Las recientes acciones de la diáspora venezolana en defensa de los derechos humanos en cualquier país del mundo han despertado la solidaridad de instituciones, académicos y organizaciones gremiales.
Entre ellas debo destacar el seguimiento del Observatorio Mundial de la Diáspora Venezolana presidido por el profesor Tomás Páez, la Alianza Nacional del TPS-USA, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones de la ACLU del Norte y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y el Comité Cúmplela en Defensa de la Constitución de Venezuela.
La más reciente acción y que ha tenido mucha resonancia es la huelga de hambre de 4 venezolanos ante la sede de la CPI en La Haya, que traduce la determinación de apoyar la decidida lucha del pueblo venezolano frente a un régimen tiránico. Quienes migraron lo hicieron para obtener mejores condiciones de vida, pero al mismo tiempo para seguir luchando por la restitución de la democracia en el país.
Durante el siglo XXI el talante de la diáspora ha estado presente en más de 80 países mediante la organización de 1.500 asociaciones de migrantes que denuncian la cruenta realidad que vive nuestro país. A diario se difunden las acciones, tanto en el continente americano como en Europa, que desarrollan en defensa de la cuota migratoria más numerosa de todo el planeta, superior a los 9 millones según datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana, lo que resume la tragedia de un pueblo que lucha por reconquistar la democracia, un derecho consagrado en la Constitución.
Las jornadas han sido persistentes e incansables en procura de defender el estatus migratorio permanente, la solidaridad en la defensa de los derechos humanos violados por una cruel dictadura que desconoce la Constitución de Venezuela y los pactos internacionales, los cuales estipulan el derecho de los pueblos a vivir en democracia, respeto a la vida, la libertad de expresión y el trabajo digno.
El pasado domingo 31 de agosto iniciaron su protesta frente a la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras. Su propósito: exigir celeridad en el caso Venezuela I sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. A este grupo de activistas se unió Víctor Guerrero Alcántara el miércoles 3 de septiembre.
La huelga de hambre se origina porque la CPI abrió formalmente una investigación sobre Venezuela en noviembre de 2021, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2014. Sin embargo, a casi cuatro años del anuncio, no se ha emitido ninguna orden de arresto contra funcionarios representantes del gobierno, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del organismo.
Los promotores de la protesta han sido enfáticos al declarar el objetivo de su acción: “Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela. Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no se puede seguir esperando por la justicia. No pedimos compasión, pedimos justicia y el fin de la narcodictadura criminal de Nicolás Maduro”.
El impacto de estos valientes venezolanos en La Haya ha puesto en evidencia la burocracia ineficiente de la CPI, institución que viene recibiendo desde 2003 denuncias de violaciones de derechos humanos, entre ellas la de los 23.000 trabajadores petroleros, así también los despidos de funcionarios de la administración pública, aplicando los desmanes de la Lista de Tascón, entre tantas tropelías del chavismo gobernante, sin respuesta concreta hasta el presente.
En otro contexto, es importante destacar las iniciativas del éxodo venezolano, en su mayoría profesionales universitarios en Estados Unidos, cuyos representantes y aliados citados inicialmente han logrado mantener un estatus migratorio mediante la extensión del TPS a más de 600.000 venezolanos, a partir de la sentencia aprobatoria de la Corte de Apelaciones. El juez federal de California Edward Chen, con su decisión, legalizó la permanencia de este inmenso contingente humano hasta octubre de 2026.
En resumen, la diáspora venezolana y sus aliados continúan siendo un puntal decisivo para recuperar nuestros derechos democráticos, al conquistar las simpatías del mundo entero en nuestra lucha contra la tiranía gobernante.
