El propósito de la constituyente sindical madurista (II) por Froilán Barrios

Sobre los escombros del sistema de relaciones de trabajo se pretende, desde el Poder Ejecutivo, decretar la eliminación definitiva de los sindicatos, la negociación colectiva y el diálogo social. Esta ofensiva, visible en la realidad laboral de los sectores público y privado en nuestro país, se ha materializado a través de la actuación del Estado, que, mediante tribunales e inspectorías del trabajo, ha desaplicado deliberadamente las leyes laborales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Ciertamente, ¿cuál era el sueño de Hugo Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro? Que en Venezuela existiera una sola central sindical, la Central Bolivariana Socialista, fundada en 2011, tal como Fidel Castro reconoció únicamente a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Esta, creada en 1939, fue absorbida en 1961 por el sistema político cubano y funciona, desde entonces, como una organización subordinada al Estado, representando a los trabajadores en todo el país y participando en tareas de apoyo a la construcción de la sociedad cubana como pilar de la revolución.

De forma similar, en la URSS y en los países miembros del Pacto de Varsovia, los sindicatos funcionaban como organizaciones estatales bajo control del Partido Comunista, no como entidades independientes que defendieran a los trabajadores frente al empleador. Su principal función era promover los objetivos del gobierno y del partido, garantizar el cumplimiento de los planes de producción y gestionar beneficios sociales, como vacaciones o guarderías, pero sin capacidad real de negociación frente al patrón, que era el propio Estado.

Por su parte, en China, el sindicalismo bajo el régimen comunista se estructura en torno a una única organización, la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU), que actúa como brazo del Partido Comunista. Su rol es mantener la unidad y la disciplina de los trabajadores, protegiendo sus intereses bajo la ideología del partido, pero careciendo de autonomía o independencia. En China, los sindicatos independientes son ilegales, y solo la ACFTU cuenta con autorización para operar.

Este es el “modelo sindical” que el PSUV y el Estado chavomadurista han intentado imponer a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, han encontrado un obstáculo histórico: la cultura sindical acumulada en Venezuela desde hace más de un siglo, que comenzó con las organizaciones sindicales clandestinas de principios del siglo XX y la fundación, en diciembre de 1936, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fuertemente vinculada a las luchas petroleras. A lo largo del siglo pasado surgieron otras centrales importantes, como la CUTV, Codesa, CGT, y ya en el siglo XXI, la UNT y la ASI, fortaleciendo la libertad sindical.

La propuesta gubernamental de una constituyente sindical surge tras el fracaso evidente de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), también llamados Consejos Revolucionarios de Trabajadores (CRT), creados mediante la denominada Ley de los Consejos de Trabajadores, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente electa de forma fraudulenta e inconstitucional en 2017. Esta normativa, formalizada en febrero de 2018 como Ley de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CPTT), establece que “los CPT regulan la constitución, organización y funcionamiento de los trabajadores en entidades públicas, privadas, mixtas y comunales, con el objetivo de promover la participación protagónica de la clase obrera y el Poder Popular en la gestión productiva para garantizar el acceso a bienes y servicios”.

Sin embargo, la indiferencia de los trabajadores, particularmente en empresas públicas como Pdvsa y en el sector de Guayana, provocó que los CPT, diseñados para sustituir progresivamente a los sindicatos, se desdibujaran en la agenda laboral. La principal preocupación de la clase obrera ha sido la pérdida sostenida de sus salarios y la anulación de sus contratos colectivos, relegando los CPT a un segundo plano.

Estas circunstancias han consolidado, en la agenda de los trabajadores, la necesidad de preservar sus sindicatos, por muy debilitados que estén, frente a estos parapetos ideológicos impuestos desde el Estado. El objetivo gubernamental es claro: bloquear cualquier protesta laboral contra el régimen y someter el movimiento obrero a su control, en contradicción directa con los principios constitucionales.

En resumen, la pretensión del Estado es eliminar la libertad sindical y la negociación colectiva, ilegalizando al movimiento sindical independiente para imponer, finalmente, un sindicalismo único alineado con su proyecto político, como condición para obtener el reconocimiento del Estado totalitario.

En este contexto, nos preguntamos:

¿El sindicalismo libre, en sus diferentes expresiones, permitirá que se concrete esta ofensiva del régimen?
¿O será capaz de superar sus divergencias y unirse para enfrentar el riesgo de su posible desaparición?

Estos son los retos inmediatos que debemos afrontar ante cualquier intento autoritario de cercenar los derechos laborales.