Trump deja expuestos a la deportación
a miles de hondureños y nicaragüenses al quitarles el TPS
Unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses se beneficiaron de la designación vigente desde 1999, cuando el Gobierno de Bill Clinton aprobó la medida de protección
Casi 45.000 personas, entre nicaragüenses y hondureñas, quedarán expuestas a deportación desde Estados Unidos, luego de que la Administración de Donald Trump decidiera poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que los amparaba desde hace más de 25 años, según datos de la ONG Alianza TPS
Nicaragüenses y hondureños se sumaron este 7 de julio a la misma suerte que han corrido los ciudadanos de otras cinco nacionalidades, cuyo estatus de protección migratorio en Estados Unidos cesó en decisiones anteriores. En el caso de estos dos nuevos grupos, la medida entrará en vigencia el 6 de septiembre, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses se beneficiaron de la designación vigente desde 1999, cuando el Gobierno de Bill Clinton aprobó la medida de protección, con base en la devastación dejada un año antes por el huracán Mitch, que causó unas 10.000 víctimas mortales.
El TPS es una medida humanitaria que busca proteger de la deportación a ciudadanos para los que no es seguro regresar a sus países de origen.
Imagen de archivo que muestra a migrantes hondureños en Estados Unidos al momento de regresar a su país de origen, a bordo de un vuelo de repatriación. San Pedro Sula, 31 de enero de 2025. REUTERS - Yoseph Amaya
En el caso de hondureños y nicaragüenses, había sido renovado por todos los gobiernos desde la designación en 1999. La última vez fue en 2023, cuando Joe Biden determinó que los efectos del fenómeno y de otras tormentas posteriores aún persistían, así como la inestabilidad política y los problemas económicos.
Durante todo ese tiempo, la protección permitió a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sin ser considerados indocumentados y por lo tanto a resguardo de la deportación.
Desde que entró en vigencia el TPS, unos 32.000 hondureños hicieron uso de diversos canales legales para ajustar su estatus y obtener la llamada “tarjeta verde”, por lo que no se verán afectados por la decisión de Trump, según cifras de la Alianza TPS, una organización que defiende a los migrantes con esta designación.
Mejores condiciones ahora que en 1999
En su comunicado para informar sobre la terminación de ambos programas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que los mismos habían sido diseñados precisamente para ser temporales y que las condiciones en ambos países habían mejorado con respecto al momento en que el TPS fue emitido.
"Honduras ha logrado un progreso significativo al recuperarse de la destrucción del huracán y ahora es un popular destino turístico y de inversión inmobiliaria", reza el documento.
Sin embargo, la cancillería hondureña emitió un comunicado en el que lamenta la decisión, destacando que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro había presentado una carta oficial a su homólogo Donald Trump “solicitando la consideración de una nueva extensión”.
En el mismo texto, el Ministerio de Exteriores de Honduras se puso a la orden de toda la comunidad de “tepesianos” de su país para “acompañar” a las personas afectadas por la decisión.
En el caso de Nicaragua, la justificación de Noem indica que el país ha hecho “un progreso significativo” en superar los estragos del huracán y es “un líder en crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable".
Trump ya había intentado despojar de la protección del TPS a nicaragüenses y hondureños durante su primer mandato, cuando dio por terminado el programa, pero fue frustrado por tribunales federales, que consideraron la medida como “ilegal”.
Foto de archivo de una protesta de beneficiarios del TPS, mientras manifiestan para oponerse a la decisión de la primera administración de Donald Trump de despojarlos de su estatus protegido. San Francisco, 12 de marzo de 2018. AP - Jeff Chiu
En esta nueva gestión, ya ha cancelado los TPS de otras cinco nacionalidades (venezolanos, haitianos, afganos, nepalíes y cameruneses) y, al menos en el primer caso, recibió la luz verde de la Suprema Corte, que revirtió una decisión de un tribunal de California que había bloqueado la eliminación.
Toda una vida de aportes
La decisión fue recibida con sorpresa y decepción por defensores de estas comunidades, que rechazan la afirmación de que la situación es ahora mejor de lo que era en 1999 en los dos países afectados.
“Además de múltiples desastres naturales, Honduras y Nicaragua han enfrentado durante décadas la impunidad estructural, la violencia, la pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos básicos”, apunta un comunicado de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA), una organización de defensa de los derechos humanos.
El viceministro de Exteriores hondureño, Antonio García, aseguró que más que una supuesta recuperación que justifique el retorno, la verdadera razón que subyace tras esta decisión es el sentimiento antiinmigrante de la Administración de Trump.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, lamentó los efectos de la cancelación del programa en comunidades que tenían 27 años haciendo vida y aportando a Estados Unidos.
"Han establecido familias. Inversiones. Es una comunidad que se ha sometido a verificaciones de antecedentes anuales, que ha demostrado todos sus aportes a este país. Es cruel lo que está pasando", indicó Palma.
Con él coincidió Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, quien aseguró que Trump "está eligiendo activamente quitarles el estatus legal a cientos de miles de personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante mucho tiempo, arruinando vidas, separando familias y desestabilizando comunidades en todo el país".
Estados Unidos y Honduras firmaron el pasado 25 de junio un convenio migratorio, durante la visita de la secretaria Noem a Tegucigalpa, un encuentro que había animado las expectativas de que se produjera una extensión del TPS.
Se espera que ambas comunidades recurran a tribunales para tratar de frenar los efectos de la cancelación, aunque sus expectativas de éxito quedan en duda, a la luz de las recientes decisiones de la Suprema Corte, que autorizó a Trump a terminar el TPS y el parole humanitario para los venezolanos, y a continuar sus planes de deportación a terceros países.
