Sntp pide libertad para estudiante de Comunicación Social condenado a 15 años de prisión por quejas en VenApp
Los hechos que motivaron la persecución judicial surgieron de reportes que el joven realizó a través de la plataforma oficial VenApp y en sus redes sociales (Instagram y Facebook).
Juan Francisco Alvarado es uno de los cinco trabajadores de la prensa que permanecen privados de libertad en Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció la condena a 15 años de prisión contra Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social de 31 años, quien permanece detenido desde marzo de 2025 por publicar denuncias sobre fallas en servicios públicos en su comunidad de Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes.
La sentencia, dictada el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de Cojedes, lo declaró culpable del delito de incitación al odio (artículo 20 de la Ley contra el Odio). Alvarado cumple la pena en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa.
Los hechos que motivaron la persecución judicial surgieron de reportes que el joven realizó a través de la plataforma oficial VenApp y en sus redes sociales (Instagram y Facebook). Denunció el desbordamiento constante de aguas negras en su sector, situación que le impedía utilizar el baño de su vivienda y lo obligaba a desplazarse a la casa de su abuela para asearse y atender necesidades básicas.
El Sntp explica que Alvarado es paciente crónico y requiere cuidados permanentes que se complicaban por estas condiciones. Además, reportó la avería de transformadores eléctricos que derramaban aceite y no recibían reparación pese a múltiples avisos.
Familiares indicaron que los recursos para las obras se asignaron, pero nunca se ejecutaron. Según sus allegados, las consultas desde VenApp recibían respuestas negativas de Alvarado sobre el avance de las reparaciones, lo que habría desencadenado la represalia.
La defensa y los familiares califican la condena como una represalia política vinculada al exalcalde chavista Uliber Quintero, por las denuncias públicas sobre la falta de ejecución de las obras. La denuncia sobre las cloacas permanece registrada en Aguas Cojedes, pero las autoridades se niegan a entregar el informe correspondiente.
Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025 en el punto de control La Cascada, sobre la autopista José Antonio Páez (municipio Agua Blanca, Portuguesa), cuando regresaba en transporte público desde el estado Lara. Funcionarios de la Guardia Nacional verificaron sus datos y ejecutaron una orden de aprehensión emitida el 9 de enero de 2025 por la Fiscalía Décima del Ministerio Público de Cojedes (MP-3487-2025).
El proceso presentó irregularidades desde el inicio: la audiencia de presentación se realizó de forma telemática el 26 de marzo de 2025, y las audiencias posteriores —incluido el juicio— ocurrieron vía telefónica o virtual por supuestos problemas de conectividad.
La defensa interpuso un recurso de apelación el 25 de noviembre de 2025, en el que alegó violación al principio de inmediación y ausencia de pruebas suficientes para demostrar el delito.
El Ministerio Público basó la acusación en capturas de publicaciones en redes sociales, interpretadas como llamados a rebelión civil, y en testimonios de un funcionario de la DAET de la Policía Nacional Bolivariana y un supuesto experto que no verificó técnicamente los hechos.
Uno de los testigos presentados (miembro del Comité de la Juventud del PSUV de Apartadero) nunca compareció al tribunal pese a la citación. El SNTP sitúa el caso de Alvarado dentro de un patrón de criminalización de la libertad de expresión y la protesta que se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En ese contexto, el “patrullaje cibernético” derivó en múltiples detenciones arbitrarias por monitoreo de redes sociales.
Actualmente, Alvarado es uno de los cinco trabajadores de la prensa que permanecen privados de libertad en Venezuela, según el SNTP. Entre el 8 y el 15 de enero de 2026, 19 periodistas y comunicadores recuperaron la libertad bajo medidas cautelares, en medio de presión internacional.
El sindicato exige la liberación inmediata y plena de Alvarado, junto a los demás comunicadores detenidos, y rechaza la utilización de la legislación penal para silenciar denuncias legítimas sobre deficiencias en servicios básicos.
