Justicia, Encuentro y Perdón expuso el colapso de tribunales en Caracas ante solicitudes de amnistías

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reportó dificultades para la recepción de peticiones particulares en los tribunales con competencia en terrorismo

La implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática generó una saturación operativa en el sistema judicial venezolano. Algunas organizaciones no gubernamentales reportaron que, durante la jornada del 23 de febrero, el Palacio de Justicia en Caracas enfrentó una paralización de actividades en los tribunales con competencia en terrorismo, lo que impidió la consignación de solicitudes de libertad por parte de defensas privadas y familiares de presos políticos.

Martha Tineo Rodríguez, coordinadora de la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), explicó en entrevista para El Diario que la situación de colapso derivó en el cierre de despachos, probablemente debido a la recepción de los procedimientos iniciados por la Fiscalía. 

“Ayer (23 de febrero) estuvo particularmente colapsado todo el Palacio de Justicia. No sé si esto en el transcurso de los días se irá regularizando, pero no se recibieron muchas de las peticiones particulares, sino que entiendo que las que se estarían tramitando primero son las que ha ido presentando el Ministerio Público”, detalló Tineo.

De acuerdo con el monitoreo de la ONG, hasta el 23 de febrero se lograron verificar 100 liberaciones a través de la ley de amnistía, pero el flujo de atención para las peticiones de carácter particular permanecía bloqueado.

Mientras que la ONG Foro Penal verificó el 24 de febrero un total de 109 liberaciones tras la aprobación del instrumento legal. 

Dificultades en tribunales de terrorismo

Para Tineo, el foco del conflicto se concentra en los tribunales especializados en casos de terrorismo en Caracas, ya que es allí donde se ventila la mayoría de los expedientes de detenidos por razones políticas. 

La coordinadora de la ONG agregó que, mientras en el interior del país se logró avanzar con la consignación de algunas solicitudes, en Caracas la afluencia masiva de abogados y parientes superó la capacidad de respuesta institucional.

“Entendemos que el trámite que se está dando ahorita es precisamente a las solicitudes de seguimiento presentadas por el Ministerio Público. Ayer no se recibieron muchas de las peticiones particulares”, precisó la coordinadora de JEP. 

“Todo el mundo vino para acá (Caracas) a hacer la presentación de las solicitudes y no dieron despacho. Repito, me imagino que es porque ya estaban trabajando con las solicitudes del Ministerio Público”, acotó.

Tineo considera que con el paso de los días se regularizará el servicio para garantizar que todas las solicitudes amparadas por la ley no solo sean recibidas, sino tramitadas con celeridad para lograr la liberación de todos los que están en el marco de aplicación de la ley.

Denuncias previas de la ONG

La organización JEP denunció el 23 de febrero que los tribunales enfrentaron por primera vez una presentación masiva de casos para evaluación bajo la nueva normativa, lo que derivó en un “colapso total”. 

De acuerdo con su reporte, la jornada estuvo marcada por “violencia institucional persistente” y una cultura de maltrato que afectó tanto a los beneficiarios de la medida como a sus defensores.

En su pronunciamiento, Justicia, Encuentro y Perdón subrayó que, tras años en los que se impidió la designación de abogados privados, durante esta fase del proceso fueron los propios familiares quienes debieron asumir gestiones y realizar largas filas en tribunales. 

Muchos de ellos, agregó la organización, se encontraban en condiciones de vulnerabilidad económica y emocional.

Asimismo, la ONG alertó además sobre posibles riesgos de discrecionalidad en la aplicación de la Ley de Amnistía y reiteró que cualquier norma de esta naturaleza debe centrarse en la protección de las víctimas y el respeto a su dignidad.

“No habrá una justicia real ni una libertad plena mientras el proceso siga viciado por la arbitrariedad, la falta de transparencia y un sistema que, en lugar de reparar, continúa operando desde el hostigamiento”, concluyó JEP.

Reacción del Foro Penal 

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, cuestionó la negativa de algunos tribunales de recibir solicitudes para la aplicación de la Ley de Amnistía y sostuvo que esa práctica contradice tanto el carácter de orden público de la norma como el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

A través de un hilo publicado en su cuenta de X, el abogado expuso una serie de consideraciones jurídicas sobre el alcance de la ley. Explicó que el artículo 4 de la Ley de Amnistía establece expresamente que sus disposiciones son de “orden público y de interés general”, lo que, mencionó, implica una obligación directa para todos los órganos del Poder Público.

“Cuando las normas expresamente se determinan como de ‘orden público y de interés general’ eso implica que todos los órganos del Poder Público están obligados a aplicarlas, incluso de oficio, sin siquiera la necesidad de una solicitud”, escribió.

Himiob agregó que el carácter de “interés general” revela que cualquier persona puede invocar su cumplimiento, sin necesidad de acreditar una cualidad especial. En ese sentido, afirmó que limitar su aplicación a determinados solicitantes vacía de contenido esa definición y restringe indebidamente su alcance.

“Decir que esas normas son de ‘interés general’ equivale a decir que a todos (no solo a algunos) nos interesa que se respeten”, señaló.

El abogado también citó el artículo 26 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva para “toda persona”. Recordó que ante los órganos de administración de justicia no solo pueden hacerse valer derechos propios, sino también intereses legítimos, como el de un familiar que actúa en defensa de un detenido.

En ese sentido, enfatizó que el acceso a la justicia no puede estar condicionado a “formalismos inútiles” y que ningún tribunal puede negarse a recibir escritos.

“Ningún tribunal puede negarse a recibir ningún escrito. Si el escrito consignado es extemporáneo, ineficaz o ha sido presentado de manera irregular, el tribunal aún así debe recibirlo y, en todo caso, pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre su inadmisibilidad”, concluyó.

Denuncia por exclusión de caso

A las denuncias de colapso operativo de los tribunales se suman los casos de alto perfil político que no se han tomado en cuenta para otorgar el beneficio de amnistía. 

En ese sentido, el abogado Zair Mundaray denunció a través de su cuenta de X que la defensa del capitán Juan Carlos Caguaripano formalizó la solicitud de sobreseimiento de su causa ante el Juzgado Tercero de Juicio del estado Carabobo, amparado en la ley de amnistía.

Mundaray enfatizó que, desde una perspectiva técnica, no existe ningún impedimento legal que justifique la exclusión del oficial de los beneficios de la ley, ya que el caso de Caguaripano se ajusta estrictamente a lo previsto en el artículo 8 de la normativa, el cual abarca hechos políticos ocurridos durante el año 2017. 

Asimismo, el abogado subrayó que el expediente no encaja en ninguno de los supuestos de exclusión señalados en el artículo 9 del mismo texto legal.

El abogado calificó este procedimiento como una “prueba de fuego” para el sistema judicial y para el discurso oficial de convivencia democrática. La resolución de este caso en particular es observada por organizaciones de derechos humanos.

Hasta el momento, ni las autoridades ni el tribunal en el estado Carabobo han emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud del capitán Caguaripano. 

Con información de El Diario