Restituir la autonomía universitaria por José Antonio Rivas Leone

Inicio esta columna para hacer una necesaria pausa en virtud de la situación de calamidad y de emergencia humanitaria compleja que viven nuestras casas de estudio a nivel nacional. No se trata de promover una polémica inoficiosa e intrascendente, más así asumir con responsabilidad la necesidad de discutir, debatir, analizar y siempre reiterar el largo catálogo de maltratos que las Universidades Autónomas en Venezuela han sufrido a lo largo de estos años, y ello implica poner los puntos sobres las íes, es decir, aclarar y dilucidar la realidad del funcionamiento de nuestras Alma Mater y la situación degradante al que ha sido sometido el sector universitario.

Segundo, no olvidemos que las universidades no solo tenemos el deber sagrado y propósito de formar el talento humano que requieren nuestras sociedades, además y transcendental formamos ciudadanos que cultiven el pensamiento crítico y no súbditos o acólitos a ningún gobierno o parcialidad política de ninguna especie, sin desconocer su inclinación político-ideológica, que es harina de otro costal.  

Tercero, si algo ha sido una constante en el proceder del gobierno y de esta llamada “revolución” ha sido la asfixia, el cerco financiero, el menoscabo y afectación del principio y jerarquía de la autonomía universitaria, aspecto que comprende no solo la inviolabilidad del recinto universitario, sino además todo lo atinente al funcionamiento de la institución en términos de docencia, investigación y extensión. Es decir, a las actividades propias y naturales que cumplen las universidades y universitarios en un ambiente de libertad, pluralidad, tolerancia y especialmente contando con los recursos financieros para, precisamente, llevar a cabo esas tareas medulares que en cualquier país del mundo se llevan a cabo con normalidad y que tienen que ver contar con los recursos financieros y técnicos para dotar a las bibliotecas, laboratorios, infraestructura, reposición de cargos y condiciones dignas de quienes pertenecen al sector universitario.

Cuarto, asfixiar o establecer un cerco presupuestario a nuestras casas de estudio constituye una flagrante violación a una institución y quienes laboramos en ella, insisto de poder acometer y cumplir con excelencia las funciones y obligaciones que tenemos en relación a unas demandas y exigencias de nuestras sociedades. Nadie puede desconocer y arrebatarle el papel y sitial que nos hemos ganado en buena lid por parte de las principales casas de estudio, entre ellas la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo, la Universidad Centro Occidental Lisando Alvarado, entre otras, todas responsables de haber logrado de Venezuela ser una sociedad de profesionales, de progreso y desarrollo en todos los órdenes.

Sexto, la afectación, como señalamos, no solo radica en la asfixia presupuestaria, sino que los daños se multiplican cuando unilateralmente el gobierno emite en el 2009 el decreto 6649 que considera todo suntuario, posteriormente un instructivo Onapre y rematan la desmejora al incluir a las Universidades dentro del Sistema Patria, violando las competencias y autonomía financiera de las universidades públicas. 

Séptimo, establecer unilateralmente una política de bonos no salariales ha sido otra manera de menoscabar, desconociendo desde las Normas de Homologación del Sector Universitarios establecidas en el gobierno del presidente Herrera Campins, sino, además, violentando también las cláusulas de la IV Convención Colectiva Única y la afectación radical por el propio sistema patria al conculcar los descuentos y aportes a las federaciones, fondos de pensiones, programas de hospitalización, cirugía y maternidad, cajas de ahorros, a lo cual se le suma todo lo referido a los aumentos de salarios, que en el caso del sector universitario quedaron anclados en marzo de 2022. Con esto se sometió a la gran familia universitaria a una situación inhumana y degradante de hambre y miseria al tener unos salarios en bolívares pulverizados con el incremento del dólar durante estos años, aspecto este último que ha sido denunciado por parte de las universidades autónomas a través de sus autoridades, consejos universitarios, gremios y particulares a través de oficios, remitidos, protestas y demás. 

Octavo, a propósito de esta flagrante violación es que el doctor Juan Carlos Apitz como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, junto a otros decanos de Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades autónomas y el propio secretario de la Universidad de Carabobo doctor Pablo Aure el pasado lunes 2 de febrero de 2026, y anteriormente a través de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y otros gremios y asociaciones, se han introducido diversos recursos. En esta reciente oportunidad, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se está demandando la inconstitucionalidad de la omisión del Poder Ejecutivo Nacional en términos de los aumentos de salarios no decretados y ajustados en estos últimos años.

Noveno, registramos momentos muy complejos que demandan sensatez, responsabilidad y sensibilidad de los actores y partes en una diversidad de situaciones, algunas que exigen respuestas puntuales y perentorias por su gravedad y complejidad. Insisto, se trata de evaluar, ponderar y sobre todo apostar no a diatribas, sino a soluciones no solo del sector universitario, sino del resto de los sectores públicos que por acción u omisión han sido desmejorados en estos años.  

Décimo, las universidades, los universitarios, la iglesia, el empresariado, los comerciantes, las diversas instancias de gobierno debemos ir más allá de las diferencias naturales que puedan existir, apostar en la búsqueda de ciertos consensos en términos del bienestar de toda la sociedad venezolana. No se trata de mejorar a un sector y desmejorar a otro, se trata de hacer justicia y comenzar a reorganizar cuáles son los parámetros que se tienen en función de unos requerimientos. Demandas de sueldos y salarios, prestaciones, pasivos, aportes federativos, HCM y otras exigencias y deudas más, que permitan la recuperación gradual del tejido social, del poder adquisitivo, de la calidad de vida y a la vez un compromiso nacional en la procura de lograr un mejor país, una sociedad más justa, una economía más productiva, un manejo adecuado de los recursos públicos con un impacto directo en la salud, la educación superior, la seguridad, los servicios públicos, la propia administración pública y finalmente de “todos” los venezolanos.