Mérida, Junio Sábado 06, 2026, 06:11 pm
La cumbre climática de 2025 o COP 30, conocida como la “COP del Bosque”, reunirá a más de 50 mil delegados en la puerta de entrada al mayor bioma tropical del planeta. La región busca reparar su liderazgo en un momento marcado por tensiones geopolíticas, desigualdad climática y la urgencia de cumplir objetivos globales que aún parecen lejanos.
La ciudad de Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña, ocupa el lugar central de la conversación climática global durante la COP30. Con 1,4 millones de habitantes y una historia profundamente vinculada al territorio amazónico, la ciudad se prepara para recibir a alrededor de 50.000 participantes provenientes de 197 gobiernos, organismos internacionales, empresas, organizaciones sociales, universidades y delegaciones indígenas.
El gobierno de Brasil decidió nombrarla capital simbólica durante los días que dure la conferencia, lo que señala una decisión política de situar la selva como eje de la agenda internacional.
La COP30 corresponde a la trigésima edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se desarrollará del 10 al 21 de noviembre de 2025 y marcará un punto de inflexión para América Latina. Después de tres cumbres celebradas en países estrechamente asociados a la producción y comercialización de petróleo, como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiján, la ciudad de Belém introduce un giro temático y simbólico: colocar la selva en el centro de la discusión sobre transición ecológica, finanzas climáticas y justicia ambiental.
La elección de esta sede también reabre una conversación pendiente en la región. América Latina intentó organizar la COP25 en 2019, pero la renuncia de Brasil a recibir la cumbre y posteriormente el estallido social en Chile terminaron trasladando el encuentro a Madrid. Aquella situación reflejó la dificultad de articular una voz común y estable en materia climática.
Sin embargo, la región concentra realidades que la colocan en un lugar crítico: emite alrededor del 11% de los gases de efecto invernadero, pero sufre la mayor proporción de eventos climáticos extremos registrados en los últimos años. El desbalance entre responsabilidad y vulnerabilidad resume el desafío político de fondo: mayor capacidad de decisión para quienes soportan impactos más severos.
Aunque la conferencia formal de la COP30 inicia el lunes 10 de noviembre, hoy ya comenzaron actividades vinculadas: un llamado de Brasil para reunir a líderes mundiales, mesas redondas sobre economía de la transición, combustibles sostenibles, planes nacionales de clima, etc. La razón de arrancar antes es múltiple:
En otras palabras: hoy se abre el “summit de líderes” o cumbre paralela al evento principal, donde la diplomacia de alto nivel se moviliza antes de las sesiones formales.
Con el comienzo de las negociaciones formales el lunes 10, se espera lo siguiente:
La COP30 abre la puerta a un debate que podría marcar una nueva etapa en el derecho ambiental internacional: el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos.
Esta perspectiva, inspirada en precedentes legales como el reconocimiento del río Atrato en Colombia, propone que la protección del bosque deje de depender del voluntarismo de gobiernos y acuerdos bilaterales y pase a ser una obligación respaldada por normas claras, mecanismos de control y sanciones en caso de incumplimiento.
La Amazonía cumple una función ecológica insustituible. Sus bosques absorben aproximadamente el 15% del dióxido de carbono emitido en el planeta y regulan patrones climáticos de alcance continental. Sin embargo, su continuidad se encuentra comprometida por procesos de deforestación, incendios, expansión agropecuaria, minería ilegal y la presión permanente sobre los territorios habitados por pueblos originarios.
Estos pueblos, históricamente invisibilizados o excluidos de las negociaciones estatales, son reconocidos como protectores esenciales del bosque. Por eso, garantizar su participación plena y la consulta previa, libre e informada, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, aparece como un principio ético y jurídico ineludible.
Entre las propuestas que se debatirán se encuentra el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), un mecanismo financiero que busca garantizar ingresos estables para países forestales incluso cuando la deforestación llegue a cero.
Este fondo, con un objetivo estimado de 125.000 millones de dólares, representa un cambio conceptual: el bosque no se financiaría por su destrucción, sino por su conservación sostenida, verificable y transparente. La idea intenta superar el modelo de incentivos inestables que caracterizó décadas de cooperación internacional.
Al mismo tiempo, la COP30 coincide con un período clave del Acuerdo de París. Cada cinco años, los países presentan sus nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que expresan los compromisos de reducción de emisiones y adaptación climática.
Con los planes actuales, el mundo se dirige a un calentamiento global de entre 2,1°C y 2,6°C. Esta nueva ronda —denominada NDC 3.0— es considerada por muchos científicos como la última oportunidad para sostener la meta de 1,5°C.
América Latina deberá priorizar la justicia climática en una región donde la desigualdad social se traslada al acceso al agua, la energía, la salud y la resiliencia territorial frente a tormentas, inundaciones y sequías extremas. /Agencias