La Venezuela Heróica de Blanco y el Pragmatismo
como el "Estado 51" por Giovanny Marquina
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En 1881, Eduardo Blanco publicó "Venezuela Heroica", no como un simple libro de historia, sino como el acta de nacimiento espiritual de nuestra nación. En sus páginas, la pluma de Blanco transformó el barro y la sangre de Carabobo, San Mateo y Las Queseras del Medio en una epopeya homérica. Para Blanco, el venezolano era un ser predestinado a la libertad, un jinete incansable que, bajo el mando de Bolívar y Páez, rompió las cadenas de un imperio para fundar una República soberana y solitaria en su gloria.
Esa narrativa romántica nos alimentó por más de un siglo. Nos hizo creer en una excepcionalidad que, lamentablemente, fue destruida durante los últimos 27 años por un modelo que convirtió la "gesta heroica" en una retórica de hambre, oscuridad y exilio, la épica de Blanco choca de frente con una realidad devastadora, la soberanía de papel no alimenta a un pueblo en agonía.
En esta insertidumbre de poder y del futuro del pais, surge la propuesta más audaz de nuestra era contemporánea, como la visión del Donald Trump sobre la integración de Venezuela como el Estado 51 de la Unión Americana.
A primera vista, para el lector de Blanco, esto parecería el fin de la República. Pero si analizamos el contexto desde la Realpolitik, estamos ante la posibilidad de un nuevo "Destino Manifiesto". Trump no plantea una conquista militar al estilo del siglo XIX, sino una adhesión política y económica que detenga el descalabro de un Estado fallido. La propuesta de tomar a Venezuela por la "vía política" es, en esencia, una oferta de rescate institucional.
El planteamiento de una adhesión territorial y política de esta magnitud no es solo un fenómeno geopolítico, sino un desafío sin precedentes para el Derecho Constitucional comparado.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de (1999) establece límites severos a la alteración de la forma del Estado, lo que obligaría a una refundación jurídica total. En su (Art. 1) declara la integridad territorial como un derecho irrenunciable. Por su parte, el (Art. 5) dictamina que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, esto significa que ni el Presidente ni la Asamblea Nacional tienen la facultad de ceder la cualidad de Estado nación por decreto, el (Art. 13) es taxativo al prohibir la enajenación del territorio nacional.
Para superar este precepto, la doctrina jurídica indica que no basta con una enmienda o reforma, se requiere invocar el Poder Constituyente Original (Art. 347).
Se necesitaría convocar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución que extinga la personalidad jurídica de la República de Venezuela y autorice su transformación en un ente federado a una potencia extranjera.
Este proceso culminaría obligatoriamente en un Referéndum Aprobatorio, donde el pueblo, en ejercicio de su poder supremo, consienta la integración.
Ahora bien, desde la perspectiva de los EE. UU., el procedimiento está regido por la Cláusula de Nuevos Estados, facultando por el Congreso, en el (Art. IV, Sección 3), La Constitución de los EE. UU. otorga al Congreso la autoridad exclusiva para admitir nuevos miembros a la Unión. No existe un "derecho automático" a la estatalidad, es un acto político discrecional del Legislativo estadounidense. Al ser Venezuela una nación extranjera y no un territorio organizado previo, el proceso iniciaría con una Petición de Estatalidad.
El Congreso podría entonces aprobar una "Ley Habilitante", que autorice a los venezolanos a redactar una Constitución Estatal que sea compatible con los principios republicanos de EE. UU. La nueva Constitución de "Venezuela State" debería garantizar la forma de gobierno republicana, renunciando a reclamos sobre tierras que el Gobierno Federal decida retener.
Protección total de los Derechos Civiles conforme a la Carta de Derechos de EE. UU. Bajo el (Art. IV, Sección 2) de la Constitución estadounidense, los ciudadanos de cada estado tienen derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos en los demás estados.
En el momento de la admisión, los venezolanos adquirirían la Ciudadanía de los Estados Unidos automáticamente. Esto otorgaría el derecho constitucional a residir, trabajar y, fundamentalmente, votar en cualquier lugar de la Unión, así como tener representación propia de Senadores y Representantes en el Congreso federal.
Uno de los mayores obstáculos es la colisión de tradiciones jurídicas, como la herencia napoleónica. Venezuela se rige por el Código Civil, heredero del sistema Romano-Francés, mientras que EE. UU. opera bajo el Derecho Común (Common Law).
La integración exigiría reescribir desde cero los códigos de Comercio y Propiedad para hacerlos compatibles con las leyes federales.Venezuela tendría que aceptar la Supremacía de la Corte Suprema de los EE. UU. en materias constitucionales y someterse a la Cláusula de Plena Fe y Crédito, que obliga a reconocer y ejecutar las sentencias judiciales dictadas por cualquier otro estado de la Unión. Por poner un ejemplo; una sentencia de una corte de Florida tendría plena validez en Mérida.
El debate que plantea Trump no es sobre banderas, es sobre bienestar. Si la República que soñó Blanco fue asaltada por la corrupción y la ineficiencia, el pueblo tiene el derecho natural de buscar una nueva alternativa soberana además, donde la libertad sea real y el progreso sea el pan de cada día.
Eduardo Blanco escribía sobre la libertad frente a la corona española. Hoy, la libertad que necesitamos es frente a la miseria, la hiperinflación y el control social.
Si la República que soñó Eduardo Blanco fue asaltada por la corrupción y la ineficiencia, el pueblo venezolano hoy posee el derecho natural y constitucional de elegir su propia salvación. Ya sea votando por un nuevo Presidente que logre el "rescate de la nación", o votando por una integración federal que nos fusione definitivamente con el progreso, la meta es una sola, recuperar la libertad de escoger un destino donde el bienestar deje de ser un capítulo olvidado de nuestra historia.
El debate está servido, y la última palabra no la tienen los caudillos ni las elites, sino el soberano a través de nuestra propia constitucion, que defina nuestro destino para el próximo siglo.
Mérida, 29 de marzo de 2026
