AN confirma renuncia del fiscal Tarek William Saab y el defensor del Pueblo Alfredo Ruiz Angulo

La información fue confirmada durante la sesión ordinaria de la AN este miércoles 25 de febrero

La Asamblea Nacional (AN) informó que recibió la renuncia del fiscal general de la República Tarek William Saab y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, a través de dos cartas enviadas a ese Poder Legislativo.

La información fue confirmada durante la sesión ordinaria de la AN este miércoles 25 de febrero.

Jorge Rodríguez, presidente de la AN, notificó que nombrarán funcionarios encargados y posteriormente designarán dos comités de postulaciones para el nombramiento de los nuevos titulares.

En su carta de renuncia el defensor del pueblo explicó que su decisión se debe a causas de «índole personal y de salud». Por su parte, Tarek William Saab solo se limitó a gradecer por la confianza y destacó el trabajo de su equipo al frente del Ministerio Público. No explicó las razones de su renuncia.

Nueve años como fiscal

Tarek William Saab fue designado fiscal general de la República el 5 de agosto de 2017 por la entonces asamblea nacional constituyente (ANC), tras la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz. En noviembre de 2023, la Asamblea Nacional electa en 2020 lo ratificó para un nuevo periodo al frente del Ministerio Público.

Durante su gestión, su administración fue cuestionada por organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han señalado presunta falta de independencia del Ministerio Público y limitada rendición de cuentas en casos de graves violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad del Estado.

Por su parte, Alfredo Ruiz Angulo fue designado defensor del Pueblo también el 5 de agosto de 2017 por la asamblea nacional constituyente y ratificado en noviembre de 2023 por la Asamblea Nacional.

Su gestión también recibió críticas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que cuestionaron la actuación del organismo ante denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas y operativos de seguridad. Estos señalamientos apuntaban, principalmente, a una supuesta falta de pronunciamientos firmes y autónomos frente a casos que involucran a cuerpos estatales.

Con información de El Diario