¿Por qué jueces y fiscales jamás denuncian un soborno? por Crisanto Gregorio León

La fenomenología del silencio del soborno... Lo aquí expuesto es pura ficción , pura creación literaria, referido a nadie y a todos.

"Me llamó por teléfono el juez Taylor y me dijo: 'Sobórname, Al, que aún no me has llegado al precio'." —Alfonso Capone (conocido como Al Capone)

No hay un solo registro veraz donde un órgano de prueba o un funcionario, cualquiera que sea, haya denunciado que se le ha querido sobornar; nadie, ninguno, ha dicho en ningún momento: fíjese que me están proponiendo corrupción. Esta anomalía estadística es la prueba de un fallo en la matrix y de que el sistema funciona como una red de vasos comunicantes de la corrupción. Por una ley de equilibrio sistémico, el fluido ilícito circula libremente entre los diversos niveles del operador de justicia, igualando el nivel de impunidad en todas las instancias. El policía, el perito, el fiscal y el juez están conectados; el soborno que entra por un vaso se distribuye equitativamente por todo el sistema, impidiendo que cualquiera de ellos se atreva a "poner los ganchos", pues denunciar a otro sería, en esencia, denunciar su propio conducto.

Si quisiéramos comprender la arquitectura de esta impunidad, tendríamos que recurrir a la medicina: el sistema judicial opera con la lógica de un himen complaciente. En esta patología fisiológica, la membrana posee tal elasticidad que permite la penetración sin que se produzca desgarro ni hemorragia; el cuerpo se adapta, se estira y, al terminar el acto, vuelve a su posición original, sin dejar huella alguna del ultraje. 

Así ocurre en la praxis judicial: el funcionario es penetrado por el dinero sucio de la corrupción, pero es el sistema el que se deja violar en sus principios; no hay resistencia, no hay defensa, pues si el sistema formara un escándalo, no se dejaría violar. Por el contrario, cuando están a punto de descubrir esta corrupción, cohecho, extorsión o soborno, el sistema actúa como la mujer de Putifar: grita una supuesta y falsa violación para que se crea que es impenetrable, limpio y puro. Pero es el caso que la transacción siempre ocurre, se consume y se disfruta; ningún funcionario denuncia: "¡ah, es que me han corrompido!". Producto de esa corrupción tengo un apartamento, una casa, un mejor vehículo. ¿O acaso no han visto mi camioneta nueva? ¿O acaso no se dan cuenta de cómo ando vestido, con ropa nueva, con traje nuevo, que tengo smartphone de última generación? Todo esto no lo compro con mi salario; todo esto es gracias al soborno, entonces, por favor: sobornenme, pero lléguenme al precio.

Es aquí donde emerge el secreto a voces, el monólogo interno que cada funcionario corrupto sostiene frente al espejo cuando se despoja de la toga. Es la confesión que jamás pronunciarán ante una cámara, pero que gritan con cada acto procesal:

"Corrómpame, propóngame, deme el sobre; no se ande con rodeos, llégueme al precio, soborneme sin miedo que yo estoy aquí para eso. No me venga con formalismos ni lecciones de ética; yo me dejo corromper, yo me dejo comprar, porque mi firma tiene un valor de mercado que usted debe reconocer. Si usted no me ofrece, usted me está insultando; si usted no me trae la cantidad, usted no me está respetando. Yo vivo de esto, yo aspiro a esto, y esta judicatura no es más que el espacio donde mi avaricia encuentra su legitimación". Este es el lenguaje real, la verdad cruda que mueve los hilos de la justicia tras bambalinas.

La perversión se agudiza cuando el funcionario, tras haber dejado las rendijas expuestas durante el proceso para facilitar la oferta económica, no recibe el soborno esperado. En esos casos, el juez y el fiscal actúan mediante una venganza o represalia procesal deliberada: condenan al acusado sin importar su inocencia, empleando crueldad y sevicia como castigo por no haber sido sobornados.

 El proceso judicial se convierte entonces en un instrumento de castigo personal; la sentencia condenatoria no es producto de una valoración probatoria, sino el resultado del despecho del funcionario al que no le llegaron al precio. Es un ejercicio de poder donde la condena sirve para cobrar, a través del daño al inocente, la frustración por el lucro que no pudieron concretar.

Si esta inexistencia de la denuncia inversa fuera la huella dactilar de un sistema corrompido, los signos exteriores de riqueza que exhiben los funcionarios —tan insultantes frente a la precariedad de sus ingresos— confirmarían la hipótesis. Si ellos fueran honestos, denunciarían; pero como están abiertos a la extorsión, prefieren la ostentación que delata la venta de la justicia. El sistema no posee anticuerpos porque ha dejado de considerar el soborno como un cuerpo extraño. Sin embargo, aunque crean que no dejan huellas porque los vasos comunicantes ocultan el fluido, el largo brazo de la ley, paciente y certero, terminará por capturarlos. 

Por ello, el escándalo nunca surgirá de una denuncia interna, sino del estallido inevitable de una avaricia que, al volverse insostenible, terminará por esputar la realidad de un sistema que nunca habría sido más que una fachada.

Denuncia inversa

denuncia inversa

Evidencias

Caso Venezuela: La historia reciente, marcada por el proceso conocido como "revolución judicial", ha puesto al descubierto la fragilidad institucional frente a la corrupción. En el estado Zulia, investigaciones de alto impacto desmantelaron redes de extorsión desde la cúpula del poder judicial regional. Se procedió a la detención, destitución y encarcelamiento de jueces rectores, jueces presidentes de circuitos judiciales, fiscales del Ministerio Público, secretarios y asistentes de tribunales. Fue especialmente notorio el procesamiento de funcionarios en tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, cuya función social fue pervertida para el lucro personal. Ninguno de estos actores denunció las dádivas; fue el escrutinio externo de esta "revolución" el que reveló que las sentencias poseían tarifas, transformando la magistratura en una oficina de negocios ilícitos.

Caso Brasil: El colosal caso "Lava Jato" desmanteló una red sistémica en las esferas más altas. Magistrados de cortes superiores, jueces federales y procuradores fueron expuestos no por honestidad, sino por ser los arquitectos de un esquema de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos. Su caída demostró que el soborno era el motor silencioso que permitía la perpetuación de un sistema de lucro a costa de la administración de justicia.

Caso Italia: El escándalo del "Manos Limpias" (Mani pulite) ilustra cómo el sistema judicial puede ser una estructura clientelar. La red de corrupción que involucraba a jueces de instrucción, magistrados de alto perfil y fiscales quedó al descubierto cuando la crisis sistémica probó que los sobornos eran la regla no escrita del ejercicio profesional. Estos magistrados actuaban como administradores de un negocio donde el cohecho era el estándar para alcanzar la influencia.

Caso España: En España, la realidad judicial tampoco ha sido ajena a estos fenómenos. Casos como el "Caso Cursach" o diversas tramas de corrupción vinculadas a magistrados y fiscales en las Audiencias Provinciales, han evidenciado cómo la estructura judicial puede ser infiltrada por intereses externos. Aunque España cuenta con mecanismos de control más robustos, han existido sentencias y procesos donde la imparcialidad fue comprometida por tramas de corrupción o abuso de poder, resultando en la inhabilitación y condena de magistrados que utilizaron su investidura para fines ajenos a la ley, demostrando que incluso en sistemas democráticos consolidados, la sombra de la venalidad exige una vigilancia constante.

Estos casos demuestran que, ante la inexistencia de la denuncia inversa, la verdad emerge inevitablemente a través de las investigaciones penales. No fueron ellos quienes expusieron el soborno para salvar la justicia; fueron las evidencias de su súbita y obscena riqueza, y el rastro de sus operaciones ilícitas, los que terminaron por exponerlos. En el Zulia y el resto de Venezuela, en Brasil, en Italia, como en España, la caída de estos funcionarios ratifica que, en el submundo de la judicatura, la única constante es que el silencio termina cuando la justicia —la verdadera— finalmente llega por ellos.

"¡Si no es contigo, que te resbale!:" El presente texto constituye un ejercicio de ficción jurídica y narrativa literaria, diseñado como una hipótesis de trabajo para exponer, mediante la hipérbole y el análisis doctrinario, situaciones que no son correctas y no deberían presentarse en la praxis judicial, con el fin de ilustrar los vicios procesales desde una perspectiva académica y docente. Ni la imagen que ilustra este artículo, ni la descripción de conductas, ni los arquetipos narrativos aquí expuestos se refieren a ningún funcionario público real, ni en ejercicio, ni en retiro, ni a persona natural o jurídica determinada. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Este escrito se ampara en el derecho fundamental de los intelectuales a la libre expresión, el pensamiento crítico, la investigación y la labor de contraloría social, principios protegidos por la UNESCO y por la jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la crítica de las instituciones. Por tanto, toda interpretación que pretenda identificar a sujetos reales en este análisis es ajena a la intención del autor; valga recordar el aforismo: "Excusatio non petita, accusatio manifesta" (El que se excusa sin habérselo pedido, declara que es culpable). En consecuencia, este artículo es una invitación a la reflexión sistémica y académica; si alguien siente que el zapato le queda, es una revelación que proviene exclusivamente de su propia conciencia, no del texto.

"El fiscal dejó todo el proceso expuesto y vulnerable , esperando que yo le pague su extorsión." —Alfonso Capone (conocido como Al Capone)

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario

crisantogregorioleon@gmail.com