Hijo de Gustavo Petro afronta segundo proceso judicial: habla defensa de Nicolás Petro

Al proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que actualmente cursa contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente, se sumará otro por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público.

Según reveló la revista Semana, la Fiscalía radicó una nueva imputación de cargos con solicitud de medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en cinco contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de 3.000 millones de pesos, los cuales no habrían cumplido su objetivo.

Detrás de esta firma aparecen los nombres de Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, quienes, de acuerdo con el expediente del ente acusador, la habrían utilizado como fachada para mover dineros.

Como lo reveló la Unidad Investigativa de este diario, la Fundación ha suscrito cerca de 16 contratos con entidades públicas de la costa Caribe. Sin embargo, los que están bajo la lupa —incluso de la Procuraduría— son cinco contratos adjudicados cuando el hijo del Presidente era diputado del Atlántico. En total, superarían los 3.000 millones de pesos y fueron destinados para la atención de población de adultos mayores y población en situación de discapacidad.

Con base en las pruebas que ha recabado la Fiscalía sobre este hecho, en la radicación de la audiencia de imputación solicita la medida de aseguramiento para el exdiputado. El juez tendrá que decidir si le permite a Petro continuar o no su proceso en libertad.

Los detalles de los contratos

La presunta contratación ilegal con la Fundación Conciencia Social ya había sido mencionada en la imputación por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos con dineros vinculados a la campaña Petro Presidente.

En agosto de 2023, la Gobernación del Atlántico aclaró que celebró dos convenios con la entidad y que el proceso se dio “en estricta sujeción a la ley, aplicando la normatividad respectiva y en cumplimiento de todos los principios que rigen la contratación administrativa”.

Aseguró que el objetivo era “aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de Centros de Vida Móviles para la atención a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial y promoción de estilos de vida autónomos y productivos”.

“Esta necesidad surgió en el Atlántico ante los efectos que tuvo la pandemia en la salud física y mental de los mayores de 65 años en varias poblaciones del departamento”, agregó el ente territorial, que además confirmó que el objeto de los convenios se ejecutaron a cabalidad.

Sin embargo, según documentó la Fiscalía en el primer expediente, hay mensajes de WhatsApp, archivos en formato PDF y otros registros que evidenciarían un presunto interés indebido en la contratación del departamento, con el fin de apropiarse de recursos públicos de manera irregular. 

Los beneficiarios serían algunos de los mencionados en la investigación por los dineros oscuros que recibió Petro a nombre de la campaña de su papá: Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega y Jorge Robayo.
El juez 74 de Control de Garantías pidió compulsar copias para que estos hechos sean investigados por separado, razón por la que la Fiscalía habría radicado la nueva imputación.

Habla la defensa de Nicolás Petro

El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, le dijo a El Tiempo que no ha sido notificado de la nueva imputación y que, “de ser verdad, sería parte de la persecución contra su defendido”.

“Ahora me pregunto, ¿al gobernador de la época también lo van a imputar? ¿Ya lo imputaron? ¿A los directores o secretarios de la Gobernación de esa época ya los imputaron? Estas preguntas las hago porque no entiendo cómo, si el delito es de contratación, no hay más responsables vinculados en la investigación”, cuestionó.

Así mismo, a través de su cuenta de X, el abogado criticó que la actual precandidata presidencial Vicky Dávila conociera sobre la imputación antes de que, según el formato que adjuntó, fuera oficialmente radicada.

“El sábado 6 de septiembre, en la mañana (a las 8:00 a.m.), la candidata anuncia en X la ‘nueva imputación’. A las 4:16 p.m., como por arte de magia, aparece nuevamente, desde su campaña política en X, la señora Victoria Eugenia y muestra un formato oficial fechado el mismo día, con hora de las 2:00 p.m. Ese documento la defensa de Nicolás no lo conoce, y todo indica que fue hecho bajo presión de campaña”, señaló Carranza. /EL TIEMPO