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Unshelm Báez insistió en que la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está pagando y bajo qué condiciones, para garantizar decisiones responsables en torno a esta delicada situación socioambiental que afecta a la región

Debate ambiental en Mérida

Fundamisredes cuestiona existencia de rellenos sanitarios en el estado

** Carlos Unshelm Báez, vocero de Fundamisredes, advirtió que el cobro por el “Relleno Sanitario Lomas del Calvario” genera dudas sobre si en realidad se trata de un relleno sanitario o de un vertedero a cielo abierto



Debate ambiental en Mérida

Fundamisredes cuestiona existencia de rellenos sanitarios en el estado

El presidente de Fundamisredes (Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos), Carlos Unshelm Báez, se pronunció sobre el polémico cobro del denominado “Relleno Sanitario Lomas del Calvario”, ubicado en el municipio Sucre del estado Mérida, tema que ha generado intensos debates en medios de comunicación y redes sociales bajo consignas como “No al pago del relleno sanitario”.

Unshelm Báez planteó la interrogante central: ¿Existen realmente los rellenos sanitarios en Mérida? Explicó que un relleno sanitario es un método ingenieril para la disposición final de los desechos sólidos, que implica procesos de compactación, cobertura diaria, control de gases, lixiviados y aguas, además de obras de reforestación y saneamiento ambiental durante su vida útil y en las fases de cierre y post-clausura.

“Lo primero que debemos determinar es si lo que se cobra corresponde a un verdadero relleno sanitario o a un vertedero a cielo abierto. Solo con esa claridad técnica podremos interpretar las leyes y exigir responsabilidades a los poderes públicos”, afirmó.

Recordó que la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) establece que la disposición final debe realizarse de forma sanitaria y ambientalmente segura. Asimismo, citó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 178 y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2006) en su artículo 56, como marcos legales que definen competencias en esta materia.

Unshelm Báez insistió en que la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está pagando y bajo qué condiciones, para garantizar decisiones responsables en torno a esta delicada situación socioambiental que afecta a la región. /RFD