El Nacional y los venezolanos esperan la devolución de su sede por Daniel García

El país se sacude en medio de grandes escándalos de corrupción en todos los niveles e instancias del ejercicio del poder.

Noticias van y noticias vienen mientras los venezolanos solo les queda esperar a que el desarrollo de los acontecimientos comiencen a surtir efectos en la economía familiar.

El margen de maniobra de la sociedad venezolana está encasillado en la esperanza que emana de los hechos trascendentales e inimaginables que hemos visto y que continúan sucediendo.

La palabra reivindicación se escucha en cada rincón del país donde el clamor popular va directamente a exigir  justicia.

El estado venezolano utilizando las instituciones y los poderes públicos ha cometido verdaderas atrocidades que enumerarlas todas se hace difícil pero que están presentes en miles de familias venezolanas y extranjeras  que han sido afectadas moral y económicamente.

Indudablemente un caso emblemático es el caso del Diario El Nacional el cual  a través de un juicio político viciado despojo de su sede principal a sus propietarios entre los que destaca su editor y presidente Miguel Enrique Otero quien con grandes esfuerzos sin sede física para su medio de comunicación y víctima de la persecución a mantenido de forma digital la publicación diaria de la información relevante que se genera en el país y el mundo.

Recordemos que Cabello demandó a El Nacional en 2015 por supuesta difamación luego de que el medio replicara, al igual que otros, un reportaje del diario español ABC en el que se le vinculó con el narcotráfico.

La judicialización como arma de coacción a la libertad de expresión y control social  ha sido aplicada sin misericordia y a discrecionalidad de las cúpulas del poder, lo que hace imposible dirimir objetivamente cualquier controversia y fue hace algunos   años que se ejecutó una medida judicial de carácter prácticamente irrevocable de embargo y remate que condujo a resarcir el daño moral demandado por el Capitán Diosdado Cabello quien quedó satisfecho por la decisión judicial que reivindicaba su nombre.

Este y otros casos están emergiendo a la palestra pública ante la nueva realidad del país y el futuro transformador  que se  avecina. Prueba de esto es la Ley de Amnistía que prevé elementos de recomposición del entramado jurídico y político que afectó, dividió, degrado, controlo y sometió al pueblo venezolano.

Empresarios de toda índole, agricultores, ganaderos, constructores, profesionales y técnicos de todas las ramas, forman parte de esa gran lista de afectados por haber sido expropiados e invadidos sin ser resarcidos por el estado o simplemente los que fueron contratados  y nunca les fueron cancelados las obras ejecutadas o servicios prestados.

Los trabajadores despedidos, jubilados, muchos  anticipadamente, que les fueron confiscadas sus prestaciones sociales sin derecho a la protesta o defensa de sus derechos laborales.

El daño ocasionado es de grandes proporciones situación que debe ser evaluada y cuantificada por expertos en la administración pública en cada dependencia ministerial o de instituciones del estado para generar un plan de resarcimiento económico progresivo a los afectados.

Considero imperativo e impostergable que en estos tiempos de cambio profundo deben refundarse y adecuarse  las estructuras gremiales y sindicales para que contribuyan a esta tarea titánica de defensa de los derechos laborales y la reivindicación de quienes les fue violentado el derecho al trabajo y todos sus beneficios.

El país está en modo de reclamo permanente y sostenido. Esta realidad debe ser encausada con equilibrio, responsabilidad y máximo profesionalismo para alcanzar el nivel óptimo de satisfacción en cuanto a respuestas efectivas se refiere a un pueblo que fue limitado en sus aspiraciones, pensamientos y deseos de progresar.

Las expectativas que hoy se fijan en nuestro país tienen un fundamento válido, cuantificable y sustentable en lo económico, que debe ir obligatoriamente acompañado de la educación y construcción de una sociedad nueva que tome como referencia en su actuación y crecimiento los valores religiosos (para mi Católicos), éticos, morales y democráticos   para comenzar a formar ciudadanía que se conecte y participe con criterio en  los diferentes niveles del poder.

Según los expertos en los próximos 60 días saldrán a la luz pública situaciones que seguirán contribuyendo para encauzar el país por el rumbo que los venezolanos  se merecen y ansiosamente esperan.

Las 3 etapas planteadas de manera conjunta entre las autoridades interinas y el tutelaje planteado por el gobierno norteamericano  involucrado en este conflicto aún por dilucidar son las siguientes:

Estabilización: Se enfoca en la "cuarentena" de recursos, incluyendo el control de la venta de 30 a 50 millones de barriles de petróleo inmovilizado, garantizando que los fondos beneficien a la población y no a la corrupción.

Recuperación: Busca la apertura del mercado venezolano a empresas estadounidenses y occidentales, la reconciliación nacional, amnistía a opositores y la reconstrucción de la sociedad civil.

Transición: Etapa final para consolidar un cambio político ordenado y democrático.

Como podemos observar las tres parecieran mezclarse ante las exigencias e incertidumbre general. Inevitablemente aunque estén clasificadas en tres periodos no quiere decir que elementos de una etapa se desarrollen paralelamente en otra.

Las definiciones darán sus resultados de acuerdo a la correcta aplicación de una estrategia que seguro está bien concebida y que solo le falta para su éxito total y sin traumas la inclusión de la sociedad civil en sus diferentes expresiones, por la simple razón que no puede allanarse el camino si se considera que esto es un problema a resolver por un nuevo interinato y el gobierno americano como esta dibujado en el mapa por ambos actores iniciales pero que no suficientes.

Hay una realidad que es inocultable. Hubo un proceso electoral donde quedó claro quien ganó las elecciones presidenciales y la situación que hoy vive quien las desconoció apoyándose en los poderes públicos.

Edmundo González Urrutia es un factor imposible de excluir, a mi entender. Por ser un hombre ponderado y equilibrado se ha mantenido atento, con acertada prudencia al margen del momento dejando a  María Corina Machado como interlocutora y garante de la voluntad popular. Ambos representan la expresión de un pueblo oprimido pero rebelde que exige participación y corresponsabilidad en las decisiones trascendentales del país.

Nada es perfecto pero si perfectible. Los venezolanos están atentos y debatiendo los diferentes temas de interés nacional además de plantear soluciones en los medios alternativos y esperan que se cree con urgencia y sin excusas  un canal de conexión directa con quienes lideran esta era llena de conflictos e intereses encontrados, ambos circunstanciales por tiempos aún indeterminados.

Este reclamo lo asumo y  lo hago en nombre de la sociedad civil debido a que los debates y decisiones en estos momentos  los realiza la asamblea nacional  la cual no representa a la mayoría de los venezolanos y los oficialistas que la dirigen junto a dirigentes cuestionados de la oposición construida por quienes van de salida no tienen legitimidad y lo más importante, no tienen el mandato ni la confianza del pueblo venezolano. Cierro estas expresiones conscientes de que; “Quien gana la guerra pone las condiciones”. Ojala sean las correctas y la rectificación se haga norma elemental de la transformación prometida.