Un juez federal ordenó a la administración de Trump cumplir con su fallo que reinstauraba el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y exigió que se reabra el registro de TPS para Venezuela durante 24 horas.
La medida llega tras la negativa del gobierno a permitir el acceso a un sitio web para renovar las protecciones vigentes, lo que generó confusión entre los beneficiarios. Edward Chen, juez a cargo del caso, había dictaminado anteriormente que las acciones de la administración Trump, que dejaban sin ayuda a un millón de venezolanos y haitianos, eran ilegales.
De acuerdo con Univision, durante una audiencia de emergencia en San Francisco, el juez rechazó los argumentos del gobierno, que alegaba que la orden aún no estaba vigente.
“La orden fue efectiva inmediatamente”, subrayó Chen.
El sitio web que utilizan los titulares de TPS
indicaba que el programa para Venezuela estaba “terminado”. En un documento judicial, el gobierno aseguró que no tenía obligación de acatar el fallo del juez.
La ACLU denunció que la falta de cumplimiento ha generado caos no solo para los titulares de TPS, sino también para empleadores y el público en general. Citó el caso de Noelia, exempleada de Amazon que perdió su trabajo porque el sitio web del gobierno aún mostraba la terminación del TPS.
Los demandantes señalaron que la opción de registrarse en línea desapareció casi todo el día anterior al cierre del plazo, provocando pánico entre los afectados.
El juez Chen ordenó que la administración actualice el sitio web del USCIS antes del viernes a las 5:00 pm para reflejar la restauración del TPS para Venezuela y Haití. Además, exigió que se reabra el registro de TPS para venezolanos por 24 horas.
A continuación el texto íntegro del juez:
“Los demandantes solicitan al Tribunal que otorgue una reparación con respecto a (1) un sitio web gubernamental administrado por USCIS, del cual dependen, por ejemplo, los gobiernos estatales y locales, y los empleadores, y (2) un portal de registro en línea del gobierno utilizado por extranjeros para registrarse como beneficiarios del TPS. El Tribunal concede la solicitud de reparación de los demandantes. El gobierno deberá modificar el sitio web para que refleje con precisión que la prórroga de Mayorkas sigue vigente. La modificación deberá publicarse en el sitio web a más tardar a las 5:00 pm. Si un tribunal superior dictamina lo contrario, dicha decisión prevalecerá sobre esta orden.
En cuanto al portal de registro en línea, los demandantes han proporcionado evidencia de que hay venezolanos que intentaron registrarse a través del portal el 10 de septiembre de 2025, el último día de registro bajo la extensión de Mayorkas, pero que el portal no les permitió hacerlo. El gobierno declaró que hubo un problema técnico con el portal durante aproximadamente 12 horas... Dado que el gobierno admite que los extranjeros no pudieron registrarse por causas ajenas a su voluntad... el Tribunal considera procedente la reparación solicitada por los demandantes. El gobierno deberá reabrir el plazo de registro para los venezolanos durante al menos veinticuatro (24) horas y, además, deberá notificar a los abogados de los demandantes con al menos cuatro (4) horas de antelación. Deberá hacerlo dentro de los dos días hábiles siguientes. Se considerará que los venezolanos que se registren durante este período se registraron dentro del plazo establecido por la prórroga de Mayorkas”.
El caso National TPS Alliance vs. Noem
La demanda, presentada el 9 de julio de 2025, impugna los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar el programa de TPS, que ofrece protección humanitaria a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países.
Las terminaciones ilegales de TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua, impulsadas por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, habrían afectado a más de 60.000 titulares de TPS, la mayoría con más de 25 años de estatus legal en Estados Unidos, según la National TPS Alliance.
Esta acción habría provocado la pérdida de la autorización de trabajo y de la protección contra deportación y detención, causando daños irreparables a los titulares de TPS, sus familias, comunidades y economías locales.
La demanda sostiene que la secretaria del DHS, Kristi Noem, predeterminó la terminación del TPS para estos países y buscó después justificaciones que respaldaran su decisión. Además, argumenta que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo al no cumplir con los procesos necesarios para revisar las designaciones de TPS.
El litigio también cuestiona que estas terminaciones hayan sido motivadas por animosidad racial, lo que, incluso como factor parcial, constituiría violación de la garantía de igualdad de protección bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Con información de nota de prensa.
