Luis E. Millán Lárez, se fundamentó en artículos de la Constitución y en leyes de transparencia

Alcalde y Concejo Municipal de LIbertador niegan acceso a información pública en Mérida

La gestión municipal del Libertador enfrenta serios cuestionamientos por la negativa de sus autoridades a entregar información pública de carácter obligatorio. El alcalde Nelson Álvarez se negó a suministrar las copias certificadas de las actas de sesiones —ordinarias y extraordinarias— del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) correspondientes a los años 2024 y 2025, incluyendo anexos y soportes de asistencia. La solicitud, presentada formalmente por el ciudadano Luis Eduardo Millán Lárez, se fundamentó en artículos de la Constitución y en leyes de transparencia que garantizan el derecho ciudadano al acceso a la información.

De manera paralela, el presidente del Concejo Municipal, Diego Romero, rechazó la entrega de los ejemplares de la Gaceta Oficial Municipal que contienen los decretos emanados por el propio alcalde, mediante los cuales se realizaron modificaciones presupuestarias bajo la modalidad de créditos adicionales, financiados con excedentes de recaudación o superávit del ejercicio económico 2025.

Ambas negativas representan un incumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en leyes como la de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, la Ley de Infogobierno y la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. El ocultamiento de estos documentos impide el ejercicio de la contraloría social y vulnera derechos fundamentales de petición y participación política.

La situación ha generado preocupación entre vecinos y organizaciones sociales, quienes advierten que la falta de transparencia en el manejo de los recursos municipales y en la planificación del desarrollo local profundiza la desconfianza hacia las instituciones. Para los denunciantes, la negativa de las autoridades constituye un retroceso en la construcción de una gestión pública abierta y participativa, y evidencia la resistencia de los órganos municipales a rendir cuentas sobre decisiones que afectan directamente a la comunidad. /Prensa Luis Milán L.