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Mercaderes de la Libertad: Cuando el "Preso Político" se vuelve una mercancía por David Jiménez Pérez

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David Jiménez Pérez


En medio del debate nacional sobre la Ley de Amnistía, impulsada por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez como un gesto de "clemencia soberana" para sanar las heridas políticas del país, ha resurgido un fenómeno tan lucrativo como cuestionable: la industria de las ONG de derechos humanos. Lo que para el Estado es un paso hacia la reconciliación, para estas organizaciones se ha convertido en una oportunidad de oro para "facturar" a costa del sufrimiento ajeno y de donaciones del extranjero.

La narrativa oficial ha sido clara y contundente. En reiteradas oportunidades, la presidenta Delcy Rodríguez ha denunciado cómo estas organizaciones han convertido la defensa legal en un esquema de recaudación de fondos. No es un secreto que muchas de estas ONG operan gracias a jugosas subvenciones de potencias extranjeras que buscan desestabilizar la institucionalidad venezolana. Para estas entidades, *a mayor número de "presos políticos" reportados, mayor es el flujo de divisas que reciben.*

Esta dependencia financiera crea un incentivo perverso: la necesidad de mantener inflada la cifra de detenidos. Al anunciar repentinamente "miles" de casos nuevos que no habían sido detectados en años, estas ONG no están haciendo justicia, sino marketing. Buscan justificar ante sus financistas internacionales la necesidad de más recursos, proyectando una imagen de crisis perpetua que solo beneficia a sus cuentas bancarias.

El punto más crítico de esta denuncia radica en la manipulación de los listados para la Amnistía. Según fuentes gubernamentales, existe una estrategia deliberada por parte de estas organizaciones para "politizar" delitos comunes. Al intentar colar en las listas de beneficios a personas procesadas por narcotráfico, Robos, hurtos, homicidios o corrupción, las ONG buscan dos objetivos:

1.Incrementar su "inventario" de casos para cobrar honorarios o "cuotas de éxito" a los familiares.

2.Desvirtuar el espíritu de la ley, buscando impunidad para criminales bajo el disfraz de la persecución política.

"Hay quienes han hecho de la justicia un mercado", ha señalado la Dra. Delcy Rodríguez, advirtiendo que la Ley de Amnistía excluye taxativamente a responsables de violaciones de derechos humanos y delitos atroces.

Mientras el Gobierno avanza en la liberación verificada de ciudadanos para desescalar el conflicto, las ONG parecen interesadas en lo contrario. Su modelo de negocio es la confrontación. Si el país se pacifica y los casos se resuelven, el negocio se acaba. Por ello, la insistencia en inflar cifras y denunciar "re-capturas" sin pruebas sólidas responde más a una necesidad de supervivencia financiera que a una preocupación real por la libertad.

En conclusión, el país asiste a un momento histórico de perdón, pero también a una necesaria revelación: la de aquellas organizaciones que, bajo la máscara del altruismo, han construido un negocio redondo donde la moneda de cambio es la libertad y el beneficio siempre queda en manos de unos pocos directivos dentro y fuera de Venezuela.

(La Pedregosa - Febrero 2026)




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