El artículo 35 de la Constitución no permite eliminar la nacionalidad por vía judicial

En medio de las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y Venezuela por el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe, el gobierno de Nicolás Maduro encendió las alarmas de sectores que integran la oposición tras plantear la posibilidad de revocar la nacionalidad a quienes soliciten la intervención extranjera.

El pasado miércoles 22 de octubre, el mandatario instó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a una “consideración constitucional” para arrebatarle la nacionalidad a toda persona que se sume con su discurso a “un ejército extranjero imperialista para invadir al país”, haciendo énfasis, inicialmente en Leopoldo López, quien se encuentra exiliado en España.

Aunque, analistas aseguraron que el poner en escena a López sin ser una figura respetada por la población buscaba apartar a María Corina Machado de la arena opositora, como su principal figura representativa, varios constitucionalistas salieron al paso contra esa pretensión.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, informó que la acción legal se fundamentaría “en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”.

A esa misma petición se unió el Ministerio de Interior de Justicia, que a través de un comunicado manifestó su solicitud ante el máximo tribunal para que se le retire la nacionalidad al dirigente opositor Yon Goicoechea, luego de que difundiera un vídeo en el que llama a solicitar la ayuda de fuerzas extranjeras para realizar una intervención militar en Venezuela.

Si alguien decide pedir invasión, está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano. “Y el Estado venezolano se reserva las acciones que deba ejercer”, afirmó el ministro Diosdado Cabello.

¿Qué dicen las leyes?

El artículo 130 de la Constitución de Venezuela establece que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”.

Aunque la Carta Magna no establece "castigos" para quien no cumpla con este deber, su incumplimiento es sancionado en la Ley Simón Bolívar, que en su artículo 8 plantea que "toda persona que promueva, invoque, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población, por parte de un Estado extranjero o grupo de Estados, será sancionada con prisión de 25 a 30 años".

Sin embargo, el artículo 35 de la Constitución es claro y establece que los venezolanos o venezolanas por nacimiento, “no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”, lo que deja en evidencia que la única manera de perderla es por renuncia expresa del ciudadano ante el registro civil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de La Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, vigente en Venezuela desde el 1 de julio de 2004.

En todo caso, la forma en la que un venezolano por nacimiento podría perder la nacionalidad sería renunciando a ella. El artículo 36 de la Constitución señala que se puede renunciar a la nacionalidad y, además, precisa cómo puede recuperarse.

La nacionalidad venezolana “no se pierde al adquirir otra nacionalidad, salvo que se renuncie a ella expresamente ante la autoridad competente para tal fin”, expone el artículo 6 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

Eliminación jurídica

La magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del TSJ, señaló durante una entrevista con el periodista Cesar Miguel Rondón, que la medida de revocar la nacionalidad busca crear un limbo jurídico que tiene como finalidad es desaparecer legal y jurídicamente a las personas.

Mármol de León asegura que despojar a una persona de su nacionalidad trae consigo una serie de consecuencias inmediatas que la deja sin la protección del gobierno de ningún país, lo que, a su juicio, conlleva una incidencia inmediata de identidad. Al no poseer una nacionalidad, explica, las personas afectadas no pueden optar a un pasaporte, situación que asegura crea una serie de dificultades al momento de movilizarse a cualquier sitio.

Esta medida llevaría a eliminar de esa manera la existencia jurídica de estos dirigentes que residen en el extranjero. “Es una eliminación no física, porque si no tienes un gobierno que te proteja, un país al cual pertenecer y una identificación, no existes", menciona.

La magistrada recuerda que la nacionalidad está consagrada en la declaración universal de los DD. HH, por lo que destaca que no se puede despojar de este derecho a ninguna persona a través de la vía judicial.

Un derecho inderogable

Por su parte, Laura Dib, directora del programa para Venezuela de Wola, expresa que la privación de la nacionalidad es "una práctica común del autoritarismo". Señala el caso de Nicaragua, donde aseguró que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 más de 450 personas nicaragüenses fueron despajadas de su nacionalidad, lo que, a su juicio, representa una alerta muy importante dentro de la región.

“Sí, la persona no tiene otra nacionalidad, queda en una situación de apátrida que es considerado como una forma de vulnerabilidad mayor a las que puede estar expuesta una persona", aclara en conversación con la periodista Iradia Chirinos en el programa "La Tarde", transmitido por TNT 24.

Dib menciona que la nacionalidad es un derecho inderogable que establece un mínimo marco de protección y, además, representa una condición para la garantía de otros derechos. Asimismo, detalla que a través de la nacionalidad se desprenden otros derechos como lo es el derecho a la identidad.

La directora del programa para Venezuela de Wola menciona que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar de una nacionalidad a una persona, por lo que, aclara, el recurso que se introdujo en el TSJ carece de base legal. “La Ley Simón Bolívar es una ley que, por diseño, busca perseguir la disidencia, pero no establece por ningún lado la facultad de retirar la nacionalidad. Ese basamento jurídico tampoco existe", agrega.

Un asunto “improponible”

En la misma línea, el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray resalta que la solicitud realizada por el gobierno para revocar la nacionalidad es un "asunto improponible". Sostiene que la nacionalidad por nacimiento es irrevocable y destaca que no exista ninguna vía legal para privar a una persona de ese derecho.

“No hay forma alguna de que se pueda revocar, a si lo dice el artículo 35 de la constitución. La única que podría ser revocable es la nacionalidad de naturalización y requiere una orden judicial", advierte.

Mundaray detalla que de alguna manera se han tomado medidas para restringir la nacionalidad en el país. El abogado asevera que uno de los atributos de la nacionalidad es el reconocimiento de la personalidad jurídica, lo que, asegura, va de la mano con algún documento que identifique el lugar de nacimiento de una persona. Sin embargo, señala que muchas personas no tienen acceso a un pasaporte, situación que representa un incumplimiento de los derechos estipulados en la constitución.

“Cuando observas la cantidad de venezolanos que no tienen pasaportes por razones de persecución política, cuando no puedes sacar una cédula o no tienes una partida de nacimiento, te percatas que por la vía de los hechos se ha venido incumpliendo la constitución de manera abierta y han ido convirtiendo el control de la documentación de identidad como un mecanismo de persecución", sentencia durante una entrevista realizada en el programa en "La Mira". /VF