La primera semana de la Ley de Amnistía en cifras

La promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero, generó anuncios oficiales sobre la liberación de detenidos. Hasta ahora, 27 de febrero, oficialmente no hay listados con nombres y apellidos de las personas beneficiadas, una opacidad presente en parte importante de este proceso.

Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, que monitorean de cerca los casos de presos políticos, y otras organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostienen en sus reportes que desde que se aprobó la Ley de Amnistía poco más de 100 personas han salido en libertad.

Desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el 8 de enero sobre las excarcelaciones masivas, al menos, 545 personas han salido de cautiverio hasta este 24 de febrero, según cifras de las organizaciones de derechos humanos.

Desglosado datos oficiales

Desde el Palacio de Miraflores, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez presentó la amnistía como un gesto para sanar heridas y promover la «convivencia democrática». 

Según declaraciones del diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside una comisión parlamentaria que se encarga de supervisar la implementación de la ley, hasta este 27 de febrero ya registra 8.110  solicitudes. 

De acuerdo con el balance oficial, la aplicación de esta normativa permitió otorgar 4.757 libertades plenas hasta la fecha. Estas cifras incluyen a 223 personas que se encontraban privadas de libertad y a otras 4.534 que mantenían medidas cautelares, según Arreaza.

La gestión de los casos se centraliza a través del correo electrónico oficial Leyamnistia.AN2026@gmail.com, mecanismo habilitado tras la promulgación de la ley. Para ampliar el impacto de la medida, el Ejecutivo solicitó a la Comisión Especial para la Revolución Judicial y al Parlamento evaluar expedientes que no figuraban en el texto original.

La administración interina defiende esta iniciativa como un paso necesario para superar conflictos políticos previos. Durante el acto de firma en el Palacio de Miraflores, Rodríguez instó a los organismos competentes a acelerar la revisión de expedientes adicionales con el fin de «curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y para reencauzar la justicia». 

No se abarcan todos los periodos

El gobierno aprobó la  Ley  y sostuvo que esta cubre hechos específicos ocurridos entre 1999 y 2026, sin embargo, organizaciones señalaron que no abarca realmente el periodo que establece la legislación. 

la ONG Foro Penal advirtió que esta cobertura es ilusoria, ya que la selección arbitraria de eventos deja fuera 15 años de persecución continua. 

Al sumar los meses específicos protegidos, la ley realmente solo cubre menos de 20 meses de los 28 años prometidos, una omisión que la organización califica de irregularidad tras rechazarse el uso de cláusulas que incluyeran otros supuestos.

Excluidos

En contraste con las cifras que presenta la Comisión, Foro Penal cuestionó la magnitud real del impacto. Alfredo Romero señaló que solo se han verificado 109 libertades plena bajo la amnistía hasta el 24 de febrero, un número que incluye un seguimiento detallado con familias y abogados.

La ONG reporta que, desde el inicio de excarcelaciones en enero –anunciadas como gesto previo a la ley–, se han confirmado 545  liberaciones en total, pero muchas de estas corresponden a casos con medidas condicionales previas no a excarcelaciones directas de cárceles.

Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos quedan excluidos de la amnistía, ya que la ley se limita a 13 «hechos» específicos y deja fuera categorías como militares acusados de traición o detenidos en protestas recientes no contempladas. 

La organización mantiene un registro de más de 568 detenidos por razones políticas, 52 de ellos extranjeros, aún en cárceles, y más de 11.000 personas con medidas restrictivas de libertad, según su balance del pasado 25 de febrero.

Sin publicación de listas

 El gobierno no ha publicado listas oficiales de beneficiarios de la Ley de Amnistía ni de las excarcelaciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, situación que impide una verificación cruzada independiente. 

Foro Penal y otras organizaciones que se han encargado de contabilizar las liberaciones, deben recurrir a reportes de terreno para confirmar casos, mientras que el acceso a expedientes judiciales y a los propios detenidos en cárceles como El Rodeo I ha sido denegado en muchos casos. /EC