Las paradojas del TPS para venezolanos en EE UU por Froilán Barrios
La diáspora venezolana en Estados Unidos sufre momentos de incertidumbre en los últimos días ante la decisión del viernes 3 de octubre de 2025 de la Corte Suprema de Justicia de suspender el beneficio del TPS (Temporary Protected Status), cuya traducción en español es Estatus de Protección Temporal, medida que desde 1990 ha permitido a migrantes de países con condiciones inseguras residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
El impacto de esta decisión es significativo al registrar los 2 grupos diferentes asociaciones de migrantes, como Veppex o la Alianza Nacional del TPS una población en el exilio de aproximadamente 1.100.000 venezolanos, de los cuales 600.000 estaban amparados en su permanencia en el país norteamericano con este beneficio migratorio, distribuidos en dos grupos, el primero referido al grupo que ingresó antes del 8 de marzo de 2021 y un segundo grupo al que ingresó antes del 31 de julio de 2023.
Como bien sabemos, el Estatus de Protección Temporal es una provisión humanitaria que permite a las personas de ciertos países permanecer en Estados Unidos porque sus países de origen no son seguros para su regreso debido a desastres naturales o conflictos, así también esta medida humanitaria no proviene de una orden ejecutiva presidencial, sino como parte del cuerpo legislativo migratorio del país.
La permanencia de esta política de carácter temporal refleja la falta de definición de un estatus integral que aborde la situación de aproximadamente 20 millones de solicitantes que aspiran a una permanencia legal en Estados Unidos, que abarca a solicitantes de asilo, ingresos por parole humanitario, a los integrantes del programa Soñadores o Dreamers agrupados en el DACA, los beneficiarios del TPS donde los venezolanos son el grupo más voluminoso.
En lo que respecta a nuestros connacionales tepesianos en Estados Unidos sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, esta se desarrolla en medio del agravamiento de la situación económica, política y social que haya vivido nuestro país en toda nuestra historia republicana, lo cual ratifica la vulnerabilidad de cualquier ciudadano venezolano de retornar a un país en ruinas y gobernado por una dictadura.
Al observar las Naciones Unidas a través de su Comisión de Derechos Humanos la política del terror y de persecución que mantiene en cárceles a más de 800 presos políticos; en materia económica, la caída de 75% del PIB y la extensión de la pobreza general a 80% de la población, la destrucción del salario y el poder adquisitivo con remuneraciones de un salario mínimo menor a 1 $ mensual y bonificaciones miseria sin ninguna incidencia salarial. Entre tantos etcéteras que han determinado el éxodo de más de 10 millones de personas a nivel planetario.
Por tanto, resulta difícil y doloroso digerir el debate lamentable que presenciamos en las redes sociales, donde se argumenta que defender al TPS para los venezolanos en Estados Unidos es apoyar directamente al gobierno de Nicolás Maduro, al pretender supuestamente su permanencia en el poder, como justificación de este beneficio humanitario.
Hemos visto cómo se ha agredido a comunicadores, académicos que han mostrado su solidaridad con la comunidad venezolana en Estados Unidos, quienes han asumido el exilio como una vía para recuperar la condición de vida digna, para verse hoy señalados y descalificados por sus propios connacionales, quienes desconocen las tribulaciones de decenas de miles que han sido injustamente deportados e injustamente acusados de pertenecer a bandas delictivas como el Tren de Aragua, cuando en realidad una gran mayoría de venezolanos son profesionales universitarios.
Felizmente en otras latitudes citamos algunos ejemplos, como ha sido el caso de Colombia, donde los 3 millones de venezolanos pueden acceder a beneficios migratorios como el Permiso por Protección Temporal (PPT), que permite la regularización y el acceso a servicios de salud, educación y empleo; también el de Perú, donde 2 millones de connacionales pueden beneficiarse de vías de regularización como el Permiso Temporal de Permanencia (CPP) para trabajar y vivir legalmente, y la posibilidad de solicitar un carnet de extranjería o la residencia permanente tras un tiempo de residencia legal; o el caso de España, donde pueden beneficiarse de la validez de pasaportes caducados para trámites de extranjería, la facilidad para acceder a permisos de trabajo y arraigo para personas cualificadas, ayudas económicas para vulnerables como la Renta Mínima de Inserción (RMI), apoyo social de emergencia, y la posibilidad de obtener permisos de residencia por razones humanitarias.
En definitiva, ante la tragedia que vive el país, tanto para los venezolanos que permanecen dentro del territorio nacional como los de la diáspora, se requiere la más amplia solidaridad y de procura de unidad nacional, en lugar de alimentar divisiones entre una población agobiada, cuya tradición no era la emigración, pero que por circunstancias hoy registra la diáspora más alta del mundo.
