Asia y el resurgimiento de la política industrial por Sadcidi Zerpa de Hurtado

En pospandemia la política industrial ha evidenciado un notable resurgimiento a escala global, especialmente en Asia, donde los gobiernos han intensificado el uso de subsidios masivos para impulsar sectores estratégicos, particularmente aquellos vinculados a tecnologías limpias y de alta complejidad. Este giro responde a múltiples motivaciones que van desde la necesidad de revitalizar economías estancadas hasta la aspiración de liderar las transiciones energética y tecnológica. A pesar de esto, son más que evidentes los riesgos sistémicos que trae el uso de esta política económica, en particular, el peligro de una competencia de subsidios que exacerbaría las desigualdades entre economías avanzadas y emergentes, estas últimas con menor capacidad fiscal para sostener dichos esfuerzos sin comprometer su estabilidad macroeconómica.

Los instrumentos de política pública utilizados son diversos, incluyendo el uso de participación accionaria estatal, aranceles selectivos y subsidios directos. A diferencia de los aranceles, que restringen directamente el comercio, los subsidios actúan distorsionando los precios relativos y alterando incentivos de producción a nivel global. En contextos donde los bienes subvencionados poseen claras externalidades positivas, como los paneles solares o las baterías para almacenamiento de energía, su uso puede aproximarse a un óptimo social, especialmente si se combina con comercio abierto que permita a países con menos recursos beneficiarse de tecnologías más baratas desarrolladas en economías abiertas. Sin embargo, el problema surge cuando la política industrial se extiende más allá de estos ámbitos hacia sectores sin justificación ambiental o social clara, como semiconductores o vehículos eléctricos, donde la viabilidad económica depende de manera exclusiva del apoyo estatal.

Así, la priorización por la política industrial genera dilemas significativos para las economías emergentes de Asia. Tal como ocurrió décadas atrás con la obsesión por desarrollar una industria automotriz nacional, en la actualidad se repite el patrón con sectores aún más exigentes en términos de inversión, conocimiento y escalas mínimas eficientes. La presión política para no quedarse atrás impulsa a gobiernos con bases fiscales limitadas a comprometer recursos escasos en iniciativas de alto riesgo, con escasa probabilidad de generar retornos autosostenibles. En este escenario, la competencia descoordinada por atraer inversiones mediante subsidios puede degenerar en un juego de suma cero donde los beneficios sectoriales se ven anulados por ineficiencias agregadas, sobrecapacidad y fragmentación de cadenas de producción.

En un escenario como este, la Organización Mundial del Comercio (OMC) tenía un papel preponderante que asumir para mitigar los efectos negativos del uso excesivo de subsidios, promoviendo transparencia y equidad en las reglas de juego entre países desarrollados y en desarrollo. Pero ante la debilidad institucional que hoy evidencia la OMC, es fundamental la promoción de mecanismos alternativos de coordinación regional o plurilateral donde se acuerden espacios para la notificación de subsidios vinculados al clima, establecer excepciones limitadas para inversiones verdes y desarrollar marcos comunes de referencia para evaluar programas de I+D.

En este entorno, los países de Asia-Pacífico disponen tanto de los foros —APEC, ASEAN+3, entre otros—, como del peso económico necesario para avanzar en una agenda de gobernanza que atienda la demanda de los países en desarrollo que solicitan salvaguardas contra prácticas que erosionen la competitividad basada en reglas, y responda a las economías avanzadas que expresan preocupación por la sobrecapacidad generada por subsidios masivos en economías emergentes, especialmente en China. De esta manera, solo la acción concertada podrá prevenir una escalada destructiva de subsidios y fortalecer la confianza en un orden económico abierto y basado en normas. En última instancia, como los países asiáticos están demostrando, el desafío no es rechazar la política industrial, sino rediseñarla con criterios de transparencia, sostenibilidad fiscal y responsabilidad compartida, para evitar que se convierta en fuente de fragmentación económica y rivalidad geopolítica.

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