantos hombres y lo que es más: estando bien servida atraería no solo a la juventud andina sino a la de otras partes de la República y a una buena parte de la del vecino departamento de Santander en Colombia, y esos jóvenes educados en nuestro medio universitario, al volver a su país, llevarían con el recuerdo de sus aulas, que siempre es grato, cariño para nosotros y en ellos tendríamos verdaderos amigos.”

Resaltamos los asuntos esenciales del Informe que Abel Santos tituló “Universidad de Los Andes”. Decía el Procurador: “La idea de usted…es hacer de este plantel, una Universidad, que aunque pequeña sea moderna y completa…dada la seriedad de los estudios que allí se hagan y las condiciones y facilidades que se brinden para obtener sólidos conocimientos.” Seguidamente refirió que en materia de Universidades existían tres tipos: el latino (Francia, Italia y España), el anglosajón (Inglaterra y los Estados Unidos) y el germano (Alemania, Austria y Norte de Europa), señalando que “para escoger en primer término el modelo, es necesario ver cual de esos tipos es el que más se adapta a nuestro medio y a nuestra mentalidad.” Después de descartar los modelos anglosajón y germano, por que “no se avienen a nuestra mentalidad y costumbres”, se inclinaba más por el modelo latino. Agregaba: “Tengo que descartar como modelo las grandes Universidades porque nuestras condiciones, económicas, de población y de personal, no nos permiten imitarlos y por tanto, es necesario tomar como modelo aquellas pequeñas, que reúnan las principales condiciones las principales condiciones de las grandes en escala reducida y tienen las condiciones de modernidad, seriedad, orden y solidez de estudios; de éstas, solo encuentro la de Lausana en Suiza y la de Estrasburgo, ésta era francesa hasta el año 1870 que pasó a poder de los alemanes, quienes le introdujeron grandes reformas y hoy, después de la guerra ha vuelto a Francia con la Alsacia-Lorena.”

Ahora bien, Abel Santos, consciente de lo que significaba “copiar” los modelos de esas universidades europeas, indicaba que para aplicarlos a la Universidad de Los Andes con una “…capacidad como de cuatrocientos o quinientos estudiantes…” se requería de “un edificio apropiado y dotarlo de acuerdo con las exigencias modernas.” Complementaba esa idea diciéndole a Gómez: “La realidad de su idea requiere para el levantamiento de un plano para el edificio que reúna las condiciones apuntadas, por técnicos en la materia y de acuerdo con las indicaciones de profesores expertos; en el país no hay quien haga esto. Conseguido el plano, que debe comprender: aulas, laboratorios, gabinetes, dependencias, entre ellas un pequeño hospital modelo, debe llevarse a efecto la idea.” A tal fin, seguía señalando: “La construcción de las obras y la provisión de sus dependencias comprendidos muebles, instrumentos y demás enseres y útiles, mi opinión es que se confíe a una compañía constructora, mediante licitación, de modo que el Gobierno solo tenga que intervenir para recibir de acuerdo con las especificaciones y entregar el valor de costo de las obras, pero exigiendo que los obreros  que se utilicen en ellas sean venezolanos, excepto en lo que se requieran técnicos, con eso aprenden nuestros artesanos.” Sin decirlo, se advierte que hablaba de una constructora extranjera. Sin tener referencia alguna de la edificación que proponía, se atrevió a indicar: “El costo de los edificios, laboratorios y gabinetes, y demás anexidades, así como los instrumentos…, requerirá un gasto de dos a tres millones de bolívares, suma de lo que será de lo mejor gastado en el país.”

Señalaba también el Procurador Santos a Juan Vicente Gómez que “para llevar a acabo este proyecto se requiere un hombre que sepa interpretar su idea y no solo busque los técnicos para el levantamiento de los planos, y los que deban suministrar las indicaciones para su formación, sino que contribuya con sus observaciones propias para que la obra salga de acuerdo con nuestras necesidades y sea apta en cuanto es dable para nuestro medio y el fin que se destina; ese hombre debe estar suficientemente remunerado y tener a su disposición fondos suficientes para los gastos preliminares que no son pocos.” Para esa tarea, el propio Abel Santos hizo la siguiente proposición al ciudadano Presidente: “El comisionado puede ser un Ministro o un Cónsul de los que usted tiene en Europa, que reúna las condiciones que la delicadeza del mandato exige y en que tenga usted confianza para que el asunto no lo convierta en un negocio, o una persona que usted especialmente envíe de aquí, escogiéndola entre los muchos y buenos amigos que le rodean.” A todas luces, la preocupación de Santos para una nueva Universidad de Los Andes, lo más importante, para su transformación era la construcción de un edificio. Recordemos que para 1928 la ULA ocupaba todavía la Casa que en 1790 había mandado construir el Obispo Fray Juan Ramos de Lora para el Seminario que inició sus actividades en noviembre de ese año. Casa en condiciones deplorables después del terremoto que azotó a Mérida y a los Andes en 1894. En el informe a Gómez, en materia académica, solamente se hizo referencia a lo siguiente: “Concluida la obra, es necesario contratar unos diez profesores por unos dos años, mientras formamos un personal propio; hoy profesores con muy buenas recomendaciones los conseguiríamos baratos en Alemania o Italia.

Abel Santos concluyó su propuesta con unas palabras de atención que evidencian alguna discordia entre los hombres del “Benemérito”, como se aclamaba al dictador tachirense, y a hechos de corrupción en su gobierno: “General, no deje morir esta idea, es una trascendencia muy grande. Le ruego sí, que le tenga cuidado a los apaga-luces, que a todo no hacen sino poner dificultades por que no piensan sino en su utilidad personal y nada se les ocurre.” Llama la atención el hecho de que el Presidente Juan Vicente Gómez encargara esa tarea al Procurador General de la República Abel Santos y no al Ministro de Instrucción Pública Rubén González. Más adelante nos referiremos brevemente a este funcionario al hacer referencia a la errónea interpretación del colega Jesús Rondón Nucete, al relacionar el Informe de Santos con lo actuado por González con respecto de la Universidad de Los Andes con un decreto presidencial del 19 de marzo de 1928. Asunto que trataremos detalladamente en próxima Crónica. En verdad, la ambiciosa propuesta de Abel Santos no se llevó a la práctica. Lo que ocurrirá a partir de ese año en la ULA nada tuvo que ver con los modelos latinos universitarios de Suiza y Francia, de Lausana y Estrasburgo, que consideró podían ser aplicados a la realidad de Mérida, sin exponer más razones que su tamaño y condiciones ambientales parecidas y sin dar información de dónde había extraído las características de aquellos institutos para ser puestas en práctica en la Universidad de Los Andes. Tampoco hubo una inmediata contratación de profesores extranjeros, lo que no acontecerá hasta 1938. No existe documento alguno que evidencie la posición de Juan Vicente Gómez ante el Informe de Abel Santos. Curiosamente, diez días después de su entrega el Presidente dictó un decreto para construir en la ciudad de Mérida los edificios que fueran necesarios y dotar a la Universidad de Los Andes de todos los elementos requeridos para la enseñanza  y demás actividades.

 

Hacemos finalmente un poco de crítica histórica y de crítica historiográfica sobre el asunto tratado en esta Crónica. Dos herramientas metodológicas necesarias, junto a la heurística y a la hermenéutica, para conocer, comprender y explicar la historia. Para ello, analizamos parte del artículo del Dr. Jesús Rondón Nucete: “Trascendencia en Mérida del Decreto de Juan V. Gómez de 19 de Marzo de 1928” (Boletín del Archivo Histórico, 15 (Mérida, enero junio de 2010), pp. 87-124). No vamos tratar el contenido total de este estudio, solamente a la relación que este autor expresó de la propuesta del Abel Santos del 9 de marzo de 1928 y el decreto de Juan Vicente Gómez del 19 de marzo de 1928, cuando señaló: “Abel Santos, sin duda se enteró de la puesta en ejecución de su proyecto, pues murió en Caracas en 1933.” (Ibid., p. 100). El contenido de este decreto nada tiene que ver con el Informe de Abel Santos. Es decir aquél no es consecuencia de éste. Son dos cosas distintas. Dice Rondón Nucete que, como consecuencia de esa decisión gubernamental, “la vieja institución universitaria se transformó a partir de 1928”, insistiendo en que era la puesta en práctica de aquella propuesta del Procurador “…de hacer de la Universidad de Los Andes un centro de estudios modernos como los mejores de Europa ubicados en pequeñas ciudades...” (Ibid.).

 

Y agrega este autor: “Haya sido o no de su iniciativa, el Ministro González asumió la ejecución del Decreto con verdadero entusiasmo. No esperó, como pudo suponerse inicialmente, la construcción de las obras [los edificios que sean necesarios, decía el Decreto]. De inmediato tomó las medidas necesarias para que en septiembre siguiente [1928] se abrieron los cursos, que fueron además de los de Jurisprudencia y Farmacia, los de Medicina y Dentistería (a los que se agregarían los de Ingeniería en 1932). Como resultado, la Universidad (pequeñísima con sus 17 alumnos en el año electivo 1927-1928) comenzó a crecer (recibió 110 estudiantes meses después) y dejó, entonces, de ser una institución dedicada solo a las ciencias humanísticas, fundamentalmente especulativas, para convertirse en un verdadero centro científico.” Lo de los cursos y el crecimiento de la matrícula es cierto, no así en que a partir de entonces la ULA pasó a convertirse en un verdadero centro científico. Pasará mucho tiempo para que esto aconteciera, y ello con muchas limitaciones y deficiencias todavía para la década de los setenta del siglo XX. Cuestión a debatir en otro momento. En anteriores crónicas hemos expuesto el lento desarrollo académico de la Universidad de Los Andes en el siglo XIX y primeras cuatro décadas del XX, lo que tendrá mucha consecuencia en lo que acontecerá en la segunda mitad de esta centuria. Sigue Rondón Nucete analizando aspectos del Decreto del 19 de marzo de 1928 de esta manera: “Puede parecer extraño el interés del Ministro de Instrucción Pública. Ocupaba el Despacho desde hacía seis años, y nunca antes había dado muestras de preocuparse por el destino de la institución.” Y se pregunta: ¿Esperaba acaso para hacerlo encontrar momento propicio, como ese, en la voluntad del Dictador? O, más bien, ¿se apresuró a ejecutar una decisión que el Jefe entendía necesaria para el bien de la Causa? En todo caso, entonces su actuación fue fundamental. Y tanto como Abel Santos debió sentir íntima satisfacción al servir a la vieja Casa merideña.”

 

Damos respuestas a esas preguntas de Jesús Rondón Nucete con estas consideraciones: En primer lugar, ese decretó era, por fin, el cumplimiento a reclamos que se venían haciendo desde los rectorados de Caracciolo Parra y Olmedo (1877-1900), Juan Nepomuceno Pagés Monsant (1902-1909), Ramón Parra Picón (1909-1917) y Diego Carbonell (1917-1921), incluso de los primeros ocho años de la gestión del Dr. Gonzalo Bernal (1921-1931), a quien correspondió ejecutar la continuación de los estudios de Ciencias Políticas, la restauración solamente de los estudios de Medicina en 1928 y los de Dentistería dependientes de estos, pues los de Farmacia se habían restablecidos en 1918, y no los de Ingeniería (Escuela de Ciencias Físicas y matemáticas), pues fueron instaurados en 1932 por el Rector Humberto Ruiz Fonseca (1932-1933). En segundo lugar, evidentemente que la decisión gubernamental del 19 de marzo de 1928 obedeció más a lo que sucedía en la Universidad Central de Venezuela en ese año, liderada en Caracas por la llamada Generación del 28. Es cierto que hubo adquisición de equipos y muebles necesarios para el mejor funcionamiento de los gabinetes y laboratorios, como también el alquiler y compra de inmuebles inmediatos a la vieja casa universitaria, no así la construcción del Edificio que había propuesto Abel Santos el 9 de marzo de 1928. Ello no ocurriría hasta septiembre de 1934, durante el rectorado del Dr. Roberto Picón Lares, cuando se iniciaron los trabajos en el espacio que hace esquina con la Plaza Bolívar (Antigua casa del Obispo José Vicente de Unda y actual sede del Vicerrectorado Académico, del Paraninfo y del Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez), los que concluidos en 1936 condujeron a su inauguración el 23 de marzo de 1937, con presencia del Presidente Eleazar López Contreras.

Cerramos estas reflexiones señalando que coincidimos totalmente con el análisis que Jesús Rondón Nucete hace de la crítica situación de la ULA en el siglo XIX y primeras décadas del XX, así como la expansión acontecida después de 1928, demostrando con estadísticas el crecimiento matricular de estudiantes y por ende de los profesores requeridos para los todavía limitados estudios en la Universidad de Los Andes (pp. 88-94 y 107-120). Ello bien sustentado con fuentes documentales y periodísticas. Insistimos, hemos hecho uso de la crítica histórica y de la crítica historiográfica para exponer nuestros puntos de vista sobre el asunto histórico que hemos tratado, herramientas metodológicas aplicadas desde la heurística (las fuentes) y la hermenéutica (la reflexión e interpretación), a través de las cuales el historiador ejerce el derecho a opinar sobre la mayor aproximación a la verdad histórica. Un ejercicio de investigación historiográfica para revisar, corregir, rectificar interpretaciones sobre hechos históricos o ratificar conocimientos adquirimos. Como señalamos, en otra crónica trataremos el tema con una visión más amplia y de conjunto de la ULA durante el Gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Además de las fuentes documentales e historiográficas referidas, a los interesados en ampliar conocimientos al respecto  remitimos a revisión del expediente del Decreto del 19 de marzo de 1928 que se localiza en el Tomo CCXLII (Archivo Empastado por Tulio Febres Cordero en 1915) del Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes

Mérida, 13 de junio de 2025.

(*) Dr. En Historia. Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes. Profesor Jubilado Activo de la Escuela de Historia de la ULA. Premio Nacional de la Historia “Francisco González Guinán” (1989). Premio Nacional de Historia (2019). Premio Nacional de Cultura (2024).